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Ya pueden realizarse aportaciones a la futura ley regional que garantizará la renta básica

El anteproyecto de Ley de Garantía de Ingresos, cuya aprobación definitiva está prevista para final de año, ha salido a información pública

Reconocerá a las unidades familiares beneficiarias una renta garantizada por encima de los 600 euros mensuales

pobreza

Continúa el proceso administrativo de la futura Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha, que ya ha salido a información pública para que puedan realizarse todo tipo de aportaciones. Será la normativa de medidas integrales que asegurará una ‘renta mínima’ a las personas y familias en mayor grado de pobreza y vulnerabilidad social de la comunidad autónoma, dando cuerpo legislativo al  Plan de Garantías Ciudadanas que Podemos gestiona en el Ejecutivo a través de la consejera Inmaculada Herranz y que fue aprobado el pasado mes de octubre.

Esta futura ley, cuya aprobación definitiva tras su trámite parlamentario está prevista para final de año, se articula en torno a principios de igualdad social que persiguen el reconocimiento del Derecho a la Garantía de Ingresos, por un lado, y las Garantías Complementarias, por otro. Con ello, Castilla-La Mancha será la novena comunidad autónoma del país en establecer un sistema de ‘renta mínima’.

La Garantía de Ingresos reconocerá a las unidades familiares beneficiarias una Renta Garantizada por encima de los 600 euros mensuales, aplicándose incrementos de porcentaje de esta cantidad en función de los miembros que la compongan. El reconocimiento del derecho se hará en base a la capacidad económica del hogar, criterios objetivos de renta y número de miembros de la unidad de convivencia.  En líneas generales, sobre la población ‘objetivo’, prevé reconocer el derecho a ingresos garantizados a unos 25.000 hogares con menores y, que, en el conjunto de la ley, consiga alcanzar coberturas a más de 50.000 hogares en Castilla-La Mancha.

Con los derechos de garantías ciudadanas se pretende dar cobertura de apoyo económico y prestacional a las unidades de convivencia con menores de 18 años a su cargo, con personas dependientes y con personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 65%.

La consejera Inmaculada Herranz presenta el Plan de Garantías Ciudadanas

La consejera Inmaculada Herranz presenta el Plan de Garantías Ciudadanas

Además, hay otros sectores de la ciudadanía que son prioritarios en la futura aplicación de la ley. Por ello, de forma excepcional estarán incluidas unidades de convivencia independientes, cuando convivan en el mismo domicilio y alguno de ellos sea víctima de explotación sexual o trata, de violencia de género o intrafamiliar con hijos menores a cargo. Asimismo, se incluye a personas o unidades de convivencia que hayan sufrido un proceso de desahucio de su vivienda habitual y no tengan ninguna vivienda.

El núcleo central de la ley son los dos tramos que establece para determinar una renta garantizada. Un primer tramo para la concesión de ese importe se establece cuando la capacidad económica de quien lo solicita, y en su caso, de los demás integrantes de la unidad de convivencia de la que formen parte, sea inferior al 70% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para familias unipersonales, incrementándose en porcentajes progresivos por miembro adicional. Según la memoria económica adicional al borrador, en este escenario el ingreso mínimo garantizado mensual es de 600,99 euros con un miembro, y puede llegar hasta un máximo de 944 euros por el incremento de la familia hasta los seis miembros.

En el segundo tramo, se regula la renta mínima cuando la capacidad económica sea igual o superior al 65% del SMI. También en este caso se realiza el cálculo para familias unipersonales, incrementándose en un porcentaje por miembro adicional. Aquí la renta mínima sería de 558 euros mensuales con solo un miembro y el máximo es el mismo que en el anterior tramo: 944 euros hasta los seis miembros.  

Duración de la renta básica

En el anteproyecto se regula que la concesión de la prestación económica tendrá, con carácter general, una duración de doce meses, renovables por periodos de igual duración, mientras continúe la situación de necesidad que generó el derecho de acceso. Debe renovarse obligatoriamente mediante una resolución de prórroga, cada año, sin perjuicio de la obligación permanente de las personas destinatarias de notificar cualquier modificación.

Otro dato importante es que cuando la ley entre en vigor los perceptores que tienen reconocido el Ingreso Mínimo de Solidaridad (nombre de la ayuda castellano-manchega que ya existe para situaciones de extrema necesidad) pasarán a tener reconocida de forma automática la prestación de renta garantizada. Será básicamente un reconocimiento ‘de oficio’, porque estas personas y familias ya cumplen con los requisitos establecidos.

Junto a la ‘renta mínima’ se recoge igualmente otro bloque de medidas “complementarias” relacionadas con el empleo, la vivienda y el acompañamiento técnico para la población “objetivo” de la norma. En el borrador coordinado por la consejera Inmaculada Herranz se establecen las diferentes modalidades del denominado “derecho de garantías ciudadanas complementarias” para el acceso a los recursos públicos de educación, vivienda y acompañamiento técnico, que después figuran detallados.

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