La Agencia Valenciana Antifraude apuesta por hacer más eficiente el control del conflicto de intereses, en manos de Transparencia

Una amplia mayoría de los españoles cree que para triunfar en los negocios hace falta tener conexiones en la administración pública, según ha explicado el catedrático Manuel Villoria en la jornada de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) celebrada con motivo del Día Internacional contra la Corrupción. La directora de prevención de la Agencia Antifraude, Sílvia Vèrnia, se ha referido a las situaciones de conflicto de interés como la “antesala de la corrupción”.

“No es una situación mala de por sí, todo servidor público se va a encontrar con una situación de conflicto de interés alguna vez”, ha advertido Vèrnia. Villoria sostiene que es un “ámbito extraordinariamente complejo con multitud de variables”. “Lo importante es no minimizarlos e identificarlos”, ha dicho la responsable de Antifraude.

En la jornada, celebrada telemáticamente, ha sobrevolado el ejemplo de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares, homóloga de la agencia valenciana que dirige Joan Llinares, y que ostenta entre sus funciones el registro de declaraciones patrimoniales y de actividades, incluyendo también la administración local. La directora de prevención de Antifraude ha aludido al reciente convenio entre la oficina homóloga balear y el Ayuntamiento de Palma para establecer un único canal de presentación de las declaraciones de bienes.

Un informe publicado por la AVA sobre el conflicto de intereses en la administración pública destaca el papel de su homóloga balear en el control del conflicto de intereses, a diferencia de la Oficina de Control y Conflictos de Intereses de la Generalitat Valenciana, adscrita a la Conselleria de Transparencia.

El documento repasa los estudios y análisis de entidades internacionales que buscan “hacer más eficientes los mecanismos de gestión que están bajo su supervisión”. El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) recomienda en su informe de evaluación sobre España “reforzar el estatus, las competencias y los medios” de las oficinas que supervisan los conflictos de intereses y las puertas giratorias.

El informe de Antifraude, así como la exposición de su responsable de prevención durante el encuentro virtual, aluden a la “gestión atomizada” de los registros de actividades, bienes e intereses. “Cada administración o entidad pública, en su caso, dispone del correspondiente registro, como por ejemplo los ayuntamientos, por imperativo de la normativa en materia de régimen local”, señala el documento, que cita el plan de control y verificación de la Oficina de Control de Conflictos de Intereses de la Generalitat Valenciana cuyas inspecciones se realizan de forma aleatoria. La previsión es que lleva a cabo diez actuaciones anuales, que “deseamos se incremente conforme la oficina esté dotada de los recursos suficientes”, lamenta la Agencia Antifraude.