'Alertadores' del mundo, uníos
La guatemalteca Renata Ávila y el francés Jean-Philippe Fogle son abogados. La chilena Auska Ovando y el catalán residente en México Eduard Martín-Borregón son periodistas. Los cuatro jóvenes se dedican en sus respectivos países a crear tecnologías e infraestructuras seguras para que los 'whistleblowers' (alertadores) puedan hacer llegar sus denuncias a la prensa sin que acaben despedidos o bajo tierra. Ayer compartieron sus experiencias en la jornada sobre tecnologías para la protección de los alertadores organizada en Valencia por la Cátedra de Transparencia y Gestión de Datos de la Universitat Politècnica, la Fundación Internacional Baltasar Garzón y la ONG latinoamericana Ciudadanía Inteligente.
La abogada Renata Ávila ha representado a víctimas de las brutales violaciones de derechos humanos que sufrió su país y también para Wikileaks y su fundador Julian Assange. Ha visto cómo evoluciona un campo, el de los 'whistleblowers' que ni siquiera tiene una traducción consensuada en castellano: “Wikileaks tiene ya diez años y la tecnología para los 'alertadores' ha cambiado radicalmente, pero la represión no ha cambiado”, advierte. Para esta abogada, la Unión Europea “debería rechazar tecnología chatarra que está diseñada para espiar ciudadanos europeos”. “Los políticos, también amenazados por el espionaje y el control estatal, deberían impulsar nuevos estándares de privacidad. No sólo en materia de leyes, también en el diseño del hardware”, añade.
Ávila es colaboradora de este diario y forma parte del Consejo del Futuro Global que organiza el Foro Económico Mundial y del Comité Asesor del Consejo para la Sociedad de la Información de la OCDE. También forma parte del colectivo coordinador del movimiento Democracia en Europa 25 fundado por el ex ministro griego de finanzas Yanis Varoufakis. “Lamentablemente en Europa se amenaza a los 'alertadores' y en América Latina se les mata”, dice.
Auska Ovando, sentada a su lado durante una pausa de la jornada, lamenta la situación en Chile. “Siempre se dice que Chile es una democracia ejemplar en América Latina pero la verdad es que no existe una cultura de la denuncia de la corrupción ni tampoco un marco legal robusto”. “Nosotros facilitamos que los 'alertadores' vayan a medios de comunicación, porque no todos los casos pueden ir por la vía jurídica”, explica.
En algo parecido trabaja el periodista catalán afincado en México Eduard Martín-Borregón. Méxicoleaks, una plataforma independiente de denuncia ciudadana de la que forma parte, ofrece “herramientas para que el denunciante consiga hablar y luego continúe con su vida con normalidad”.
—Demasiadas veces —asegura el periodista catalán— asociamos al 'whistleblower' con un héroe. Edward Snowden es un héroe, Chelsea Manning es una heroína, Julian Assange es un héroe. Pero yo no quiero héroes, yo quiero ciudadanos que el día que vean una problemática que está afectando a la sociedad puedan decirlo y, sobretodo, seguir viviendo bien y no caer en el exilio, expulsados de sus trabajos o directamente muertos.
El trabajo de Méxicoleaks es sencillo y efectivo: “cuando llega una información, evaluamos si es verificable y de interés público; si es así, la empezamos a investigar, ya sea en solitario o en colaboración”. El éxito de la iniciativa mexicana ha llegado también a Chile. Así, Chileleaks permite “hacer menos opaca la relación entre dinero y política”, cuenta la periodista Auska Ovando.
Si bien la situación en numerosos países de América Latina es muy grave respecto a la protección de los denunciantes —Auska Ovando habla de “una situación de miedo generalizado y de falta de mecanismos de protección”—, el periodista Martín-Borregón señala una lección aprendida muy relevante: “tenemos detectado que cuantas más publicaciones hacemos, más gente se decide a hablar”.
El jurista francés Jean-Philippe Fogle no entiende demasiado castellano pero capta enseguida que sus colegas de América Latina están en su mismo negociado. Desde la 'House of the Whistleblowers' de París, creada por organizaciones como Greenpeace o Transparencia Internacional, ayudan a los lanzadores de alertas franceses a tener un interlocutor único y, lo más importante, quedar en el necesario terreno del anonimato. “Les damos consejos jurídicos, ayuda técnica y también psicológica porque suelen estar en una situación de estrés postraumático”, asegura. Además, también proponen talleres de formación a empresas privadas y administraciones públicas francesas para “crear una cultura de la alerta”. “Estamos satisfechos porque la gente nos contacta y ven que es seguro”, añade el joven jurista.
Los cuatro activistas coinciden en la necesidad de establecer infraestructuras y tecnologías seguras para los lanzadores de alertas, especialmente en casos de corrupción transnacional como el Lava Jato en Brasil y sus derivadas en otros países del caso Odebrecht. Cuando estos casos transnacionales —de una complejidad apabullante y con una cantidad de documentación descomunal— “ya estábamos en dinámicas de colaboración”, asegura Martín Borregón que, junto a sus compañeros de Méxicoleaks, publicó el contrato de Odebrecht en México. “Fue una investigación colaborativa y el hecho de estar trabajando de forma colectiva nos permitió llegar mucho más lejos de lo que llegaron el resto de medios”, explica.
