Anticorrupción pide 8 años de prisión y 20 de inhabilitación para el expresidente de la Diputación de Valencia por el 'caso Alquería'

El expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez durante un pleno.

El expresidente de la Diputación de Valencia y varios de sus colaboradores más cercanos están cada vez más cerca del banquillo en el caso Alquería. El juez ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Jorge Rodríguez y más de una decena de antiguos cargos del PSPV-PSOE y de Compromís en la institución provincial por la contratación de siete altos directivo en la empresa pública Divalterra. Anticorrupción les atribuye los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial.

La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de prisión para Rodríguez, actual alcalde de Ontinyent, y para su jefe de gabinete Ricard Gallego, el asesor Manuel Reguart, el exgerente José Ramon Tíller y la ex cogerente Agustina Brines. El Ministerio Fiscal también pide 20 años de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público, incluido el asesoramiento económico y jurídico durante seis años.

El fiscal sostiene que los antiguos cargos de la Diputación contrataron a siete altos directivos, miembros del PSPV-PSOE y de Compromís, a sabiendas de que incumplían los principios de publicidad, mérito, transparencia y capacidad. "La única motivación en su contratación es la adscripción o vinculación de los contratados a los dos partidos políticos que gobiernan en la Diputación", defiende Anticorrupción en su escrito de acusación.

Para lo siete directivos contratados, la Fiscalía solicita seis años de cárcel y 12 de inhabilitación como autores de un presunto delito de falsedad en documento oficial cometido por particular y cooperadores necesarios de la malversación. Jorge Cuerda, secretario y letrado asesor del Consejo de Administración de Divalterra, y Xavier Simó, ex cogerente, se enfrentan a una petición d pena por parte de la Fiscalía de seis años de prisión y 20 de inhabilitación por los presuntos delitos de falsedad en documento oficial cometido por funcionario, malversación y prevaricación.  

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23 de febrero de 2021 - 15:01 h

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