Anticorrupción pide 8 años de prisión y 20 de inhabilitación para el expresidente de la Diputación de Valencia por el 'caso Alquería'

El expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez durante un pleno.

Lucas Marco


0

El expresidente de la Diputación de Valencia y varios de sus colaboradores más cercanos están cada vez más cerca del banquillo en el caso Alquería. El juez ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Jorge Rodríguez y más de una decena de antiguos cargos del PSPV-PSOE y de Compromís en la institución provincial por la contratación de siete altos directivo en la empresa pública Divalterra. Anticorrupción les atribuye los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial.

La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de prisión para Rodríguez, actual alcalde de Ontinyent, y para su jefe de gabinete Ricard Gallego, el asesor Manuel Reguart, el exgerente José Ramon Tíller y la ex cogerente Agustina Brines. El Ministerio Fiscal también pide 20 años de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público, incluido el asesoramiento económico y jurídico durante seis años.

El fiscal sostiene que los antiguos cargos de la Diputación contrataron a siete altos directivos, miembros del PSPV-PSOE y de Compromís, a sabiendas de que incumplían los principios de publicidad, mérito, transparencia y capacidad. “La única motivación en su contratación es la adscripción o vinculación de los contratados a los dos partidos políticos que gobiernan en la Diputación”, defiende Anticorrupción en su escrito de acusación.

Para lo siete directivos contratados, la Fiscalía solicita seis años de cárcel y 12 de inhabilitación como autores de un presunto delito de falsedad en documento oficial cometido por particular y cooperadores necesarios de la malversación. Jorge Cuerda, secretario y letrado asesor del Consejo de Administración de Divalterra, y Xavier Simó, ex cogerente, se enfrentan a una petición d pena por parte de la Fiscalía de seis años de prisión y 20 de inhabilitación por los presuntos delitos de falsedad en documento oficial cometido por funcionario, malversación y prevaricación.  

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats