Una plataforma audiovisual para toda la ciudadanía.

No ha habido sorpresas de última hora y Empar Marco, la candidata propuesta por el Consejo Rector, será la directora general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), tras ser ratificada por las Corts Valencianes con los votos favorables del PSPV, Compromís y Podemos, la abstención de Ciudadanos y el voto contrario del PP. Con la comparecencia de Marco ante de la Comisión de Radiotelevisión Valenciana y Espacio Audiovisual, y la posterior votación, se ha puesto el punto final al proceso de selección de la persona que debe conducir los medios públicos de los valencianos en los próximos años. Un proceso público con virtudes innegables, que ha sido calificado de novedoso y extraordinario por los que lo impulsaron, pero que también ha dejado algunas víctimas entre sus protagonistas, con reiteradas filtraciones sobre los nombres de los candidatos que transformaron la discreción recomendable en este tipo de decisiones en un espectáculo excesivamente mediatizado.

A partir de ahora, la flamante directora general tiene ante sí el reto mayúsculo de construir unos medios públicos que sirvan al conjunto de la ciudadanía, con un presupuesto ajustado y en un escenario comunicativo muyo complejo y fragmentado. La expectación es máxima entre los diferentes agentes del sector audiovisual autóctono y no serán pocas las tensiones con las que deberá convivir, dada la furibunda reacción de la derecha política y mediática sobre su nombramiento y el conflicto laboral con los ex-trabajadores de la antigua RTVV aún por resolver. De su capacidad para diseñar una oferta de contenidos atractiva y diferenciada, que conecte con las necesidades y los intereses de la sociedad valenciana, y también para sobreponerse a las cuestiones más incómodas, dependerá, seguramente, su éxito.

Sin embargo, la comparecencia de Marco ante de la comisión de las Corts, que debía servir para evaluar su idoneidad para el cargo, basándose en su perfil y en la exposición inicial del proyecto presentado, demostró, por sí había alguna duda, que no lo tendrá fácil, precisamente. La sobreactuación del síndico del grupo parlamentario Popular, Jorge Bellver, y, en menor medida, del síndico de Ciudadanos, Antonio Subiela, trató de deslegitimarla como profesional y, al mismo tiempo, de cuestionar su independencia política por ser una trabajadora de TV3, la televisión pública catalana. Como si esta circunstancia la incapacitara para ejercer el cargo al que concurría. Numerosas cadenas españolas de televisión y de radio se han nutrido en los últimos años de profesionales formados en los medios públicos catalanes, desde Jordi Évole a Susanna Griso, pasando por Carles Francino o Àngels Barceló, y para las empresas donde trabajan no les ha supuesto en ningún caso un problema. Bien al contrario, estos profesionales tienen una dilatada experiencia y hacen programas de referencia que son líderes de audiencia en sus franjas horarias. Parece que su paso por TV3, lejos de ser un lastre profesional, ha servido para impulsar sus carreras, que, en términos generales, se han caracterizado por un pluralismo ideológico a prueba de sectarismos.

La insistencia obsesiva de Bellver sobre las opiniones versadas por Marco en las redes sociales o sobre la titulación de la candidata, en relación a sí era licenciada en Filología Hispánica (sección Filología Valenciana) o Filología Catalana, generó estupefacción. Si se hubiese informado previamente, el síndico del PP sabría que, cuando Marco inició sus estudios universitarios, solo había la posibilidad de ser licenciada en Filología Hispánica, especialidad de Filología Valenciana, dado que la licenciatura en Filología Catalana como tal se ofertó a partir del curso 1993-1994, con el cambio de los planes de estudio. En todo caso, quedó claro que el interés del político por precisar estos datos era relativo, y de lo que se trataba en realidad era de espolear nuevamente el fantasma del catalanismo, en consonancia con la maquinaria mediática, fundamentalmente conservadora, que ha encontrado en este asunto el blanco perfecto de sus críticas hacia Marco.

Un intento más de revivir un conflicto lingüístico e identitario que parecía enterrado, pero que reaparece de vez en cuando en la escena pública cuando los colectivos que lo defienden perciben que van perdiendo parcelas de poder. No en vano, esta misma semana, el abogado Juan García Sentandreu ha presentado un libro donde alerta de la posibilidad de reeditar la conocida como Batalla de Valencia, de infausto recuerdo para muchos. Parece ser que, movimientos de estos, veremos más en las próximas semanas y meses, y que la reavivación secesionista está apenas empezando. No estaría de más que algunos medios reflexionaran sobre todo ello y recondujeran sus posiciones por el bien de todos. En este asunto en concreto, el cinismo del PP es antológico, si nos atenemos a la procedencia de los directores generales de RTVV que nombró desde Presidencia de la Generalitat, del primero al último, algunos de los cuales no tenían ningún tipo de experiencia en el sector y otros eran miembros con carné del partido que entonces regentaba el gobierno. Como alguien dijo durante la comparecencia, si Marco hubiese sido una trabajadora de la BBC, pongamos por caso, o incluso de Telemadrid, nada de esto se habría producido. Un hecho que no deja de ser desolador para los que pensamos que esta discusión solo busca el rédito político a partir del enfrentamiento entre los valencianos.

Ahora bien, sin que sirva de precedente, Bellver sí que tenía razón en una cosa: habría sido recomendable que los grupos parlamentarios hubieran podido conocer el proyecto de la candidata antes de emitir su voto. Una cuestión, sin embargo, que no dependía directamente de Marco, que en seguida puso el proyecto que presentó en la convocatoria a la disposición del político y de cualquiera interesado, sino de otras instancias, que entendemos que apuntan hacia el Consell Rector. De la misma manera, consideramos que el proyecto escogido debería poderse consultar por los ciudadanos, que tenemos el derecho a conocer lo que nos depararán los medios públicos valencianos en el futuro. En especial, el conjunto del sector audiovisual, que tiene depositadas sus esperanzas en su desarrollo y en su contribución a la consolidación de un espacio comunicativo valenciano estable y diverso. Así pues, lo que se sabe en estos momentos del modelo que quiere poner en marcha la directora general, gracias a lo que ha trascendido públicamente y a lo que explicó ella misma durante la comparecencia parlamentaria, responde a líneas estratégicas muy generales donde la concreción es, de momento, escasa, sobre todo por lo que respecta a los contenidos que se quieren implementar.

Entre sus principales aportaciones hay la voluntad de configurar una plataforma de medios públicos en la que se integren un canal de televisión generalista, dos de radio y una web multimedia potente donde se alojen estos contenidos específicos y otros, como los infantiles, que se articularán a través de un club. El segundo canal de televisión, donde se puedan llevar a cabo retransmisiones deportivas y emitir espacios dirigidos a audiencias más minoritarias, se lanzará más adelante, cuando esta primera oferta esté disponible en su totalidad. Para ejecutar este modelo, que será básicamente en valenciano, una de las novedades de la propuesta de Marco es la creación de una redacción integrada en la que los trabajadores elaboren los productos informativos para las diferentes pantallas y dispositivos, de acuerdo con el replanteamiento que están llevando a cabo los medios de comunicación más avanzados del mundo. Eso obligará a trasladar la radio en el centro de producciones de Burjassot desde sus instalaciones en Blasco Ibáñez. También ha anunciado que habrá una sede territorial en Alicante y otra en Castellón, así como una delegación especial en Madrid. El objetivo, según sus palabras, es conseguir hacer una información independiente, rigurosa, plural y de proximidad. Por otro lado, en el proyecto de Marco está previsto que la mayor parte de la producción de entretenimiento y de ficción vaya a cargo del sector audiovisual valenciano, en las fórmulas contractuales ya establecidas. Habrá que ver finalmente cuál es el porcentaje de la programación destinado a la producción enlatada que viene de fuera y cuál será la cuota que recaerá en la producción propia «externalitzada». A la espera de que Marco y su equipo diseñen la primera parrilla de programación para comprobar cómo se ejecuta la intención de dinamizar el sector audiovisual propio, todo apunta al hecho de que la última decisión dependerá, seguramente, del presupuesto con que se pueda contar para contratar contenidos.

Igualmente, Marco ha explicado que pretende llevar adelante convenios con las redes de comunicación comarcales y locales, con las que crear sinergias que beneficien a las dos partes. De momento, y antes de evaluar la propuesta, tendremos que esperar a saber cómo se concreta y en qué condiciones se lleva a cabo, porque se desconoce si esta relación afectará exclusivamente a la estructura profesional y laboral o si solo se centrará en la compartición de contenidos y de imágenes. De todas maneras, independientemente de cómo se acabe produciendo, muchos entendemos que la profundización en esta colaboración es ineludible si lo que se pretende es configurar un espacio de comunicación valenciano, público y privado, sostenible y perdurable en el tiempo. Además, una de las ideas que nos resultan más sugerentes del proyecto de la directora general es que contempla la puesta en marcha de un departamento específico de investigación, conectado con las universidades y los centros de búsqueda, que estará destinado a la innovación y a la exploración de nuevos lenguajes y formatos audiovisuales, como la profundización de las narraciones transmedia. Un centro de interés fundamental en esta etapa, repleta de profundas transformaciones en el ámbito comunicativo, que podría convertirse, al mismo tiempo, en una plataforma excelente para jóvenes creadores que empiezan a introducirse en la industria audiovisual.

La elaboración de programas audiovisuales con la complicidad del mundo educativo para estimular el sentimiento de pertenencia y de identificación de los más pequeños con los medios públicos completa el conjunto de líneas maestras que hemos podido conocer del proyecto de Marco, a la espera de que ofrezca más detalles. Tal vez sea demasiado pronto para exigir mucha concreción en relación a los contenidos, pero habría estado bien que hubiese dado algún ejemplo de lo que podremos ver en la futura plataforma audiovisual. Sabemos, eso sí, que quiere evitar la «telebasura», una declaración bienintencionada que habrá que comprobar cómo se materializa día a día y que, desde el punto de vista estrictamente profesional, exige mucha precisión. Y también sabemos, porque así lo anunció en la comparecencia parlamentaria, que para llevar adelante su proyecto necesita una plantilla de 500 trabajadores, con unos perfiles versátiles y adaptables a las nuevas exigencias comunicativas. Una cifra que, como debía ser, se ajusta a los presupuestos anuales previstos para el 2017, que son de 55 millones de euros, y que se aleja de las posiciones más maximalistas, pero también de las opiniones que apostaban por una plantilla de mínimos. Desde el nuestro punto de vista, es a partir de los datos ofrecidos por la directora general que debería haberse planteado un debate legítimo sobre de donde sacar a estos trabajadores en el que se contemplasen todas las posibilidades, y no antes, cuando todo estaba en el aire. Probablemente, nos habríamos ahorrado muchos quebraderos de cabeza y discusiones estériles que han generado una distancia entre los ex-trabajadores de RTVV y el gobierno actual que parece irreconciliable.

Sobre las previsiones de apertura, Marco no ha anunciado una fecha concreta para el inicio de las emisiones que pudiese generar algún tipo de frustración, sino que ha preferido apuntar hacia un plazo amplio, entre seis y siete meses, para poner en marcha el proyecto. Parece que los equipamientos en el centro de Burjassot se han quedado obsoletos y que hay que hacer varias licitaciones públicas para adquirir, entre otros, la tecnología necesaria para poder emitir con la calidad exigida en este tipo de empresas públicas de comunicación. También se tiene que reubicar la radio y preparar las instalaciones para la nueva etapa. El mensaje que ha trasladado la directora general es que no quiere precipitaciones, pero que hay la voluntad de hacerlo tan rápido como se pueda. Una decisión que nos parece muy acertada y razonable, alejada de las urgencias de otros profesionales y políticos, en especial su intención de no empezar, necesariamente, por la televisión, ni por la obligatoriedad de emitir las 24 horas diarias. Este planteamiento abre un cúmulo de posibilidades por explorar y ha roto los esquemas de muchos que aún piensan solo en la televisión y la radio convencionales. En este sentido, por lo que respecta a la opción de emitir la televisión «en pruebas», Marco se ha mostrado muy cauta, incluso diríamos que contraria, si nos atenemos a sus reticencias a montar una programación únicamente con producción enlatada de catálogo, que puede estar muy envejecida. Su intención, por el contrario, es empezar con unos contenidos audiovisuales que miren hacia el futuro y que sean capaces de ilusionar a los ciudadanos. La contribución que puede ofrecer la renovación de la imagen corporativa en el lanzamiento definitivo de la plataforma no se debería menospreciar. En estos momentos, hay un concurso público en marcha al que se han presentado más de cien propuestas. Qué pasará con las diversas convocatorias que efectuó Presidencia de la Generalitat para la selección de contenidos, que ya han sido evaluadas por el extinto Alto Consejo Consultivo, es a día de hoy una incógnita. La posibilidad de que, tras el esfuerzo llevado a cabo por creadores y productoras audiovisuales, todo acabe convirtiéndose en papel mojado es muy real, hecho que alimenta las opiniones de aquellos que piensan que fue una acción absolutamente prescindible. En las manos de Marco está ver cómo integrarlo en el nuevo proyecto.

Finalmente, parece que los medios públicos valencianos están cada vez más cerca. A pesar de todo, aún planean algunas sombras sobre el proceso de selección y sobre la Ley 6/2016, del servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, que nos obligan a continuar pendientes de su evolución. De entrada, hay uno de los candidatos al cargo de director general de la CVMC, Pere Valenciano, que ha acusado públicamente al proceso de fraudulento, al considerar que algunos de los candidatos ya sabían que llegarían a la final, dado que, según su opinión, los criterios de valoración se decidieron después de presentarse las candidaturas, lo que podría haber favorecido a algunos de los aspirantes. A la espera de que presente denuncia formal en los juzgados, las explicaciones que ha dado el presidente del Consell Rector, Enrique Soriano, pueden desactivar con relativa facilidad estas suspicacias, a las que también se ha apuntado el PP.

Por otro lado, la Unió de Periodistes lamentó que las Corts Valencianes aprobaran el pasado 8 de febrero el mandato marco de la CVMC, donde se recogen los principios y los objetivos en los que se debe basar el sistema público audiovisual valenciano, sin ningún tipo de participación ciudadana. La entidad recela, sobre todo, del artículo 20, donde se puede interpretar que el Consell Rector acabe pasando a ser un simple garante del cumplimiento de las cuotas de participación pactadas entre los partidos políticos en la nueva plataforma audiovisual, incluso fuera de los períodos electorales. Una circunstancia que, en caso de confirmarse, supondría un ataque directo a la pluralidad informativa exigible en unos medios como estos. Aunque los grupos parlamentarios de PSPV y Compromís han asegurado que serán únicamente los criterios profesionales los que decidirán el tiempo que se debe destinar a la información de cada uno de los partidos políticos, lo cierto es que la redacción del artículo puede llevar a equívoco. Es cierto que en la Ley 6/2016 hay previstos varios mecanismos para garantizar la independencia, el rigor y la pluralidad de las informaciones, pero también lo es que será la voluntad de Marco y de su equipo de cumplirlos lo que determinará en última instancia los resultados.

Para acabar, se dirime estos días entre el gobierno español y la Generalitat Valenciana una posible inconstitucionalidad de algunos de los artículos de la Ley 6/2016, que presenta un resultado incierto. En concreto, el gobierno español considera que los artículos 42 y 46, así como la disposición transitoria novena, de la norma referida, pueden ser inconstitucionales. Presidencia de la Generalitat, con el secretario autonómico de Comunicación, José María Vidal, a la cabeza, ya han mantenido una reunión para avanzar hacia una solución. Después de un primer intercambio de impresiones, la Administración general del estado se ha comprometido a enviar en los próximos días un documento que permita acercar las discrepancias existentes. Mientras se espera el acuerdo, nadie quiere pensar en un escenario en el que el Estado español presentase un recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley que regula la CVMC. Sería un mal presagio que dificultaría enormemente la puesta en marcha de los nuevos medios públicos valencianos. Llegados a este punto, lo que necesita la industria audiovisual propia y, sobre todo, el conjunto de la sociedad valenciana, es que la oferta pública de comunicación se reanude nuevamente. Démosle entre todos una oportunidad.

*Àlvar Peris Blanes (València, 1976) es profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia. Es autor de numerosos trabajos publicados en revistas, monografías y libros colectivos sobre comunicación, estudios culturales e historia.