Boicoteada una reunión entre la consellera de Sanidad y el personal del hospital de Torrevieja al encontrarse cambiada la cerradura del salón de actos

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, se reunió este jueves con los representantes del comité de empresa del departamento de salud de Torrevieja para escucharles e informarles de que la gestión de dicho departamento pasará directamente a manos de su departamento, con lo que queda descartada para este fin la creación de una empresa pública.

El encuentro, sin embargo, no se pudo desarrollar con normalidad ya que estaba prevista inicialmente a las 10.00 horas en el salón de actos del hospital de Torrevieja. Sin embargo, Sanidad informó poco antes del encuentro de que se trasladaba al Auditorio de la localidad. Fuentes consultadas por elDiario.es informaron de que se había cambiado la cerradura del salón de actos y el comisionado de la conselleria en el centro sanitario no disponía de llaves para acceder. Al parecer, ningún responsable del centro se brindó a ofecer una solución.

Al respecto, fuentes de Ribera Salud se han desvinculado de este incidente y han asegurado que desconocían que se iba a producir esa reunión entre la consellera de Sanidad y los representantes de los trabajadores.

La compañía perderá la gestión del departamento de salud el próximo 15 de octubre al finalizar la concesión otorgada hace 15 años por el PP.

Desde que el Gobierno valenciano hizo oficial la recuperación del departamento de salud de Torrevieja la empresa valenciana propiedad de la americana Centene Corporation, cuyo director ejecutivo europeo es Alberto de Rosa, hermano del senador valenciano del PP Fernando de Rosa, ha emprendido una batalla judicial para evitar la reversión del centro sanitario, tal y como hizo en 2018 cuando la Generalitat recuperó la gestión del de Alzira, llegando a plantear decenas de recursos.

De hecho, la compañía ha contratado al despacho de abogados Martínez-Echeverría & Rivera que preside el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha recurrido todas y cada una de las resoluciones de conselleria así como los fallos judiciales, que hasta ahora han sido todos contrarios a sus argumentos.

A falta de poco más de cuatro meses para que caduque la concesión, la empresa sigue sin entregar la documentación que la Conselleria de Sanidad le requirió el pasado 15 de octubre relativa a los medios materiales y personales de todo el departamento de salud, una información necesaria para facilitar la transición de la gestión privada a la pública.

Por este motivo, la delegación de Protección de Datos de la Generalitat Valenciana, dependiente de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática que dirige Rosa Pérez, ha iniciado una inspección para contrastar si la información reclamada por Sanidad a Ribera Salud relativa al personal sanitario y a los pacientes del departamento de salud de Torrevieja, que la empresa aún no ha remitido a cuatro meses de finalizar la concesión, es de titularidad pública, lo que implicaría una infracción de la Ley de Protección de Datos.

De confirmarse esta infracción se podría enmarcar en una sanción muy grave por un tratamiento de datos sin la legitimación necesaria que además puede afectar a derechos fundamentales, lo que puede acarrear una sanción de hasta 20 millones de euros o del 4% del volumen de negocio de la empresa.