Calp pagó una habitación de hotel al diputado tránsfuga que apoya a su alcalde como presidente de la Diputación

Las arcas municipales de Calp costearon la estancia de una noche en un conocido hotel de la población de dos diputados provinciales que acudieron el pasado 25 de octubre a la inauguración del Oktoberfest invitados por el alcalde, el popular César Sánchez. En ambos casos, se trata de firmes aliados de Sánchez en la Diputación de Alicante, organismo que también preside el edil calpino: el diputado tránsfuga Fernando Sepulcre y el del PP Javier Sendra.
Sepulcre, que antes de pasar al grupo no adscrito militaba en Ciudadanos, es el apoyo clave de Sánchez para poder gobernar la Diputación. De ahí que su estancia en el gran evento de la cerveza no fuera precisamente secundaria: el alcalde le cedió el honor de coger la maza y martillear el barril inaugural con el que arranca este evento. Todo un guiño político y un privilegio para tan fiel aliado.
Sepulcre, que se convirtió pues en el gran protagonista del arranque del Oktoberfest pese a que no tiene ninguna vinculación con Calp, es concejal de Alicante, ciudad que dista 35 kilómetros de la villa del Penyal. No obstante, dado el contenido de la fiesta, basada en la cerveza, quizás fuera lógico que sus participantes optaran esa noche por dormir en un hotel. Sepulcre gana al año 69.000 euros, 49.000 por un sueldo parcial, más otros 20.000 por asistencia a organismos autónomos. La habitación en el establecimiento hotelero valía 80 euros, que abonó el consistorio, no siempre demasiado boyante en materia económica.
Otros 80 euros del ayuntamiento también sirvieron para pagar la habitación del diputado de Protección y Gestión del Territorio, el popular Javier Sendra, quien es también alcalde de Planes. Así que el gasto municipal total ascendió a 160 euros, que ahora han sido cargados bajo el concepto de “atenciones protocolarias y representativas de los órganos del gobierno”.