Camps pasa de “no culpable” por los trajes a tener abiertas cuatro investigaciones por la F1, la visita del Papa y Gürtel
Cuando el magistrado de la sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano Juan Climent leyó el veredicto del jurado que declaraba a Francisco Camps “no culpable” en la causa de los trajes, el expresidente de la Generalitat levantó la mirada al cielo y con un saludo con el dedo agradeció a Dios la ayuda que le había dado para salvar el primer gran escollo judicial que la vida le ponía por delante.
Durante el juicio, Camps se había apoyado en el libro La ruta antigua de los hombres perversos, del antropólogo francés René Girard, que analiza la historia de Job en la Biblia, y de cómo, tras perderlo todo, fue repudiado por los suyos. La paciencia de Job le había ayudado a pasar esos días duros en el banquillo de los acusados en los que no se pudo demostrar que la trama Gürtel le hubiera regalado unos trajes de Milano, como sí reconocieron otros dos de los cuatro acusados inicialmente.
Pero lo que en enero de 2012 podía suponer el resurgimiento del ave fénix y una vuelta a la política se ha topado con una realidad aplastante que cuestiona su gestión al frente de la Generalitat de principio a fin.
En los últimos años la justicia ha abierto cuatro causas en las que investiga directamente a Francisco Camps, en tres de ellas ya ha sido citado o ha declarado como investigado y en la cuarta, abierta este jueves, la Audiencia Nacional pretende indagar si el político valenciano fue quien realmente estuvo en las contrataciones a dedo a Orange Market -la filial valenciana de la trama Gürtel- y no su subordinada Dora Ibars, quien había sido procesada.
En esta nueva investigación, el destino ha tenido una parte trágica. Y es que las sospechas de la justicia sobre Camps no han venido de sus enemigos políticos, de la Fiscalia o de la policía. En este caso han sido sus más estrechos colaboradores quienes lo han puesto en la picota. El primero, Ricardo Costa, quien fue número dos del PP valenciano, que en el juicio de las piezas separadas 1, 2 y 6 del caso Gürtel señaló a Camps como urdidor del modelo de financiación irregular del PP valenciano. Los cabecillas de la red corrupta se encargaron de apuntalar esta información.
Pero en el auto de reapertura de la pieza 5 del caso Gürtel de este jueves -la causa estaba pendiente de fecha para juicio- también se evidencia que las máximas colaboradoras de Camps en sus años de presidente señalaron en el juicio que los contratos con Orange Market dependían jerárquicamente de Presidencia de la Generalitat. Es decir, de él. Fue el caso de su secretaria autonómica de Comunicación Nuria Romeral, quien explicó en el juicio que Dora Ibars dependía de ella y ella directamente “del presidente de la Generalitat”. Paula Sánchez de León, también consejera en varios Gobiernos de Camps, “precisó que después de 2007, Salvadora Ibars dependía directamente del presidente de la Generalitat”.
El último en sumarse a apuntar directamente al otrora presidente ha sido Esteban González Pons. Fuentes del entorno del eurodiputado aseguran que Pons era un “conseller sin cartera” y eso significa que “no tenía presupuesto, ni podía contratar ni pagar porque dependía directamente de Presidencia de la Generalitat”, en referencia al contrato para elaborar la guía de la comunicación que Dora Ibars habría troceado para contratar sin concurso a Orange Market.
Además de en esta última investigación, que Camps se ha limitado a decir que es un montaje para tapar las “cloacas del Estado”, el expresidente de la Generalitat está imputado por el juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, por los sobrecostes en el montaje del circuito urbano de la Fórmula 1, donde se investiga financiación ilegal del partido.
También se investiga a Camps en el juzgado de Instrucción número 5 de Valencia por el dinero público gastado en la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, que se montó para la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, y en el juzgado de Instrucción número 2 de Valencia -dentro del caso Valmor- por las negociaciones entre la Generalitat y el magnate de la Fórmula 1 por la organización del gran premio en Valencia desde 2008 a 2012.
