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Carlos Fabra y el expiloto Álex Debón serán juzgados por soborno en el patrocinio del Aeropuerto de Castelló

Carlos Fabra junto a los pilotos del equipo que patrocinó el Aeropuerto de Castellón

Toni Cuquerella

2 de septiembre de 2022 16:04 h

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El expresidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y el expiloto Álex Debón serán juzgados por un presunto delito de cohecho en el marco de la investigación por los contratos de patrocinio firmados entre la empresa de capital público que gestiona el aeropuerto de la provincia, Aerocas, con el deportista.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Castellóha ha abierto la causa con jurado la cual ha sido notificada con un auto a las partes, escrito en el que también se acuerda por otro lado el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas en 2016 contra el propio Fabra -que presidía el consejo de administración de Aerocas- el ex director general y 11 antiguos consejeros de la citada sociedad en cuanto a los posibles delitos de prevaricación y malversación. Igualmente, la resolución declara extinguida por fallecimiento la responsabilidad criminal y archiva definitivamente el caso para otro antiguo consejero. 

La magistrada entiende que existen “indicios racionales suficientes” de que Debón, director del Team Aprilia Racing y administrador de la empresa Motosport69, pagó a Fabra entre 2010 y 2013 360.000 euros “en consideración a la cantidad total de 3.653.000 euros que aquél percibió por los contratos de patrocinio deportivo, a cambio de servicios de publicidad, que suscribió con la entidad Aerocas a través de su presidente” (el propio Fabra) “lo que vendría a suponer un 10% de comisión”. Alguna de esas transferencias bancarias, que tenían como concepto “préstamo”, se realizó días después de un pago de Aerocas SLU a Motosport69. 

La instructora concluye que “Aerocas contaba con asesoría jurídica interna y externa que, en ningún momento, advirtió a los consejeros de la necesidad de contratar con arreglo a las disposiciones de la Ley de Contratos del Sector Público”, precisa el auto, que puede ser recurrido en reforma o en apelación. 

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