Una ayuda de hasta 500 euros al año para los castellonenses que no puedan pagar la luz o el agua

La medida aprobada por la Junta de Gobierno de la Diputación de Castellón, contempla la convocatoria de subvenciones económicas por un total de 50.000 euros para luchar contra el empobrecimiento energético en aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes. Las bases han recibido el visto bueno de todos los partidos políticos y establece una serie de requisitos que acrediten la situación de riesgo de exclusión social del solicitante, que disponen hasta el 6 de septiembre para pedir las ayudas.

Desde el inicio de la crisis económica se constata en los hogares españoles una dificultad, cada vez mayor, para la atención de los costes derivados del suministro energético para sus necesidades básicas de calefacción, refrigeración, iluminación o incluso de agua potable. Dicha circunstancia obliga a los poderes públicos a la articulación de medidas extraordinarias dirigidas a garantizar el acceso a los suministros básicos de energía y agua potable a las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social.

La vicepresidenta de la Diputación, Patricia Puerta, responsable también de Bienestar Social, señala como “prioridad” de la institución provincial “ayudar a las personas de nuestros pueblos que más lo requieren, porque todos deben disponer de los servicios esenciales para su día a día, trabajo en el que debemos implicarnos todas las administraciones porque hay muchos ciudadanos que nos necesitan”,

Entre las condiciones para poder acceder a dichas ayudas, el solicitante deberá estar empadronado en un municipio castellonense que no supere los 20.000 habitantes. En esta provincia valenciana son 65 los municipios en riesgo de extinción, es decir, que cuentan con menos de 500 habitantes, los cuales son más vulnerables a sufrir pobreza energética. Además de esta documentación, se le requerirá un contrato una empresa comercializadora de energía eléctrica, gas o agua potable en la vivienda que constituya la residencia de la persona o la unidad de convivencia.

De forma paralela, hay que presentar acreditación documental de impago de un recibo o requerimiento de la empresa suministradora o del arrendador donde se señale el corte de suministro por el impago de los recibos de suministro de energía eléctrica, gas o agua potable en el año 2019. A ello se une el tener unos ingresos en la unidad de convivencia que no superen la cuantía mensual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), establecida para el año 2019 en 548,90 euros, en el momento de la valoración de la necesidad de acceso a la subvención económica.