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La Diputación de València reforzará los servicios sociales en las poblaciones más pequeñas y en las áreas despobladas

Imagen de la intervención de Rosa Pérez Garijo en un acto en Castelló de Rugat

Toni Cuquerella

Los presupuestos de 2018, que se aprobarán la próxima semana en el plenario de la Diputació de València, dedicarán la cifra más alta en la historia de la institución provincial a los servicios sociales, con una partida que supera los doce millones de euros. Así lo ha adelantado la diputada de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo, durante unas jornadas en Castelló de Rugat centradas en analizar las bases y desarrollo del Nuevo Modelo de Servicios Sociales.

“Desde el inicio de la legislatura, en el gobierno de la Diputació a través de la delegación de Inclusión Social, tenemos el firme compromiso de reconocer los servicios sociales como un derecho de la ciudadanía, al igual que la dependencia” ha indicado Pérez Garijo.

La diputada ha detallado los cambios en los presupuestos del próximo año, destinados a consolidar la inversión que mejore el bienestar de la ciudadanía en municipios menores de 10.000 habitantes. Entre las novedades destaca el aumento de la partida en Servicios Sociales en un 30%, la cual ya había crecido más de un 100% respecto a la anterior legislatura –pasando de menos de cuatro millones de euros en 2015 a más de nueve millones en 2017–.

También se ha establecido un baremo progresivo según el número de los núcleos existentes en las mancomunidades y las particularidades de su territorio, en concreto la dispersión espacial, puesto que, en sus palabras, “hay que combatir la despoblación rural y no olvidar las necesidades de los vecinos y vecinas de comarcas como Los Serranos o La Canal de Navarrés, que son diferentes a las de las grandes ciudades”.

El área que lidera Pérez Garijo garantizará la contratación de profesionales del área mediante subvenciones nominativas, que se incluyen por primera vez en el Presupuesto de 2018, mientras que las ayudas para la implementación de los programas seguirá el modelo de libre concurrencia. Asimismo, las ayudas incorporan la figura del asesor jurídico, que se integrará en los equipos multidisciplinares de base.

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