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La comisión consultiva sobre festejos taurinos en la Comunitat Valenciana concluye sin nuevas medidas de seguridad

Reunión de la comisión consultiva de festejos taurinos de la Generalitat Valenciana.

Carlos Navarro Castelló

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La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública ha convocado este lunes de manera extraordinaria la Comisión Consultiva de Festejos Taurinos Tradicionales ('Bous al Carrer') de la Comunidad Valenciana con el fin de que el gobierno autonómico, representantes de las peñas y expertos analicen la alta siniestralidad en los festejos de este verano y propongan recomendaciones.

En lo que va de año se han registrado siete fallecidos en Pedreguer (Alicante), Picassent (Valencia), Meliana (Valencia), Soneja (Castellón), Vallada (Valencia) , Almedíjar (Castellón) y Beniarbeig (Alicante). Además, el fin de semana ha dejado cinco heridos de diversa consideración.

El secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, ha presidido la reunión de este órgano, del que forman parte representantes de las asociaciones más representativas del sector de 'bous al carrer' y de los ganaderos, así como de los municipios, del Colegio de Médicos, del Consejo de Enfermería o de los colegios veterinarios.

Tras el encuentro, Ángel ha remarcado que la participación en estos actos es totalmente voluntaria y que el riesgo cero no existe en estos actos: “Hemos detectado que de alguna forma hay quien le ha perdido el miedo o el respeto al toro”.

El secretario ha comentado que de la reunión se ha concluido que el actual reglamento es efectivo “y de los más completos de entre las autonomías que organizan festejos taurinos”, pero ha comentado que se revisarán algunos aspectos con las propuestas que harán en los próximos días tanto las peñas como los colegios de veterinarios o arquitectos: “En algunos aspectos como la necesidad de que se lleve un calzado adecuado, de evitar que la gente se haga selfies o de bienestar animal hay margen de mejora”.

Sin embargo, este lunes no se ha adoptado ninguna medida novedosa concreta, más allá de pedir “prudencia” a la hora de participar en estos actos, de que se extreme la vigilancia para evitar la participación de menores y de reforzar la formación de las peñas y organizadores.

Sobre la presencia de menores, Ángel ha asegurado que es un aspecto que les preocupa y que se aplicará las máximas sanciones cuando se detecte. De hecho, ha afirmado que hay abiertos 15 expedientes, cinco por provincia. Por fallecimiento de animales durante los actos se han abierto otros dos.

Por su parte, el presidente de la Federación de Peñas de Bous al Carrer, Germán Zaragozá, ha valorado positivamente la reunión “para el futuro de la fiesta” y ha comentado que han solicitado que se estudie la posibilidad de que los municipios que tienen policía local puedan compartirla con los que no tienen para mejorar la seguridad. También ha afirmado que se mejorarán los cursos de formación a los voluntarios.

La presidenta del Colegio de Veterinarios, Inmaculada Ibor Martínez, ha explicado que han pedido que se contemple como obligatorio y no voluntario la presencia de un veterinario para cada acto taurino: “Cada vez son más los municipios que los contratan pero debe ser una obligación porque de esta forma se garantiza que el animal esté en condiciones en todo momento”.

Desde 2014 han muerto en tierras valencianas 32 personas a causa de cogidas por toros o vaquillas, una cifra que se va hasta las 53 si tomamos como referencia 2005, mientras que entre 2014 y 2021 –las estadísticas del presente ejercicio no se publicarán hasta el próximo año, una vez cerrado el ejercicio– se han contabilizado 5.415 heridos en este tipo de festejos (en 2014 y 2017 se superó el millar de percances con víctimas, 1.278 y 1.012 respectivamente). Y todo ello, teniendo en cuenta que en 2020 apenas se celebraron actos taurinos y en 2021 se realizaron muchos menos a causa de la pandemia de la COVID–19.

En una algunas temporadas se han llegado a celebrar en la Comunidad Valenciana más de 8.000 festejos de este tipo y solicitan autorización para ello más de 300 municipios, según los datos de la Conselleria de Justicia.

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