Las Corts Valencianes debaten la ley que gravará la compra de vehículos contaminantes a partir de 2025

La ley valenciana de Cambio Climáticco y Transición Ecológica, una propuesta de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática que fija los objetivos y los instrumentos necesarios para hacer frente al impacto del cambio climático que afectará de manera sustancial al Mediterráneo se debate este miércoles en las Corts.

La consellera Mireia Mollà presenta la norma que marca como objetivo, de acuerdo con las líneas fijadas por la Unión Europea, reducir un 40% las emisiones de CO2 en 2030 y declarar la neutralidad de emisiones en 2050. En materia de consumo de energía, el objetivo se fija en una reducción del 35,4% en 2030 y se establece como objetivo que el 42% de la energía consumida en 2030 sea procedente de fuentes renovables.

El texto, cuya aprobación definitiva se prevé para antes de que finalice la presente legislatura en mayo del año que viene, incluye también el impulso de la implantación de actividades económica y creación puestos de trabajo verdes y la potenciación de la educación ambiental, además de una nueva fiscalidad verde y de medidas preventivas para la construcción de grandes infraestructuras como la ampliación del Puerto de València.

En lo que a fiscalidad se refiere, si no hay cambios en el periodo de enmiendas, se creará un impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, otro sobre la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera de determinadas actividades y otro sobre las grandes plataformas comerciales con superficies iguales o superiores a 2.500 metros cuadrados de superficie. Todos impuestos tendrán un objetivo finalista, de modo que la recaudación se invertirá en la lucha contra el cambio climático y entrarán en vigor el 1 de enero de 2025.

En lo que respecta a los promotores de grandes obras que puedan suponer un importante impacto para el medio ambiente la ley prevé nuevos requisitos y garantías.

El artículo 79 de la ley de Cambio Climático establece que “las entidades que promueven la planificación y ejecución de los proyectos constructivos de nuevas infraestructuras críticas como puertos, aeropuertos, transporte, energía, residuos y agua, entre otros, deberán incorporar los aspectos de cambio climático en el marco de la evaluación ambiental de planes y proyectos, tal como queda recogido en la presente ley”.

Además, añade que las entidades gestoras de las infraestructuras críticas deberán realizar “un análisis del riesgo climático, así como la identificación de las medidas necesarias a ejecutar para reducirlo en forma de documento de evaluación de riesgos, análisis de alternativas y plan de adaptación” y también “un cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas durante su uso, así como las medidas necesarias a ejecutar para avanzar hacia la neutralidad en carbono”. Unos datos que hasta ahora, en el caso de la ampliación del Puerto de València, son inexistentes.