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Culpables confesos. Julio de 2006

Josep Gavaldà i Nel·lo Pellisser

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El calendario arruina, en demasiados casos, la virtud reparadora que pueda atesorar la justicia. El pasado mes de enero se cerró en la Ciudad de la Justicia de Valencia el caso que había comenzado el 3 de julio de 2006, a la una de la tarde, cuando volcó en un túnel de la red de Metrovalencia la UTA 3736.

En la Audiencia Nacional acaba de recomenzar el juicio de un caso que empezó, a escasos metros de esa sede judicial valenciana, ese mismo día, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, altar del V Encuentro Mundial de las Familias, donde Benedicto XVI presidió, el 9 de julio de 2006, una misa multitudinaria. Las confesiones, “tardías”, fueron primordiales en el Juzgado nº 6 de lo Penal de Valencia y lo están siendo en la sede judicial madrileña.

Solo la mitad de los veintitrés procesados estarían dispuestos a confesar y el Ministerio Fiscal quiere comprobar de modo fehaciente el alcance del pregonado arrepentimiento. Reclama la mayor pena, 40 años, para quien ya habría comenzado a devolver los 500.000 euros distraídos, solo en este episodio, a una empresa pública entonces bajo su dirección, RTVV. Flanquean al vocero de E. Zaplana Hernández-Soro y F. Camps Ortiz, P. García Gimeno, dos ciudadanos presentes en la investigación de todas las piezas de la “trama Gürtel”, F. Correa Sánchez y A. Pérez Alonso, quienes han presumido de haberle aupado a ese cargo y afrontan una condena de 38 y 37 años, respectivamente.

Tras la victoria de J. L. Rodríguez Zapatero botaron en Valencia una productora de eventos local y global, Orange Market, capital en la investigación del caso. El “amiguito del alma”, A. Pérez Alonso, ha señalado a quien lo distinguió con tan afectuoso apelativo, F. Camps Ortiz, y a un procesado que lo fue todo en Madrid y en Valencia, y en la desgraciada historia del 3 de julio, el recientemente fallecido J. Cotino Ferrer, para quien se reclamaban 11 años. Tuvo que abandonar la Presidencia de las Cortes Valencianas en octubre de 2014 como consecuencia de las investigaciones relacionadas con la pieza de la trama ahora juzgada. Quien habría tenido acceso directo a la curia y gobernado de facto la Fundación V Encuentro Mundial de la Familias, investigada en otro proceso judicial, había marcado distancias con el Vaticano y con el Arzobispado de Valencia. F. Camps Ortiz, investigado en otras causas relacionadas con el enriquecimiento y la financiación irregular del partido, le encomendó, a partir de setiembre de 2006, atajar la personación judicial de las víctimas del 3 de julio. El poder civil y el eclesiástico declararán como testigos, obligados, por tanto, a decir verdad.

En la Ciudad de la Justicia de Valencia el acuerdo entre las partes fue completo y el 27 de enero una sentencia in voce puso fin en menos de una hora a trece años y medio de instrucción. Cuatro de los ocho exdirectivos de Metrovalencia procesados se confesaron culpables, siendo condenados a veintidós meses de prisión. Fueron absueltos los otros cuatro, la propia Directora Gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, la máxima responsable del ente público, junto con el consejero competente, fallecido en su día. Ha sido primordial “la circunstancia modificativa atenuante de confesión tardía”.

La Asociación Víctimas del Metro 3 de julio ha tenido que esperar casi catorce años para escuchar la confesión, “tardía”, de quienes habían negado sus responsabilidades hasta la saciedad, en sede judicial y, por dos veces, en sede parlamentaria. La justicia, se afirma, habla por sus sentencias y a lo largo de muchos años fueron tres autos de archivo los que hablaron. Mediaría una década entre la ratificación y la desestimación del mismo por parte de la Audiencia Provincial.

“La administración del estado quería retransmitir el evento del Papa”, declararía en el parlamento valenciano L. F. Martínez Martínez, Subdelegado del Gobierno en julio de 2006, “pero la Generalitat insistió mucho, el entonces arzobispo de Valencia insistió también y, al final, dijimos que lo hicieran”. TVV emitió desde Roma los informativos previos al evento papal, desplazando un amplio equipo, con el Director de Informativos al frente. Todo era electoral en aquella semana de julio que había comenzado mucho tiempo atrás. Y aunque hoy, cegados por el brillo del “modo electoral” y la conectividad digital, puedan parecer arcaicos los usos de la mercadotecnia publicitaria de la “campaña permanente”, lo cierto es que aquella semana el candidato, el presidente del gobierno valenciano, disparó con pólvora del rey y zanjó las preguntas relativas a los gastos imputados a los ciudadanos valencianos con un expeditivo “lo que haga falta”.

Bien lo sabían quienes se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional. Aquella era una ventana de oportunidades excepcional. Solo las espléndidas pantallas destinadas a los participantes en el V Encuentro Mundial de las Familias sirvieron para facturar más de 7 millones de euros a RTVV, una empresa pública instalada en un déficit insostenible. La Audiencia Nacional investiga el paradero de más de la mitad del montante. El Departamento de Recuperación de Activos de la Generalitat considera de imposible cuantificación el total de lo dilapidado a lo largo de la semana papal.

El plató de la televisión pública valenciana instalado en el corazón del grandioso altar papal, a los pies de una columna cuadrangular rematada por cuatro cruces rutilantes, lo estrenó el informativo de las dos de la tarde de aquel 3 de julio de 2006, cuyo guion estaba escrito desde hacía mucho tiempo: “comienza la cuenta atrás en Valencia; quedan cinco días, es lunes tres de julio y por delante tenemos una semana muy especial”. A la una de la tarde habían perdido la vida la mayoría de las cuarenta y tres víctimas de la tragedia y “a las dos menos diez”, según declaró en el parlamento valenciano la primera doctora del SAMU que se introdujo en el túnel que no iban a pisar las primeras autoridades, había sido trasladado al hospital el último herido grave.

TVV, que habría volado a cualquier punto de la geografía, contaba con un amplio dispositivo desplegado a escasa distancia, pero se trataba, justamente, de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Su Director de Informativos, Ll. Motes Gallego, uno de los integrantes de su nutrida nómina de profesionales del suceso, declararía, diez años después, ante la comisión parlamentaria de investigación que le acabó declarando “responsable”: “las fuentes son la administración, la versión oficial es la única rama a la que te puedes agarrar”. D. Johnson Sastre, exdirectiva de la empresa pública y exconsellera, quiso endosar a los diputados unas excusas tan ridículas y banales como lo fueron las explicaciones de la responsable del gabinete de comunicación del Presidente de la Generalitat, N. Romeral Castillo. Los culpables confesos de la cúpula de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana iluminarían, el 27 de enero de 2020, la “versión oficial” propagada por la televisión pública valenciana.

Iluminan también la declaración de otro “responsable”, P. García Gimeno, ahora arrepentido y en 2016 obligado por el Código Penal a no “faltar a la verdad en su testimonio” en sede parlamentaria: “En ningún momento hubo ninguna intencionalidad de ocultar absolutamente nada, ni política ni informativa”, dijo entonces. Ni económica, habría podido añadir. RTVV censuró de modo implacable a la Asociación Víctimas del Metro 3 de Julio, hasta la voladura consumada por el partido que la había desacreditado y desahuciado. Las palabras que iluminaron al Molt Honorable President el 3 de julio de 2006 las debe conservar su archivo, injustificadamente inasequible: “Distintas batas, distintas dedicaciones, distintos chalecos, distintas tareas trabajan por todos nosotros y en este caso por todas las personas que estén sufriendo el trauma del accidente del día de hoy”.

En la Audiencia Nacional acompañan al Director General, desde el pasado 9 de marzo, diversos directivos de RTVV, alguno de ellos condenado en su día por abuso y acoso sexual. Quizá le sigan, todos o algunos, en su propósito de enmienda. El tribunal deberá tasar el alcance de los arrepentimientos, devoluciones incluidas, y los ciudadanos podremos acabar comprobando los beneficios que puedan reportar las confesiones, “tardías”.

*Josep Gavaldà i Nel·lo Pellisser

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Publicado el
17 de junio de 2020 - 10:52 h

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