Derecho a trabajar, derecho a ser libre
El número ocho, trabajo decente y desarrollo económico, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establece la necesidad de avanzar en una economía ética para un desarrollo social inclusivo. Un avance que ha de beneficiar, en especial a los trabajadores y trabajadoras que han sido los más perjudicados en la crisis, y en la post crisis, con una precarización de su trabajo y una disminución de su salario cercana al 20 %.
El trabajo es, sin duda alguna, un derecho que no todas las personas tienen garantizado. Millones de personas han perdido su empleo durante la crisis y hoy se encuentran sin posibilidad de reanudar su proyecto de vida. En defenitiva, son personas que quieren trabajar pero que una economía capitalista globalizada les niega esa posibilidad.
Palestina se encuentra en la posición número 114 en la clasificación del índice de desarrollo humano que publica Naciones Unidas. Una país de renta media que tan sólo recibe, en ayuda internacional, el equivalente al 5 % de su PIB. Frente aquellos que han querido dibujar un pueblo palestino superviviente gracias a la ayuda internacional, la realidad es que es un país próspero, con recursos y un futuro económico que debería ser indiscutible.
La verdad de los números y las estadísticas se rompe cuando, día a día, no se le permite al pueblo palestino desarrollar una economía propia que propicie un desarrollo social y económico que beneficie a todos y cada uno de los palestinos y palestinas.
Hoy más del 36% de los hombres, el 80% de las mujeres y el 60% de los jóvenes que sobreviven en los campamentos de refugiados de Cisjordania o de la franja de Gaza, están en desempleo, y no sólo hoy, sino desde hace demasiado tiempo y por desgracia, parece que por mucho tiempo más.
Gracias al programa “Cash for work” de UNRWA miles de personas pueden al menos durante cuatro meses no sólo trabajar, sino además contribuir con su trabajo, a dignificar la vida de los refugiados. Gracias a esto, las familias pueden ganar unos recursos económicos que les permitirán pagar las deudas que han ido acumulando tras tener que abonar impuestos y tasas a la potencia ocupante.
Pero si esto es ya grave e indignante, imagínese por un momento que es uno de los 2.000 palestinos, (ya que ellas no tienen ninguna posibilidad de obtener el permiso para pasar), que diariamente cruzan el check-point de Belén para ir a trabajar a Jerusalem. Que se ha levantado, igual que todos los días, a las 4 de la mañana para hacer cola frente a un muro de mas de siete metros de altura (para que se hagan una idea de la magnitud, es el doble de altura que el Muro de Berlín) que recorre 360 kilómetros. Pero su periplo no ha acabado, allí permanecerá entre media hora y tres horas antes de pasar los hasta tres controles de seguridad incluido un detector de metales.
Después de todo esto, usted como refugiado palestino en su misma tierra, podrá tener suerte de llegar a su puesto trabajo mal remunerado. Aquellos que han podido pasar, no sólo se han dejado horas de sueño y de vida familiar, sino que además han sido humillados como persona para poder ejercer su derecho a trabajar, para tener sustento y en definitiva, un proyecto de vida digno.
Dejamos atrás esta realidad y nos asomamos a otra dura situación donde niños de 3 a 5 años son apedreados mientras van a la escuela o son amenazados por el ejército desde el otro lado de la vaya, que habrán de cruzar para volver a sus casas. Otra forma de hacerles ver la vida que les espera. Una vuelta de tuerca más contra aquellos que tan sólo quieren ser personas libres.
*Federico Buyolo, director general de Cooperación y Solidaridad
