“Después de 233 muertos, la lección no es construir más rápido, sino saber dónde no construir”

Dos años después de la dana del 29 de octubre de 2024, la reconstrucción del territorio valenciano debe alejarse de la mera reparación de infraestructuras de asfalto y hormigón. Esta es la principal conclusión del manifiesto conjunto presentado por más de una decena de organizaciones de víctimas, colectivos vecinales, entidades del tercer sector, organizaciones agrarias y plataformas ecologistas. Estos colectivos denuncian que las administraciones públicas insisten en aplicar “parches asistenciales” y escolleras rígidas que perpetúan el modelo de vulnerabilidad que, en su opinión, provocó la catástrofe.

Frente a esta dinámica, estas entidades han estructurado un decálogo estratégico de obligado cumplimiento para las instituciones locales, autonómicas y estatales. El documento exige una moratoria urbanística inmediata en áreas de riesgo, la congelación de licencias de edificación en suelos inundables y la renaturalización de los cauces fluviales mediante vegetación de ribera y Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS). Asimismo, plantea el traslado fuera de las zonas de peligro de infraestructuras críticas como colegios, residencias de ancianos y centros sanitarios.

La presidenta de la Associació de Víctimes de la dana 29 d’octubre, Mariló Gradolí, ha enfatizado el valor de los aprendizajes tras la pérdida de vidas humanas: “Después de 233 muertos, no aceptamos que la lección de la dana sea solo construir más rápido. La lección debe ser construir mejor, con seguridad y, sobre todo, saber también dónde no se debe construir”.

Por parte del sector agrario, la coordinadora de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), Helena Cifre, ha defendido el papel de la cubierta vegetal y la soberanía alimentaria en la contención de futuros temporales. “Reconstruir no es volver al modelo intensivo. Los suelos vivos con cubierta vegetal retienen agua y frenan la erosión. Los setos, ribazos y bosques de ribera ralentizan las riadas y dan refugio a la fauna auxiliar”, ha argumentado Cifre, reclamando al mismo tiempo apoyo técnico, precios justos para las familias productoras y la potenciación del consumo local.

El responsable de la campaña contra los combustibles fósiles de Greenpeace, Francisco del Pozo, ha centrado su discurso en la responsabilidad de las grandes corporaciones energéticas. “Debemos tener claro que la adaptación tiene límites, no habrá bosque de ribera ni dique de hormigón capaz de protegernos en un clima desbocado. Es profundamente inmoral que la factura del cambio climático la esté pagando la ciudadanía con sus impuestos mientras los verdaderos causantes, las empresas petroleras y gasistas, celebran cada día beneficios récord. Quien contamina, debe pagar y reparar”, ha denunciado Del Pozo.

El manifiesto contempla también demandas clave en materia de derechos sociales y vivienda, entre las que destacan la regulación del precio del alquiler para evitar procesos especulativos en las zonas afectadas, la ampliación del parque público residencial y la creación de una red metropolitana de transporte público. Para garantizar el cumplimiento de estos ejes, las entidades proponen una estructura de gobernanza descentralizada a través del reconocimiento de los Comités Locals d'Emergència i Reconstrucció (CLERs) y la implantación de simulacros periódicos para la población.