Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

La Diputació de València limita a tres los altos cargos en sus empresas y entidades y regula sus retribuciones

Imagen del pleno de la Diputació de València.

Toni Cuquerella

18 de noviembre de 2020 14:37 h

0

Tres será a partir de ahora el número máximo de altos cargos en las entidades dependientes de la Diputación de València. Esta limitación se produce a través de la modificación del acuerdo de septiembre de 2016 que clasificó por primera vez las empresas del sector público provincial, así como sus directivos y retribuciones, y que permitía el nombramiento de hasta una decena de cargos.

La moción que modifica este acuerdo ha sido aprobada en el pleno de noviembre con los votos favorables del equipo de gobierno provincial (PSPV y Compromís), la abstención de Ciudadanos, Vox y La Vall ens Uneix y el único voto en contra del PP.

El presidente de la Diputació, Toni Gaspar, ha manifestado que “el objetivo de la modificación es reducir los altos directivos de las empresas de la institución y tener mayor control en ellas”. “Aunque no estamos obligados por la ley, hemos decidido someternos a más controles introduciendo las mismas medidas que tienen las empresas públicas del sector estatal”, ha añadido Gaspar.

El máximo responsable provincial ha matizado que este acuerdo “no corrige deficiencias sino interpretaciones, para mejorar el acuerdo de 2016 y fijar con claridad temas como retribuciones e indemnizaciones, al tiempo que reduce drásticamente el número de altos cargos”.

La moción aprobada en la sesión plenaria de este martes, que atiende el informe del secretario general de la corporación, establece que las empresas dependientes de la Diputación clasificadas como Grupo I, caso de Divalterra, Egevasa y el Consorcio Provincial de Bomberos, podrán tener un máximo de tres altos cargos, con una retribución básica de 48.000 euros que, sumando los complementos de puesto y variables no podrán superar en ningún caso los 72.000 euros.

La modificación también supone una mayor fiscalización y control respecto al acuerdo de 2016. Los contratos de directivos del sector público local se someterán, antes de formalizarse, al control de legalidad que establece la ley 3/2012 de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Serán nulas las cláusulas de contratos mercantiles o de alta dirección que se opongan a establecer el presente acuerdo.

La modificación aprobada este martes, con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas del pasado 13 de noviembre, contempla, entre otros acuerdos, que los directivos que reflejan los estatutos serán nombrados con criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en gestión pública o privada, teniendo en cuenta la responsabilidad profesional y personal directa sobre su gestión y el control y evaluación de su gestión por parte de un órgano superior.

Altos cargos investigados en Alqueria

En el mismo pleno de la Diputación de València el secretario y el interventor han avalado el acuerdo de septiembre de 2016 que permitía la contratación de los mencionados 10 directivos que podían cobrar como Grupo I (la clasificación que tenía y tiene Divalterra). A la pregunta concreta del presidente Toni Gaspar de si “¿era legal el acuerdo del pleno de septiembre de 2016?” respondió el secretario que “sí”.

Previamente afirmaba que al estudiar la legislación “hay cosas que no están bien explicadas en el acuerdo nuestro de 2016 y se hace una investigación para mejorar el sistema de contratos de los directivos y de las indemnizaciones que antes no estaban”. Así explica que “se ha ido completando el acuerdo de 2016 y se ha cambiado lo que la presidencia ordenó de que se redujera el personal directivo del Grupo I”.

Uno de los puntos investigados en el caso Alqueria es si era legal el nombramiento de hasta 10 directivos en Divalterra que hizo el gobierno de Jorge Rodríguez. Estos nombramientos se pusieron en cuestión por el hecho de colocar a personas vinculadas al PSPV y Compromís. En ese caso, por el que dimitió de presidente, se acusa a Jorge Rodríguez y a otros cargos de la Corporación de prevaricación y malversación.

Etiquetas
stats