Famílies pel Valencià acusa a la conselleria de “degradar” la educación por congelar la segunda unidad en valenciano

El proceso de planificación lingüística para el próximo curso escolar ha abierto una nueva grieta entre la comunidad educativa y la Conselleria de Educación. Famílies pel Valencià denuncia que la Generalitat mantiene inmutable la configuración de la lengua base en la gran mayoría de los centros públicos que solicitaron formalmente que la segunda aula de Infantil de 3 años fuera en valenciano. Según la entidad, esta decisión ignora la voluntad expresada por un volumen significativo de familias y aboca al sistema a un escenario de graves descompensaciones entre líneas.

El origen del conflicto se remonta al criterio de asignación automática empleado por la administración autonómica. Famílies pel Valencià explica que la lengua base de estas nuevas unidades se asignó de forma exclusiva según el proceso de admisión del alumnado que ya se incorporó a las aulas de dos años durante el curso 2025/2026. Esta metodología, reseñan, deja por completo sin margen de elección y desamparadas a aquellas familias cuyos hijos e hijas se incorporarán al sistema educativo en la etapa de 3 años para el próximo curso.

La polémica se ha intensificado tras conocerse el resultado del último proceso de matrícula. La semana pasada, a raíz de una primera denuncia pública de la asociación, el departamento de Campanar abrió la puerta a posibles modificaciones al afirmar: “Si se detecta que algunas familias se quedan sin plaza en una lengua base, y se considera una oferta suficiente para constituir un nuevo grupo, se pedirá un informe a Inspección para ver la posibilidad de cambiar la lengua en un grupo siempre que no afecte el derecho del resto de alumnado”.

No obstante, la realidad en los centros dista de la flexibilidad anunciada. Desde la asociación se asegura que, durante las últimas semanas, muchos de los colegios afectados tramitaron la solicitud de evaluación a la inspección educativa y que, en la gran mayoría de los casos, estos informes técnicos resultaron positivos y favorables al cambio de línea hacia el valenciano. A pesar de contar con el aval de la propia inspección, la entidad lamenta que solo existe constancia de la rectificación efectiva de la configuración de grupos en un único centro.

Las consecuencias de esta parálisis administrativa se traducirán, según el colectivo, en un inicio de curso marcado por la precariedad pedagógica para centenares de alumnos que cursarán toda la etapa de Infantil y Primaria en un entorno deficiente. Se prevén situaciones extremas de aulas en valenciano al límite de la ratio legal que coexistirán con aulas en castellano prácticamente vacías, o directamente menores escolarizados en una lengua base que no es la primera opción escogida por sus tutores legales, explican. La asociación acusa de manera directa a la conselleria de degradar la educación en valenciano a través de la aplicación de la Ley de 'Libertad' Educativa, y lamenta que la administración “tenía en sus manos la oportunidad de escuchar las quejas y denuncias de las familias y rectificar”.

Asimismo, la asociación reprocha una manifiesta falta de transparencia durante todo el proceso de escolarización. Recuerdan que, antes del inicio del periodo de admisión, solicitaron de forma oficial una reunión con los responsables de la administración con el objetivo de conocer los pasos administrativos y los criterios objetivos para pedir la reversión de las aulas cuando la demanda del valenciano superaba el 75% de las solicitudes. Ante la falta de respuesta, la entidad exige ahora la creación de un protocolo transparente y de un canal claro de reclamaciones para evitar agravios en el derecho a una educación de calidad.

La conselleria alega legalidad y análisis caso por caso

Frente a estas acusaciones, la Conselleria de Educación defiende su gestión. El director general de Ordenación Educativa, Ignacio Martínez Arrúe, ha reaccionado a las manifestaciones de la plataforma y ha aclarado que la planificación lingüística no está cerrada, sino que el departamento de Educación “está estudiando caso por caso todas las localidades y los centros donde se ha detectado que pudiera haber una demanda no satisfecha de plazas tanto en valenciano como en castellano”. Según ha precisado el alto cargo, en la actualidad se realiza un estudio detallado de las unidades disponibles y, en consecuencia, “cuando se detecten estas demandas se procederá a ofrecer una solución, siempre que esta respete el derecho de terceras personas”.

El único punto de acuerdo por parte del colectivo de familias se localiza en las comarcas de predominio lingüístico castellanohablante. En estas demarcaciones, Famílies pel Valencià ha expresado su rotunda satisfacción por la apertura final de seis aulas en valenciano, en estricto cumplimiento de la voluntad de los padres y madres de la zona. Para la organización, este suceso constata “el fracaso de la conselleria en su objetivo de hacer desaparecer el valenciano de estas comarcas”, y califica la decisión de “triunfo de la firmeza de las familias que han luchado”.

Sin embargo, la visión de la conselleria es radicalmente diferente. El director general ha matizado que esta apertura de líneas no responde en absoluto a ningún tipo de rectificación o concesión extraordinaria por parte de la Generaltitat. “La ley establece por defecto la creación de unidades en castellano y, si hay demanda de valenciano, se abren las unidades necesarias. No se trata por tanto de rectificaciones de la conselleria, sino del procedimiento que establece la ley”, ha remachado.

Famílies pel Valencià insiste de forma categórica en que todos los problemas organizativos, la falta de atención a la demanda y la pérdida de derechos lingüísticos son la consecuencia directa de la aplicación de la vigente Ley Rovira, por lo que se reafirman en su posicionamiento inicial y vuelven a exigir formalmente su inmediata derogación para restablecer el equilibrio lingüístico en las aulas valencianas.