La Fiscalía del Tribunal de Cuentas excluye a la jefa de gestión de la EMT de la causa por las jubilaciones parciales que pactó el PP

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas se ha adherido a la demanda de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia contra Andrés Bernabé, director gerente y director de Recursos Humanos, y Carlos Romero, que tomó el relevo del anterior en 2016.

Así, la Fiscalía de la sección de enjuiciamiento acepta excluir a María Rayón, directora del área de finanzas, por los salarios abonados entre marzo y mayo del 2018. El tribunal que vela por las cuentas públicas cifró en 1,2 millones de euros el perjuicio económico de las jubilaciones pactadas por la anterior dirección del PP.

Desde 2001, con Rita Barberá de alcaldesa, la empresa pública pagó unas remuneraciones a los jubilados parciales, con una reducción de jornada del 85 por ciento, que al acogerse a esta modalidad no acudían a trabajar los 131 días que les correspondían sino solo 65 aunque cobraban y cotizaban por el total, de modo que eran remunerados por jornadas de trabajo no realizadas.

Con el cambio de gobierno municipal, los nuevos responsables de la EMT detectaron presuntas irregularidades en los pagos y se inició una guerra abierta con el Comité de Empresa, que insistía en la legalidad del acuerdo.

La investigación del Tribunal de Cuentas incluía, además de Andrés Bernabé y Carlos Romero, a María Rayón, directora del área de finanzas, por los salarios abonados entre marzo y mayo del 2018.

La representación letrada de la EMT, sin embargo, alegaba que Rayón fue una de las personas clave que ayudaron a destapar la presunta ilegalidad de las jubilaciones pactadas. Así, la sección de enjuiciamiento de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas se ha adherido a la demanda de la EMT, “sin perjuicio de lo que pudiera resultar procedente a resultas de la tramitación del procedimiento”.

La instructora del Tribunal de Cuentas reconoció que Rayón formó parte del equipo que investigó internamente los hechos tras tener conocimiento los responsables de la empresa de la posible irregularidad en diciembre del 2017. La instructora señala que Rayón “participó activamente en solucionar la conducta irregular”. La instructora no descarta que la directiva pudiera ser exonerada en la siguiente fase jurisdiccional. 

Los otros dos directivos alegaron que no se había producido un perjuicio económico dado que los pagos eran obligatorios y aluden a la prescripción de los hechos y a la ausencia de dolo, culpa o negligencia grave.