La Generalitat cuestiona en su código ético placas conmemorativas como la que firma la rectora de la Universitat de València en la valla antibotellón

La Generalitat Valenciana pedirá al la Universitat de València (UV) que asuma los compromisos del código de buen gobierno, un documento que recoge algunas nociones de ética pública y desarrolla la ley de Transparencia. El código, aprobado en 2016 por la Conselleria de Transparencia, es de obligado cumplimiento para el Consell, las Corts Valencianes y organismos públicos que de ellas dependan, y es aplicable “de manera voluntaria” a las instituciones que lo suscriban, acción que no ha realizado la Universitat de València.

La conselleria que dirige Rosa Pérez Garijo baraja extender la oferta a las universidades públicas, puesto que sus comopromisos éticos son más ambiciosos que los de autorregulación de las instituciones acadámicas. En el caso de la UV, las alarmas saltaron al ver la placa conmemorativa por la valla que rodea el campus de Tarongers, una obra de 3 millones de euros que ahora cuenta con un distintivo con el nombre de la rectora y el decano de la facultad de Economia. Según el código de buen gobierno, los firmantes “se abstendrán de participar en actas de inauguración de obras no finalizadas, de inauguración de servicios que no estén en funcionamiento o de colocación de primeras piedras o similares”.

Ignorar el código ético implica quedar fuera de limitaciones salariales, de transparencia o de gestión, como no tener que declarar los regalos recibidos -algo que sí hacen parlamentarios y consellers, publicando hasta si reciben camisetas o bombones-, o renunciar a poner placas con nombre y apellidos. El pasado noviembre, un informe de la Intervención General, dependiente de la Conselleria de Hacienda cuestionaba las retribuciones del equipo directivo, en especial la del gerente que cobra un 23% más que el Presidente de la Generalitat, Ximo Puig, según una fórmula aprobada en 2008, indicó la universidad en su día.

En un encuentro posterior, los sindicatos afearon a la UV la “mala imagen” que daban estas retribuciones, un término que vuelve a repetirse con la placa de la cerca, bromas sobre Donald Trump incluidas. La excusa de combatir el botellón sirve para cerrar la universidad y alejarla de la ciudad, como indica el economista y especialista en urbanismo Ramón Marrades en su columna ¡Abajo el muro de la universidad! en Valencia Plaza. Marrades indica que la construcción de un muro que aísle el campus, además de poco eficaz contra el fin que persigue, camina hacia la tendencia contraria del urbanismo actual, que aboga por abrir los espacios en lugar de aislarlos como si existiera algún peligro.

El código ético de la Generalitat asume la rendición de cuentas como un “principio básico de actuación” y señala que, en el ámbito de sus funciones, los firmantes actuarán “con transparencia en la publicación de sus compromisos de actuación y en el diseño de las políticas públicas que lleve a cabo la institución o entidad a que pertenezcan. En el ámbito de sus funciones rendirán cuentas de sus actuaciones ante la ciudadanía”. La Universidad publica la composición y obligación de todos sus cargos y órganos, el presupuesto y su nivel de ejecución, pero no entra en otros aspectos como los obsequios o las declaraciones de bienes y patrimonio.

En una época en la que la transparencia es un imperativo legal y moral para las instituciones públicas, resulta complicado entender que una institución académica con cinco siglos de historia y financiada con fondos públicos no haga gala de la misma y no tenga desarrollado un código de buen gobierno propio o se haya adherido a los ya existentes, como admite la propia universidad. Segúun explica la instituticón, está trabajando en el desarrollo de sus propios compromisos éticos. El equipo del exconseller de Transparencia Manuel Alcaraz explicó el pasado año a elDiario.es que se acabó eximiendo a los directivos de las universidades de la publicación de algunas cuentas por presiones de la comunidad universitaria, que alegaba no querer hacer públicos los ingresos por investigaciones o patentes.