La gestión del personal de los hospitales privatizados rescatados divide a los socios del Pacto del Botánico

Aunque resulte contradictorio, un asunto en el que hay pleno consenso en el seno del Gobierno valenciano del Pacte del Botànic como es la reversión de los servicios y departamentos de salud privatizados, ha acabado por generar división entre los socios ante la falta de acuerdo sobre la fórmula para asumir a los profesionales que pasan de depender de una empresa privada a la administración pública.

La Generalitat Valenciana optó en abril de 2018, cuando asumió la gestión directa del hospital de Alzira tras finalizar la concesión a Ribera Salud, por la figura del personal laboral a extinguir, una fórmula que mantiene el estatus que los trabajadores tienen en la empresa privada en el sector público, sin superar pruebas selectivas, y que protege su puesto de trabajo, pero sin llegar a los derechos de los funcionarios. El modelo suponía una novedad legislativa, ya que la Generalitat no había revertido ningún servicio, por lo que las dudas sobre su viabilidad aumentaron.

Esta modalidad contó incluso con el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que en un fallo consideró que los trabajadores asumidos por la administración pública de una empresa privada no tienen que pasar una oposición para acceder al trabajo.

Sin embargo, ante la necesidad de asumir al personal de las resonancias magnéticas, servicio hasta ahora externalizado, y del hospital de Torrevieja con 1.400 empleados, ante la finalización de la concesión otorgada a la empresa Ribera Salud el próximo mes de octubre, desde la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, gestionada por la socialista Ana Barceló, se descolgaron hace semanas con la posibilidad de crear la llamada Empresa Pública de Salud (EPS) con el objetivo de asumir a todo este personal, una opción a la que se ha opuesto Compromís y sobre todo, de forma más vehemente, Unides Podem.

Según fuentes consultadas de la formación morada que lidera la coordinadora y portavoz en las Corts Valencianes, Pilar Lima, “la posibilidad de crear una empresa pública nunca se habló entre los socios del Botànic, lo hablado era seguir con el modelo de Alzira, era lo acordado y lo que se había escuchado hace tiempo de la Conselleria de Sanidad, hasta que aparece el borrador del decreto de la creación de la empresa pública vía resolución en la web de la Sanidad”.

Las mismas fuenten añaden que “es en ese momento, hará unos dos meses, cuando arranca el conflicto, pero son los socialistas los que se desmarcan de la fórmula de la gestión directa porque Compromís, aunque reaccionó más tarde, y Unides Podem, estamos en lo acordado, que era seguir con la misma fórmula que se siguió en Alzira”.

También el comité de empresa de Torrevieja, así como sindicatos como Comisiones Obreras, están en contra de la fórmula de la EPS para asumir a los empleados de las concesiones y servicios privatizados.

Fuentes de Compromís, por su parte, consideran que “hace falta más diálogo en este tema como lo demuestra que, además de los socios del Botànic, los sindicatos también se han pronunciado en contra”.

Desde Sanidad, sin embargo, defienden que a los trabajadores de Alzira también habría que integrarlos en la EPS puesto que cuando se recuperó la gestión pública de su hospital no había nada creado y por ese motivo se creó la figura del personal laboral a extinguir, pero tienen carencias como por ejemplo la imposibilidad de cambiar de departamento.

La consellera del ramo, Ana Barceló, negó esa falta de diálogo al afirmar que “se están manteniendo reuniones con la junta de personal y el comité de empresa no una vez, dos, tres, cuatro, cinco reuniones en Torrevieja y en València” y afirmó que “se están analizando los distintos modelos que pueden existir para la incorporación a la gestión pública del departamento de Torrevieja, una vez que el próximo mes de octubre finalice el contrato con la concesionaria”.

Como informó elDiario.es, ante la enorme distancia en las posiciones existente entre el PSPV, partidario de la empresa pública, y Compromís y Unides Podem, contrarios a su creación, el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, anunció que de momento se aplaza su aprobación prevista para el pleno de este viernes.

Así, el asunto finalmente no llegará a tratarse y deberá buscarse un acuerdo que en estos momentos parece complicado y contra reloj, puesto que en octubre los sanitarios de Torrevieja pasarán a depender de la administración y dos años más tarde sucederá lo propio con el hospital de Denia, cuya concesión finaliza en abril de 2023.

Las discrepancias se pusieron de manifiesto en la junta de síndics de las Corts Valencianes del pasado martes 1 de junio. Para Manolo Mata (PSPV), esta fórmula es “la más digna posible”, tanto por rigor jurídico como para garantizar los derechos laborales, y que los trabajadores de Torrevieja estarán mejor “como ha pasado con la Ribera”, el departamento de Alzira (Valencia) que pasó a gestión pública en 2018 y donde “se montó un pollo tremendo y ya es un hospital público más”. Mata afirmó que el debate sobre una empresa pública es “un tanto perverso” ya que también es “100% pública” y con controles.

El síndic de Compromís, Fran Ferri, apostó por el modelo Alzira ya que “nadie ha ofrecido una propuesta mejor”. Por ello, ha pedido “agotar todas las vías de negociación colectiva”, aunque “si alguien pone una propuesta mejor sobre la mesa, se estudiará”.

Por su parte, la portavoz de Unides Podem, Pilar Lima, también abogó por el modelo Alzira para garantizar una “gestión pública directa al 100%”, y subrayó: “Bromas ninguna sobre este tema tan serio”. Lima añadió que si con el modelo Alzira se consiguió, se deberían “seguir los mismos pasos para Torrevieja y posteriores hospitales”.