El Gobierno valenciano tramita un 1,4% de las 94.000 denuncias por incumplir las medidas sanitarias y contrata a 52 técnicos para agilizarlas

El aluvión de denuncias impuestas en los últimos meses relacionadas con el incumplimiento de las medidas sanitarias para frenar la pandemia no caerán en saco roto, aunque tardarán en llegar a los infractores debido al colapso que ha sufrido el servicio del Gobierno valenciano encargado de su tramitación.

Fuentes de la Conselleria de Justicia han informado a elDiario.es que desde el pasado 25 de julio, día que entró en vigor el Decreto del Régimen Sancionador sobre incumplimiento de las medidas para evitar la propagación de la COVID-19, el número de denuncias ha crecido de manera exponencial.

En concreto, hasta ahora se han impuesto más de 94.000 propuestas de sanción, de las cuales, más del 95% son leves (uso inadecuado de mascarilla la inmensa mayoría).

De ellas, se han introducido ya los datos en el programa de gestión de sanciones un total de 12.993 denuncias impuestas por agentes de más de 200 cuerpos de Policía Local, Nacional, de la Generalitat y Guardia Civil. De ellas, 12.118 lo son por infracciones relacionadas por no llevar mascarilla o el mal uso de la misma. De las 12.993 se han iniciado ya 5.438 expedientes y se han finalizado un total de 1.323, es decir, un 1,4% del total.

El Servicio de Espectáculos y Establecimientos Públicos, departamento dependiente de la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias encargado de su tramitación, contaba antes de la pandemia con tan solo cinco funcionarios y estaba dimensionado para absorber entre 250 y 300 denuncias al año en el ámbito de su competencia, con lo que semejante aluvión de denuncias sobrepasa su capacidad de trabajo a pesar de que se iniciaron los trámites para ampliar el personal del servicio en 14 personas a principios de otoño.

Sin embargo, al resultar insuficiente este refuerzo, se ha puesto en marcha un Plan de choque presupuestado en 5,3 millones de euros: “Gracias a él se procederá a la contratación de una empresa especialista en la gestión de multas y la ampliación del servicio en 52 personas más (25 técnicos jurídicos, 10 administrativos y 17 auxiliares) a fin de abordar la carga de trabajo. A ello hay que unir la contratación de un servicio especial de Correos (por valor de 1,2 millones de euros, incluidos en los 5,3 millones del Plan) para poder realizar todas las notificaciones tal y como establece la normativa”, han informado desde Justicia.