La educación sigue siendo el tema que copa las quejas al Síndic de Greuges
La supresión de unidades concertadas de bachillerato en centros educativos de la Comunitat Valenciana y la “disconformidad” con el nuevo modelo lingüístico educativo generaron 5.765 quejas al Síndic de Greuges en el pasado ejercicio de 2017, mientras que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra fue la administración que más peticiones de información de esta institución no contestó o lo hizo con cuatro meses de retraso, lo que obligó a dictar resoluciones sin su respuesta.
Así consta en el informe anual de 2017 de la institución que este miércoles, el Síndic Mayor, José Cholbi, ha entregado al presidente de Les Corts, Enric Morera, y que, posteriormente ha presentado a los medios de comunicación acompañado por los síndics adjuntos, Carlos Morenilla y Ángel Luna, quien ha afeado al departamento de Oltra su “falta de colaboración”, lo que, a su juicio, “no favorece para nada al prestigio de la institución”.
El documento recoge que en el pasado ejercicio se llevaron a cabo 30.136 actuaciones en defensa de la ciudadanía, de las cuales 17.544 corresponden a quejas tramitadas por la institución, 39 fueron de oficio, y 12.592 a consultas atendidas por la Oficina de Atención a la Ciudadanía. En cuanto a la procedencia, el 1,36 por ciento, unas 235 quejas, fueron en la provincia de Castellón; el 35,99%, 6.241, en la de Valencia y el 62,65%, 10.863 en la de Alicante.
Respecto a las principales quejas, el 59% de los problemas que investigó el Síndic en 2017 estuvieron relacionados con la prestación de servicios públicos básicos del estado de bienestar como la educación, sanidad, atención a la dependencia, servicios sociales, vivienda o igualdad. En concreto, es el ámbito de la educación el que concentra el mayor número de quejas, con un total de 6.661, de las que 5.147 corresponden a acciones por la supresión de las unidades concertadas en bachillerato y 618 por la “disconformidad” con el nuevo modelo lingüístico.
No obstante, también las hay por la atención “deficitaria” a menores con necesidades educativas especiales o por la falta de personal para solventar los problemas de higiene en aulas de 3 años.
En materia de Medio Ambiente, la institución tramitó un total de 2.891 quejas, de las que 1.322 fueron por el tratamiento de aguas residuales en la Isla de Tabarca y 341 estuvieron relacionada con los problemas del ruido en el barrio de Russafa de València, mientras que en el área de sanidad se recibieron 2.290 quejas, 1.183 por la falta de desfibriladores en instalaciones deportivas y otras relacionadas con las listas de espera o las infraestructuras sanitarias.
En materia de dependencia, las quejas por la aplicación de la ley alcanzaron las 937 y las más habituales se refirieron a los retrasos en el reconocimiento de las prestaciones reconocidas en la norma o con el retraso en la grabación de solicitudes. También fueron frecuentes las quejas en materia de responsabilidad patrimonial por fallecimiento de solicitante de la declaración de dependencia.
Las quejas en servicios locales llegaron a las 937; en empleo público fueron 338; en servicios sociales se recibieron 281, especialmente por retrasos en valoración del grado de discapacidad o por la renta garantizada de la ciudadanía, mientras que urbanismo acumuló 279 quejas; hacienda pública, 157 por temas relacionados con los tributos gestionados por los ayuntamientos o la administración autonómica; y vivienda concentró 133, principalmente por demoras en el acceso a inmuebles públicos por parte de los colectivos más desfavorecidos.
