Los informes de la Agencia Valenciana Antifraude exponen a empresas privadas y anonimizan a instituciones públicas

La Agencia Valenciana Antifraude (AVA) ha publicado en lo que va de año un total de siete fichas de investigación. El organismo dirigido por Eduardo Beut, nombrado por PP y Vox, aplica una llamativa política de transparencia que contrasta con la etapa de su predecesor, Joan Llinares. Los resultados de las investigaciones de Antifraude ya no se publican con los informes de conclusiones completos, sino un breve resumen que, en algunos casos, apenas ocupa una página. Además, la anonimización de las fichas supone un alto grado de opacidad que impide conocer a qué ayuntamiento o institución se refieren. Sin embargo, Beut aplica una doble vara de medir que oculta a los ayuntamientos y expone a instituciones como un consorcio e incluso a dos empresas privadas.

Tres de los informes publicados este 2025 hacen referencia a ayuntamientos o al ámbito municipal. Se trata de presuntas irregularidades de “el Ayuntamiento”, en materias como personal, provisión de puestos de la Policía Local o inacción ante una infracción urbanística. Se desconoce de qué consistorios se trata. Antifraude también oculta a qué empresa pública municipal se refiere una de las fichas de investigación, relativa a nombramientos de puestos de alta dirección. Y eso que se trata de entidades públicas.

Por el contrario, otra de las fichas sí que desvela que Antifraude ha llevado a cabo pesquisas sobre una “presunta irregularidad contractual y posible incompatibilidad” en el Consorcio Vega Baja Sostenible. El informe incluso alude al puesto en concreto del que una alerta a Antifraude avisó: el de secretario del consorcio.

Sin embargo, el ejemplo más llamativo es un informe sobre licencias de dos “establecimientos abiertos al público”. En este caso, la AVA detalla que se trata del Ayuntamiento de Xàbia e incluye, negro sobre blanco, los nombres de los dos locales en cuestión: los restaurantes Fanatical y Geographic.

Del primero, la ficha de investigación indica que “sigue sin acreditar” la concesión administrativa para ejercer su actividad en la zona afectada por servidumbre de protección. También sostiene que “se debería iniciar” el expediente de infracción urbanística para ejecutar la demolición de obras “realizadas sin licencia e ilegalizables”, en referencia al cerramiento de una terraza.

Del segundo restaurante, Antifraude asegura que no cuenta con la licencia de funcionamiento ni con el informe preceptivo del departamento autonómico de Costas.

Beut despacha la publicación cada mes

El director de la AVA, Eduardo Beut, manifestó en su última comparecencia ante los medios de comunicación, en las Corts Valencianes, que el nuevo procedimiento de publicación de los informes de la agencia respondía a la necesidad de evitar la exposición de los protagonistas de las investigaciones por irregularidades, especialmente en ayuntamientos.

Beut dictó una instrucción interna, el pasado 11 de noviembre, que regula la publicación de las resoluciones finales de investigación en el Portal de Transparencia de la AVA. En ese documento, explica que en la etapa anterior de Llinares se publicaba el “contenido íntegro pero anonimizado”.

“La enorme repercusión mediática que se ha publicado con la publicación realizada de esta manera sugiere que se estudie la manera de continuar con la publicación de dicha información sin afectar de una manera tan gravosa a los derechos de las personas afectadas por el contenido de dichas resoluciones”, afirma la instrucción.

Con el nuevo procedimiento, el director de Análisis e Investigación de la AVA encarga mensualmente a los funcionarios habilitados para la publicación en el Portal de Transparencia, siempre “previo despacho” con Eduardo Beut, máximo responsable de Antifraude.

¿Por qué los informes publicados en 2025 contienen esa doble vara de medir? La AVA no ha contestado las preguntas de elDiario.es, una dinámica constante con los medios de comunicación en la etapa de Beut al frente de Antifraude.