La Junta Electoral Valenciana da ocho meses para reunir firmas a la iniciativa ultra que criminaliza a la oposición

Juan García Sentandreu, exfalangista e histórico dirigente de la ultraderecha anticatalanista, tiene ocho meses de plazo para reunir firmas para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretende aprobar una Ley de Señas de Identidad que criminaliza a la oposición y pide la prohibición del uso del término País Valenciano (reconocido en el preámbulo del Estatut d'Autonomia) o de la defensa de la unidad de la lengua catalana. La Junta Electoral Valenciana, según un acuerdo del pasado 11 de diciembre firmado por su presidenta, Pilar de la Oliva, concede el plazo que marca la normativa autonómica en materia de ILP para reunir las firmas por parte de la comisión promotora.

La resolución indica que el texto de la proposición de ley “al alcance de la ciudadanía” debe estar escrito tanto en castellano como en valenciano, “para garantizar sus derechos lingüísticos”. En los pliegos se debe indicar, ademas de la firma, el nombre, los apellidos y el número del Documento Nacional de Identidad , además del municipio.

La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana también autoriza a la Oficina del Censo Electoral para que pueda “validar y certificar por muestreo aleatorio” las firmas de la ILP, tal como marca la normativa.

La polémica iniciativa, liderada por Juan García Sentandreu, ha sido criticada por los dos partidos de la oposición. Con la admisión a trámite de la propuesta por parte de las Corts Valencianes, resucita el debate sobre la Ley de Señas de Identidad, aprobada por el PP en 2015 y derogada por el Gobierno del Pacte del Botànic.

El texto de García Sentandreu, de dudoso encaje constitucional, pide que se sancione a, entre otros, cualquier institución, empresa e incluso particular que abogue por la unidad de la lengua catalana, reconocida por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Se trata de un disidente de Vox, con un largo currículum en la extrema derecha, que en 2020 denunció a José María Llanos, actual portavoz del partido de Santiago Abascal en las Corts Valencianes, por un supuesto “fraude” en el proceso interno de primarias. 

La iniciativa es idéntica a la que el exfalangista propuso en 2008 y que no fue admitida a trámite por la cámara autonómica, con mayoría del PP. Con la reforma de la ley que regula las ILP (aprobada en 2017, durante el periodo del Pacte del Botànic), la iniciativa encaja en los supuestos para ser admitida a trámite, según alegan los informes jurídicos del Parlamento valenciano.

Además, el grupo impulsor tiene derecho a una compensación de hasta 18.000 euros, según la normativa autonómica en materia de ILP.