Los juzgados valencianos encabezan las causas por corrupción: 69 acusados en seis procedimientos
Los juzgados valencianos mantienen a 62 personas acusadas en seis procedimientos por corrupción, además de siete personas jurídicas. Los casos 'Taula', 'Erial' o 'Azud', son algunas de las causas más conocidas por presuntos delitos vinculados a la corrupción de la era del PP. Así, los juzgados valencianos encabezan la lista oficial de juicios o procesamientos por corrupción, según la lista oficial elaborada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los jueces y juezas españoles concluyeron en el segundo trimestre de este año un total de 22 procedimientos por corrupción (seis de los cuales corresponden a juzgados valencianos), en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra un total de 170 personas que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos. De ellas, 134 eran personas físicas y 36, personas jurídicas.
La tabla “permite a la ciudadanía conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores —personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas—, que se actualizan de forma trimestral”, explica el CGPJ.
“Los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política”, agrega el órgano de gobierno de los jueces.
Por debajo de la Comunitat Valenciana, se sitúa Andalucía (con 35 acusados y 27 personas jurídicas en una decena de procedimientos); Madrid, con 10 acusados y dos personas jurídicas en tres causas distintas, y Baleares, con seis acusados en un único procedimiento.
Entre los meses de enero y marzo de este año, los juzgados y tribunales dictaron un total de 19 sentencias en procedimientos por corrupción. De ellas, 12 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 63,1% del total.
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