Mazón detalla este martes su plan para construir 10.000 viviendas protegidas siete meses después de anunciarlo

Siete meses después del anunciado plan para construir 10.000 viviendas protegidas en la Comunitat Valenciana durante la presente legislatura, el presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, ofrecerá detalles sobre el mismo.

Lo hará este martes en una comparecencia, pero este lunes ya avanzó que se denominará ‘Plan Vive’ y que las viviendas serán “en régimen de venta y alquiler para dar respuesta a una necesidad de miles de jóvenes y familias de nuestra Comunitat”.

Mazón afirmó que “se trata de una iniciativa ambiciosa y necesaria que desarrollaremos en colaboración con ayuntamientos y el sector privado para cumplir con nuestros ciudadanos y con una necesidad social desatendida durante los ocho años de Gobierno de Ximo Puig”.

En este sentido, el jefe del Consell criticó que en la etapa del Botànic no se construyera “ni una sola vivienda de protección oficial”, y lamentó “dos legislaturas perdidas, sin planificación ni gestión, que se han traducido en una situación de precariedad para miles de familias y jóvenes de nuestro territorio”.

Lo cierto es que el anterior ejecutivo de izquierdas, sin renunciar a la construcción con proyectos ya en marcha como la torre principal de Sociópolis, priorizó la rehabilitación del parque público, muy deteriorado tras los 20 años de gestión del PP, y la compra mediante el derecho de tanteo y retracto, una solución más rápida para dar respuesta a la emergencia habitacional por la que se han sumado más de 1.000 viviendas al parque público de la Generalitat en los últimos años.

En 2015, había 700 viviendas de las 12.000 del parque público vacías en estado casi ruinoso y existía una deuda de la Generalitat con los ayuntamientos de 7,5 millones de euros por impagos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Además, en julio de 2016 la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo envió una carta a la Generalitat solicitando “información adicional” sobre los impagos en ayudas a la vivienda que se produjeron durante la gestión del PP, y que afectó a más de 60.000 familias alcanzando una deuda que, según la plataforma de afectados, podría rondar los 338 millones de euros.

“La legislatura de la vivienda”

El máximo representante del Ejecutivo valenciano, Carlos Mazón aseguró que “esta será la legislatura de la vivienda” y señaló que, frente al abandono del anterior Consell, “ahora vamos a actuar desde la rigurosidad y la planificación para dar respuesta al problema del acceso a la vivienda con un plan real, con medidas y objetivos concretos”.

El president reafirmó su compromiso con la construcción de inmuebles asequibles durante estos meses con pasos en firme como la adquisición de un edificio en Sociópolis en el sector de la Torres de València de 124 viviendas o el anuncio de la construcción de 600 nuevas viviendas de protección pública en la Comunitat Valenciana con un presupuesto de 30 millones de euros con fondos europeos “que son la antesala de lo que está por venir”.

“Nuestro objetivo para esta legislatura es dotar a los ciudadanos de nueva vivienda, pero también facilitarles herramientas para acceder a un recurso básico a través de las ayudas al alquiler, el bono vivienda joven o incentivos ficales”, aseguró Mazón.

Medidas Fiscales para facilitar el acceso a la vivienda

El jefe del Consell recordó las medidas fiscales puestas en marcha para facilitar el acceso a la vivienda para menores de 35 años y colectivos más vulnerables.

Así, se refirió a la rebaja del 25% del impuesto de la vivienda “que supone un ahorro de casi 20 millones de euros para nuestros ciudadanos y que está reactivando el mercado de la vivienda”.

Carlos Mazón recordó que la Generalitat ha rebajado al 6% el tipo de las transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) por compra de vivienda habitual por parte de jóvenes menores de 35 años y también para compradores de viviendas de protección oficial de régimen general, en ambos casos con un valor de la vivienda de hasta 180.000 euros.

Por su parte, para la adquisición de viviendas de protección oficial de régimen especial o si los compradores son familias numerosas y familias monoparentales o personas con discapacidad y mujeres objeto de violencia de género que adquieran una vivienda, el tipo superreducido pasa a ser del 3%. También en estos casos el límite del valor de la vivienda se fija en 180.000 euros.