El Gobierno valenciano aumenta en 1.000 viviendas el parque público, pero 4.300 familias siguen en lista de espera

La burbuja de los precios de alquiler que se vive en toda la Comunitat Valenciana, y especialmente en València, causada, en parte, por el aumento de la oferta del alojamiento turístico en detrimento del residencial, se ha convertido en un importante problema para gran cantidad de personas que no pueden acceder a una vivienda en condiciones por los altos precios.

En concreto, en València ciudad, el precio medio de alquiler durante el pasado año fue de 789 euros al mes, un 57% más que en el año 2012 (dato más bajo desde 2007), cuando arrendar un inmueble en la capital costaba de media 456 euros, según el portal inmobiliario Fotocasa.

Ante esta situación, el Gobierno valenciano viene desarrollando diferentes políticas para frenar la especulación y aumentar el parque público de viviendas que a día de hoy asciende a 12.765, un total de 1.057 más desde el año 2015, cuando se produjo el cambio al frente de la Generalitat e inició su andadura el Pacto del Botánico.

Según han informado fuentes de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática que dirige el vicepresidente, Héctor Illueca, 805 de estos nuevos inmuebles se han sumado en los tres últimos años, gracias principalmente a la compra directa mediante el derecho de tanteo y retracto por el cual la administración cuenta con preferencia para adquirir casas en grandes operaciones entre agentes inmobiliarios.

También mediante los concursos convocados en los cuales los particulares pueden optar a vender sus inmuebles o mediante la adquisición directo por motivo de emergencia habitacional en las zonas de alta necesidad.

Pese a los esfuerzos, las cifras siguen siendo insuficientes ya que según las mas mismas fuentes, en estos momentos hay 4.382 familias en el nuevo registro de demandantes de vivienda pública que se creó el pasado 6 de agosto, con el objetivo de centralizar y filtrar datos, puesto que el anterior listado estaba desfasado, existían duplicidades al haber personas apuntadas en varios censos o no se daban de baja pese a dejar de ser demandantes. Aún así, a todos los apuntados anteriormente se les dio un plazo de seis meses para apuntarse al nuevo registro.

Por otra parte, la Conselleria sumará próximamente al parque público otras 552 viviendas que están en proceso de rehabilitación por sus malas condiciones de habitabilidad y además otras 927 están en fase de quedar liberadas ya que fueron ocupadas ilegalmente y los moradores se han negado a regularizar su situación mediante el abono de un mínimo alquiler social simbólico. En estos casos se les busca otro recurso y si no cumplen los requisitos de vulnerabilidad, se activa el desalojo.

Además, el departamento de Vivienda cuenta para este año con una partida presupuestario de 34 millones de euros para la compra de vivienda, con los que se prevé adquirir 450 inmuebles.