Tanquem Cofrents rechaza la renovación de la licencia de la central nuclear y lamenta la “cobardía del Gobierno ante la presión del oligopolio eléctrico”

La plataforma Tanquem Cofrents considera que la renovación de la licencia de funcionamiento de la central nuclear es un “error mayúsculo”. “En vez de avanzar hacia la transición ecológica del sistema eléctrico, para la cual la energía nuclear supone una auténtica rémora, el ministerio dirigido por Teresa Ribera ha optado para autorizar que la central pueda funcionar hasta noviembre de 2030”, señala el colectivo cívico: “Es decir, ha prolongado su periodo de funcionamiento hasta los 47 años, mucho más allá del contemplado en su diseño, que son unos 25 años de media, y bastante más que los 40 años que marcaba el PSOE en su programa electoral, como tiempo máximo de funcionamiento”.

Tanquem Cofrents opina que el proceso de renovación de la licencia ha sido “irregular y poco transparente”. De hecho, sostienen, que ni siquiera se ha realizado una evaluación de impacto ambiental de esta prolongación del funcionamiento de la central, “igual que tampoco hubo para su construcción”. Sin embargo, “hay una cosa más importante que los requisitos formales, y es el hecho que Cofrents es una central envejecida y deteriorada, con un largo historial de averías”. Aseguran desde la plataforma que se trata de una central “insegura”, que se ha dirigido“ anteponiendo los beneficios económicos y a la que el mismo CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) atribuye una baja cultura de seguridad”. Es además, una central “sucia, que no deja de producir toneladas y toneladas de residuos radiactivos, para los que no hay tratamiento posible y que serán mortales durante centenares de miles de años”. 

“Hablamos de una central innecesaria, puesto que su producción es fácilmente sustituible con medidas de ahorro, de eficiencia energética y con la implantación de las energías renovables. Acaba siendo una central cara, la propietaria de la cual, que es Iberdrola, afirma que con su funcionamiento no cubre sus costes y que consume ingentes cantidades de agua, que necesitamos para otros usos. Estamos ante una central la sustitución de la cual por energías renovables supondrá en un futuro la enorme creación de puestos de trabajo”, insisten. 

El Gobierno “ha cedido” a la presión del “oligopolio eléctrico”

La única explicación para esta decisión “política” del Ministerio, “que va tan claramente contra los intereses generales de la sociedad”, sentencian que es que el Gobierno “ha cedido a la presión y el dictado de las empresas del oligopolio eléctrico”. “Tal vez de aquí salga una nueva tanda de puertas giratorias de exministras y altos cargos del gobierno, colocados en consejos de administración y asesorías muy pagadas dentro de estas mismas empresas”, manifiestan desde Tanquem Cofrents.

“Cuando la misma Iberdrola afirma que mantener funcionando Cofrents le supone pérdidas, la única explicación posible porque esta empresa haya pedido prolongar su actividad y el ministerio se la haya concedido es, que espera obtener beneficios de otra forma”, indican desde el colectivo: “Una maniobra que Iberdrola y el resto de empresas del oligopolio eléctrico han repetido más de una vez con los costes de la moratoria nuclear, los costes de transición a la competencia, los pagos por capacidad, etc.”.

Tanquem Cofrents considera previsible, por lo tanto, que dentro de poco el Gobierno apruebe un régimen de pagos especial para las centrales nucleares, “fuera del mercado, y por encima de sus precios, como ya están pidiendo las empresas con nucleares. O bien, que Cofrents cierre en unos años por no poder competir económicamente con las renovables y pido un lucro cesante en el estado, en un nuevo caso 'Castor'. Siempre con el consiguiente aumento de precios de la electricidad para el consumidor y beneficios garantizados para estas empresas”.

En cualquier caso, la plataforma Tanquem Cofrents y el MIA (Movimiento Ibérico Antinuclear) continuarán luchando porque la central de Cofrents y el resto de nucleares cierren “cuanto antes mejor, en una campaña apoyada, según todas las encuestas, por la inmensa mayoría de la ciudadanía”. El objetivo es conseguir una “transición acelerada hacia un sistema eléctrico limpio, democrático y socialmente responsable, necesaria para evitar las peores consecuencias del cambio climático, que estamos ya sufriendo”.