La nueva Ley de Renta Valenciana de Inclusión “desvirtúa el modelo inicial y recorta derechos. Es una ley de 'exclusión' social”

El pleno de las Corts daba aprobaba el pasado miércoles la nueva ley de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), que actualiza la regulación vigente para “adaptarla a las nuevas realidades sociales y económicas” y que entrará en vigor en octubre de 2026. La estimación de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia es que la reforma permitirá ampliar la cobertura a más de 7.000 nuevas familias, alcanzando así un total de más de 37.000 hogares.

El Consell Valencià de Treball Social (CVTS), que agrupa a los tres colegios profesionales de Trabajo Social de Castelló, València y Alicante, ha manifestado su rotundo desacuerdo con este proyecto de ley. Pese a que destacan que el Consell ha mantenido una “actitud proactiva” durante todo el proceso de diseño y tramitación, la entidad considera que el texto final ha sufrido una deriva que, “en lugar de avanzar en justicia social, levanta nuevas barreras para las personas en situación de exclusión”. “El dictamen final ha ignorado las advertencias de las profesionales”, denuncian.

“No podemos mantener el respaldo a una ley que ha sido desvirtuada en su trámite parlamentario”, ha declarado María José Pérez, presidenta del Consell Valencià de Treball Social y del Col·legi de Castelló. “Lo que nació como un proyecto para ampliar derechos se ha convertido en una norma que impone límites temporales injustificados. La RVI, que inicialmente se concedería mientras persistiera la necesidad, se limitará ahora a seis años, renovables por tres más. Obligar a las personas a demostrar cíclicamente su vulnerabilidad extrema no solo es burocráticamente ineficiente, sino que atenta contra su dignidad”, añade Pérez.

Uno de los puntos más críticos para el colectivo es la eliminación de la cláusula de excepcionalidad. Hasta ahora, el sistema permitía atender casos de especial vulnerabilidad que no cumplían estrictamente todos los requisitos, siempre bajo el diagnóstico de las profesionales de atención primaria básica. “Al eliminar la excepcionalidad, se anula la mirada social sobre la realidad y se deja desamparadas a personas en situaciones sobrevenidas que no pueden esperar a acreditar requisitos de residencia o antigüedad”, advierte la presidenta.

Nuevas barreras y estigmatización de la pobreza

El Consell denuncia la introducción de nuevos motivos de exclusión que consideran “ajenos a la lógica de la protección social”. Entre ellos, destaca la prohibición de acceso a la renta para quienes, a pesar de su situación de precariedad extrema, hayan sido sancionados administrativamente, mediante resolución judicial firme y en los doce meses anteriores a la solicitud, por determinados delitos, “un elemento que resulta profundamente excluyente y va en contra de la propia finalidad de la renta, que es la inclusión social”. También se limita este derecho a quienes se encuentren en situación de ocupación ilegal de vivienda, “poniendo de manifiesto la nula sensibilidad del legislativo autonómico con la problemática que azota a todo el país: la carencia de vivienda y el elevado precio de los alquileres”, matiza Pérez.

A juicio del CVTS, “vincular el derecho a una renta mínima de supervivencia con antecedentes administrativos o judiciales contradice el principio de inclusión y segundas oportunidades”. “La evidencia demuestra que la falta de oportunidades y los contextos de precariedad extrema son, a menudo, el caldo de cultivo de estas situaciones. Excluir a estas personas del sistema no soluciona el problema, sino que perpetúa el ciclo de pobreza y las condena a la marginalidad perpetua”, señalan las mismas fuentes.

Asimismo, la entidad lamenta la falta de sensibilidad del legislativo al incluir el concepto de “violencia intrafamiliar”, lo que consideran un claro desprecio por la especificidad de la violencia de género y machista, una de las mayores lacras que azota el país y a las que se enfrentan las trabajadoras sociales en su intervención diaria.

Un pacto político que excluye a los más vulnerables

Para el Consell Valencià de Treball Social, el texto definitivo responde a un pacto político que prioriza el control sobre la protección. Alertan de que, con la nueva normativa, la Renta Valenciana podría llegar a personas que no la necesitan de forma tan acuciante, mientras se reduce la cobertura para quienes se encuentran en una situación de exclusión más severa: “Hablamos de situaciones límite, de mera supervivencia. No podemos callar ante una ley que, bajo el nombre de inclusión, acaba excluyendo a quienes más necesitan el amparo de la administración. Es, en definitiva, una ley de 'exclusión' social”.

CCOO-PV, por su parte, insiste en que, lejos de reforzar el carácter garantista de la RVI, esta reforma introduce un endurecimiento generalizado de los requisitos de acceso que tiene un claro objetivo: “Restringir el acceso a la prestación y excluir a las personas más vulnerables, especialmente a la población migrante y a la juventud en riesgo de exclusión”.

El sindicato ya advirtió en sus alegaciones que la reforma incorpora medidas que dificultan el acceso de forma injustificada: se incrementan los requisitos de residencia, al pasar a exigir 15 meses de empadronamiento continuado y endurecer fundamentalmente el acceso a personas en situación de movilidad, precariedad residencial y/o migrantes; se refuerzan exigencias como el arraigo “historicocultural”, introduciendo criterios “ambiguos” que pueden derivar también en “discriminación encubierta hacia personas migrantes”; se endurecen condiciones para la juventud al exigir acreditar periodos de vida independiente “muy difíciles de cumplir en el actual contexto de acceso a la vivienda”.

Estas medidas, sostiene CCOO-PV, “no buscan mejorar la inclusión, sino reducir el número de personas beneficiarias mediante obstáculos administrativos y sociales”. También se establece la obligatoriedad del Plan de Atención Individual (PAI) para toda la unidad de convivencia, con riesgo de pérdida de la prestación incluso por situaciones que afectan a menores; se introducen mecanismos sancionadores desproporcionados, como la expulsión del sistema durante tres años por situaciones vinculadas a la exclusión residencial, criminalizando a quienes no tienen vivienda; y “se penaliza incluso a las personas beneficiarias por posibles incumplimientos administrativos de la propia Administración”.

Retroceso “inaceptable” en igualdad y violencia de género

El sindicato alerta también de un aspecto “especialmente grave” al diluir la reforma el reconocimiento de la violencia de género, sustituyéndola por conceptos genéricos como “violencia intrafamiliar”, lo que supone un “retroceso político e institucional inaceptable” en la protección de las mujeres: “Un cambio ideológico que responde a postulados que niegan la especificidad de la violencia machista”.

Además, en la reforma se establece la posibilidad de la externalización de funciones clave, “debilitando la gestión pública directa”. Por tanto, CCOO-PV exige la rectificación, mediante la retirada de los elementos regresivos introducidos en la reforma, la recuperación del enfoque más garantista e inclusivo para las personas, el respeto a los principios de igualdad, especialmente en materia de violencia de género y el refuerzo urgente de los servicios sociales públicos.

En su opinión, la Renta Valenciana de Inclusión “no puede convertirse en una herramienta de exclusión y sospecha”. “Las políticas públicas deben proteger a las personas más vulnerables, no señalarlas ni expulsarlas”, sentencian.

Una ley fruto de un “proceso participativo”

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia defiende que el nuevo texto normativo vincula el mantenimiento de la prestación al compromiso de las personas beneficiarias con el empleo y beneficiará a personas arraigadas en la Comunitat Valenciana en situación de vulnerabilidad. A este respecto, el director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo, Pedro Carceller, califica la aprobación de la norma como “un éxito social que sitúa a la Comunitat Valenciana a la vanguardia de las políticas de inclusión”. 

Además, Carceller resalta que la nueva ley “nace del diálogo con los servicios sociales municipales, las entidades del tercer sector y las propias personas en situación de vulnerabilidad, porque esta ley se ha hecho escuchando a quienes mejor conocen la realidad de la exclusión social”, al tiempo que agradece el trabajo conjunto que ha hecho posible la tramitación de la norma, “un proceso participativo en el que han colaborado numerosas entidades y colectivos que nos han ayudado a construir una herramienta más justa, más ágil y más humana”.

Carceller indica que “con esta ley, las personas podrán compatibilizar el empleo con la ayuda hasta que alcancen su completa normalización laboral y nadie va a tener que elegir entre un trabajo y poder llegar a fin de mes, convirtiéndose la RVI en una verdadera herramienta de inclusión activa”.