CV Opinión cintillo

Dicotomía de modelo social

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El lenguaje político está cargado de trampas. Una de las más comunes consiste en pervertir el sentido de lenguaje otorgándole significados o contenidos que son interpretados de manera distinta por la ciudadanía. ‘Estado de bienestar’ o ‘libertad de elección’ son conceptos manipulados, porque cuando los emplean quienes defienden la privatización de lo público se dirigen a las élites y los sectores de la sociedad que pueden hacer de su elección algo accesible o incluso un signo de distinción. Ese es el objetivo de la ideología que trata de excluir al Estado en la gestión de los servicios públicos: transporte, comunicación, educación, sanidad, servicios sociales, bibliotecas… Aunque parezca evidente, más allá de las ideologías, resulta necesario hacer pedagogía, como tratan de hacer los gobiernos progresistas del Botànic y del Estado.

A pesar de la confusión que provoca el uso perverso de las palabras, lo que se nos plantea son dos modelos antagónicos de sociedad. Una de ellas se basa en la ideología ultraconservadora que propone la reducción de impuestos, lo que equivale a la reducción/supresión de servicios públicos, en aras de trasladar al ciudadano la responsabilidad y el gasto que conlleva asumir la contratación y el pago de los servicios. Dicho en corto: ‘que se apañe cada cual como pueda´. La retirada del Estado como garante y gestor del servicio público conduce a la degradación y al mal funcionamiento, lo que abre las puertas al descrédito y la privatización. En la Comunitat Valenciana hemos tenido ejemplos muy notables durante el período de gobierno del PP, especialmente en sanidad y educación, iniciativas ruinosas para las arcas públicas, o lo que es lo mismo, para los bolsillos de los ciudadanos frente a las ganancias de las empresas. El objetivo implícito es que los servicios públicos se deterioren y que los trabajadores tengan que pasarse a la sanidad, la educación, el transporte y las pensiones privadas.

El abandono y la degradación de los servicios públicos ocultan un plan bien articulado para convertir los derechos de los ciudadanos asumidos por el Estado en mercancías que se contratan, diseñado por las élites económicas para maximizar sus beneficios.  Las empresas privadas ni son la administración pública ni son ONG sin ánimo de lucro. La derecha conservadora no habla explícitamente de ello y además lo camufla bajo la falacia de la libertad de elección (eso sí, para quien puede pagar el coste del servicio), aunque lo pone en práctica en las administraciones autonómicas y municipales en las que gobierna o ha gobernado.

Frente al modelo del “no pague impuestos, y compre usted los servicios”, se plantea la única alternativa progresista, que pone el acento en la garantía política por parte del Estado de los derechos de los ciudadanos, su salario, el empleo, la vivienda, la salud, la educación, la protección social. El modelo ultraconservador conduce a las desigualdades crecientes entre ricos y pobres, entre las élites y los excluidos. El modelo progresista trata de proteger a las clases medias y bajas garantizando vías de ascenso social y oportunidades para los jóvenes y los trabajadores. En una sociedad como la valenciana, con cerca de un 30% de la población en riesgo de exclusión, optar por el modelo ultraconservador es un suicidio. El sustancial incremento del salario mínimo interprofesional en un país de sueldos muy por debajo de la media europea es una medida contundente, como también la regulación de los precios de combustibles, energía, alimentos o vivienda.

Dimitir de la capacidad del Estado de compensar las deficiencias del mercado y la dinámica del máximo beneficio en detrimento de la equidad y el bienestar social sería un suicidio para la izquierda y los gobiernos de progreso. Hay que llevar el modelo de sociedad y de gestión de los servicios públicos al centro del debate político, porque es ahí donde se configuran esos dos modelos antagónicos: la sociedad del bienestar, de la solidaridad garantizada por un gobierno redistribuidor de la riqueza mediante un sistema fiscal justo, y la sociedad del individualismo que acentúa las desigualdades y las bolsas de pobreza, frente al lujo de las élites opulentas. Quienes tienen voz deberían alzarla para desvelar el proyecto privatizador y de derribo del modelo de bienestar y de lo público que esconde la derecha con palabras engañosas y hacer consciente a la opinión pública de lo que hay en juego en las próximas elecciones, aquí en el País Valenciano y en el conjunto del Estado español. 

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