Los empresarios entran en política

“Enviliràs sense voler la saviesa del teu món,

les selves oloroses per tanta experiència acumulada,

les flors dels til·lers que plantares a la vora

de tants llavis amb passions arravatades“

Lluís Alpera. València. ‘Tempesta d’argent’, 1986

Los políticos han de hacer política y los empresarios han de generar riqueza y crear empleo. Antony Jay en su libro ’La dirección de empresas y Maquiavelo’ (1967) lo trató en profundidad y acabó concluyendo que las empresas son instituciones sociales y además políticas, autocráticas o democráticas, pacíficas o belicosas, liberales y paternalistas, y sólo a la luz de la historia política pueden ser estudiadas. Llevo toda mi vida profesional tratando con, sobre, en torno a la empresa y el empresario. Los empresarios tienen inoculada la tentación política y los políticos les temen. Hay latente en la sociedad actual el acomplejamiento de la clase política frente al intrusismo de quienes detentan el poder económico. Antes los líderes empresariales de alto nivel querían estar al frente de sus instituciones y organizaciones. Ahora han optado por títeres y testaferros, empleados más leales que inteligentes y autónomos. En España, después del derribo de Vicente Iborra por razones políticas en la Confederación Empresarial Valenciana, la CEOE optó por relevar a Carlos Ferrer Salat, su presidente-fundador y señor de la empresa, por su secretario y escudero, José María Cuevas, espécimen del Sindicato Vertical franquista. Un inmenso error.

Acontecimientos insólitos

Pasan cosas raras. Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, ha cambiado en su indumentaria el rojo corporativo característico de su compañía por el verde Tamames. La moción de censura al presidente Pedro Sánchez sucederá en valenciano fervor fallero, entre ‘mascletades’ y ofrendas. El viejo profesor de Estructura Económica,-- a quien gusta vestir de estridente verde hierba– Ramón Tamames, se inspirará en el ritmo pirotécnico de la traca: introito, cadencia y arrebato explosivo atronador. El último maletilla, empresario con recursos, que se lanza al ruedo político ha sido Rafael del Pino, presidente de Ferrovial. Empresario de éxito y tercera fortuna del ranking nacional. Nadie ha de pensar que se trata de un envite casual y atolondrado. Una multinacional no cambia de domicilio en unos días ni se lanza al circo político porque sí. El objetivo corporativo de la cúpula económico-financiera hispana es evitar a toda costa la repetición de un gobierno Frankenstein de coalición progresista – Rajoy y Aznar lo verbalizan sin parar– que asocie al PSOE de siempre con los podemitas de Ione Belarra e Irene Montero ( con Pablo Iglesias en la trastienda).

El roto catalán

 En los mentideros mediáticos cala el mensaje de que los superricos se han tirado al monte para impedir, a cualquier precio, que los socialistas se coaliguen con los restos del comunismo disperso y con la amenaza separatista que combatió con flagrante torpeza, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su batallón patriótico. Lo hicieron tan mal que han conseguido redimir el legado ominoso de Jordi Pujol, cuya alargada sombra se comienza a recomponer en el panorama político catalán. La Catalunya herida, con regusto soberanista, no ha vivido hora buena desde la bochornosa caída de quien fue su presidente durante veintitrés años. Catalunya sigue en carne viva. No se somete la convicción ni se doblega la voluntad de ser de un pueblo a base de encarcelar a sus dirigentes. Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno lo sabe e intenta salvar el escollo con más oportunismo que acierto. Demasiados frentes para un alma acosada. Catalunya está herida y el Reino de España nunca podrá despegar, desde dentro y hacia afuera, sin la participación de las fuerzas catalanas, de eso que llaman sociedad civil. Primer escollo que no ha afrontado el plan Ferrovial: no se ha recompuesto la fractura territorial del Estado que provocó la afrenta por la reforma fallida del Estatut catalán en 2006, a consecuencia del recurso ante el Tribunal Constitucional interpuesto por el Partido Popular de José María Aznar. Sin la involucración de la totalidad de los españoles y de todos los territorios que componen el conjunto estatal. La cuarta economía entre los Estados miembros de la Unión Europea, no alcanzará la mayoría de edad suficiente para ser respetada y considerada estable ante las instituciones comunitarias sin restañar la herida catalana. Condición necesaria: restablecer la legalidad en las instituciones que conforman el poder judicial de acuerdo con las normas constitucionales por las que el conjunto de socios de la UE convinieron y aceptaron la incorporación del Reino de España en las Comunidades Europeas en 1985.

El rebaño se encabrita

Entre los acontecimiento insólitos que se avecinan, por primera vez el gobierno de Pedro Sánchez y la mayoría parlamentaria que lo respalda, van a afrontar divididos la aprobación de una ley, que enmienda los “errores” de otra norma anterior con efectos indeseados. No es el único. Para la aprobación de esa ley la facción socialista del Gobierno necesita los votos de los diputados del Partido Popular. Ahí confluyen los objetivos del golpe de Ferrovial con la alianza bipartidista– PSOE y PP– ante un eventual y ansiado pacto de legislatura de concentración nacional–en base al bipartidismo– que proporcionara consistencia  al Estado español para afrontar la crisis bélica, pandémica, de deuda, inflacionista, social, sanitaria,, económica, financiera y judicial, de urgente abordamiento. Para conseguirlo habría que despejar dos impedimentos: el que suponen dos formaciones políticas a barrer situadas en los extremos del arco parlamentario e ideológico: Vox y U. Podemos. La facción de Abascal y la que actúa liderada por la vicepresidenta, Yolanda Díaz, pasan por momentos azarosos de descenso en la expectativa de voto, por sus contradicciones y por su indefinición de base. La ultraderecha se tambalea en el caos de una moción de censura descabellada y los restos del comunismo resucitado se debaten sin liderazgo cohesionado y convincente.

Soluciones pendientes 

En la Comunidad Valenciana de Ximo Puig, el salto a la arena política lo protagonizó el presidente de AVE, Vicente Boluda, aprovechando el ataque reincidente de la ministra Ione Belarra, de Podemos, contra su amigo el super empresario valenciano, Juan Roig. La Generalitat Valenciana, comprometida en un pacto de no agresión con los altos estamentos empresariales, intentó atajar las consecuencias con unas declaraciones y el lanzamiento precipitado del Día de la Empresa en la Comunidad Valenciana. Al paso salió el vicepresidente y conseller de Vivienda , Héctor Illueca, admirador de Julio Anguita, con un guiño a las bravatas de Ione Belarra, sin más consecuencias. Estas fotos fijas hay que enmarcarlas en la problemática de fondo para el País Valenciano: fracaso de la reforma de la financiación autonómica que ahoga al Consell en la precariedad presupuestaria, retrasos y vacilaciones en el discurso retórico del Corredor Mediterráneo de ferrocarril que acaba de rematar sin plazos el Estado Francés de Emmanuel Macron, en su inexistente conexión por la vía catalana que domina Josep Vicent Boira. La agonía de la sanidad y la educación autonómicas por la crónica falta de recursos económicos. Desubicación territorial de la Comunidad Valenciana tras el fracaso en su interrelación con las autonomías y países del Arco Mediterráneo (País Valenciano, Illes Balears, Catalunya). La amenaza provinciana del alicantinismo como baza de corte cantonalista y que abandera la opción del Partido Popular para recuperar el poder en la Generalitat Valenciana. Su candidato a la presidencia, Carlos Mazón, en cuya consecución se alía más con la Región de Murcia en el imposible logro para incrementar caudales en el trasvase Tajo-Segura con tufos especulativos.

Fracaso sideral de la cúpula empresarial

Las super élites empresariales valencianas obsesionadas por proclamas enfáticas, más voluntaristas que eficaces, han fracasado en varios frentes. En la política ferial valenciana con dos proyectos truncados: IFA en Alicante y Feria València, en un maremágnum de pugna entre privatizar y hacer pública la gestión en el segundo recinto más importante de Europa para muestras y certámenes comerciales. Hoy Feria València, con el apartamiento del Ayuntamiento de València en sus órganos rectores y en el dominio de la gestión, por parte de la Generalitat Valenciana –celosa e ineficiente– es un resto irrecuperable del pasado ferial que fue prometedor y que contó con las mejores condiciones para triunfar en el panorama ferial europeo. Los empresarios se han inhibido ante una catástrofe institucional que les afecta directamente y de forma muy especial a la Cámara de Comercio de València que ostenta la vicepresidencia nata en el ente ferial, como entidad fundadora que es. Las cinco Cámaras de Comercio y su consejo autonómico son un pozo de contradicciones con su razón de ser y con su dilatada historia. La Generalitat Valenciana ha fracasado en el ejercicio de las competencias plenas en las Cámaras que tiene por desconocimiento, incompetencia, complejos, rivalidades mal entendidas entre Compromís y PSOE. Y sobre este conjunto sombrío de las entidades económico-empresariales revolotea el interés de las grandes empresas valencianas de controlarlo y dominarlo todo sin capacidad de hacer funcionar nada ante la mirada desviada de la Generalitat Valenciana, presa en sus complejos y compromisos impropios.