Alicante prorroga el contrato de residuos a la empresa de un financiador del PP valenciano, amenazada por el Consell con una sanción de 30.000 euros

La UTE de limpieza de Alicante participada por un financiador confeso del PP seguirá beneficiándose de un contrato público al menos hasta finalizar el año. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, gobernado por un pacto de PP y Ciudadanos, ha acordado este martes prorrogar el contrato a la empresa de basuras en la que participa el conocido empresario Enrique Ortiz, quién confesó en 2016 haber participado de las campañas de financiación ilegal del PP valenciano y ha realizado varios pactos con la justicia para eludir la prisión.

Autodenominado “la polla insaciable”, el constructor alicantino ha eludido la prisión en hasta tres ocasiones por sus pactos con la justicia y abonando el pago de multas millonarias. En 2020 su confesión en el amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante rebajó la pena inicial de ocho años a dos, con una multa de 730.000 euros.

La prórroga del contrato de 39 millones de euros anuales, uno de los más elevados del municipio, entrará en vigor el 1 de septiembre y tendrá validez por dos años, con un gasto previsto de 78,5 millones de euros. El equipo de gobierno municipal aseguró el pasado año que en 2021 tendría listos unos nuevos pliegos de condiciones, que dividen el contrato en tres (limpieza viaria, ecoparque y gestión de la planta de residuos), pero el retraso en su elaboración ha devenido en la autorización de la prórroga. El contrato parte de 2013 y tenía una validez de ocho años, con dos posibles prórrogas de dos años cada una. Esta primera prórroga, destaca el consistorio, quedará sin efecto cuando se encuentre un nuevo adjudicatario.

UTE Alicante, la empresa adjudicataria, está formada por las mercantiles Cespa, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y otras dos empresas lideradas por el constructor alicantino: Cívica e Inusa. La gestión de estos contratos y de la propia empresa fueron objeto de una comisión de investigación en el ayuntamiento por numerosos incumplimientos en el tratamiento de los residuos y en los pliegos de condiciones.

El titular de Limpieza y Medio Ambiente, Manuel Villar, explicaba que “una vez aprobada la planificación inicial de la limpieza y recogida, se abre un periodo de participación pública para su aprobación definitiva, y a continuación se terminarán de redactar los pliegos de condiciones técnicas y administrativas para iniciar el procedimiento de contratación con el objetivo de que puedan estar adjudicados antes de finalizar el próximo año”.

El concejal de Compromís Natxo Bellido recuerda que en la última campaña electoral todos los grupos políticos se comprometieron a no prorrogar el contrato, tanto por la participación de las empresas de Ortiz como por las deficiencias en el servicio. “Incluso a criterio de los técnicos municipales no ha funcionado bien y ha carecido de un control municipal adecuado y riguroso, y cuyas consecuencias conocen, desgraciadamente, la sociedad alicantina, tanto por el estado de suciedad de la ciudad como en la pobre recuperación y reciclaje de residuos”, señala el concejal de la oposición.

Investigación del Gobierno valenciano

Este mismo martes la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, ha presentado una propuesta de sanción por valor de 30.000 euros a la adjudicataria por incumplimientos normativos como la mezcla de residuos procedentes de los diferentes contenedores grises, azules y amarillos. La propuesta de sanción de Transición Ecológica, contra la que cabe recurso, se tramita de manera independiente a la que también ha sido propuesta por el ayuntamiento de Alicante.