Compromís pide en el Senado la comparecencia de Escrivà para explicar el recurso al decreto de la renta valenciana de inclusión

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá

El senador de Compromís, Carles Mulet, en representación del grupo parlamentario Izquierda Plural, ha solicitado la comparecencia en el Senado del ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, para explicar la impugnación ante el Tribunal Constitucional del decreto que adapta la Renta Valenciana de Inclusión al Ingreso Mínimo Vital.

El pasado julio el Gobierno envió a la Generalitat Valenciana el recurso en el que cuestiona varios artículos del decreto que hace compatible la prestación autonómica con la estatal, un conflicto que "surge por la posibilidad introducida en el mencionado precepto de complementar prestaciones contributivas de la Seguridad Social", concretamente, en el caso del seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI) o las prestaciones por incapacidad, que considera prestaciones contributivas. El texto cuestiona además un artículo en el que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas hace mención a la sanidad universal. "Debe señalarse que el derecho al reconocimiento al derecho a la protección de la salud corresponde al Ministerio de Sanidad", indica el Gobierno.

El senador Mulet ha registrado una batería de preguntas en las que ironiza calificando al Ejecutivo como "el Gobierno más progresista de la historia" e interpela "¿qué problema tiene con el gobierno valenciano y por qué se dedican a ejercer de oposición a las políticas más progresistas?". El grupo plural pregunta si el Gobierno piensa retirar el recurso e insta al ministro a firmar el convenio para hacer compatibles ambas prestaciones. Además, pide datos sobre cuántas personas en la Comunitat Valenciana se han beneficiado del ingrego mínimo vital y a cuántos solicitantes se les ha denegado.

En las Corts Valencianes, los grupos que sustentan al Gobierno del Botánico, PSPV, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida creen que lo fundamental es que lleguen las ayudas y se extienda el escudo social. El síndic del PSPV-PSOE, Manolo Mata, considera normal que “en un Estado casi federal como el nuestro haya conflictos entre la legislación estatal y la autonómica”. “Vamos a seguir trabajando desde nuestra convicción de que tenemos competencias y podemos mejorar las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) y las de discapacidad”, ha asegurado Mata, que ha defendido que “el Ingreso Mínimo Vital es una ayuda para una comunidad que ha hecho un gran sacrificio para garantizar la Renta Valenciana de Inclusión a casi 60.000 personas”. En este sentido, ha recordado que “hay sectores de la población que siguen necesitando esta medida de forma especial: se cobran pensiones de miseria no contributivas, se cobran pensiones de miseria en el SOVI y hay algunas de discapacidad que son manifiestamente mejorables”. Por ello, ha manifestado su esperanza de que, “en el proceso que se abre ahora de negociación y de contrastar posiciones, no se llegue a los tribunales y de que ambas partes lleguen a un acuerdo”. “Aspiramos a firmar un convenio de relación entre la Seguridad Social y la GVA para gestionar el Ingreso Mínimo Vital, y estamos convencidos de que seremos una de las primeras comunidades de España en hacerlo”.

Por parte de Unides Podem, la portavoz Naiara Davó cree que no se debe "alimentar un enfrentamiento institucional en la peor pandemia de la historia, sino buscar las mejores soluciones para complementar las rentas". La portavoz asegura que su grupo defenderá ambas prestaciones, "derechos básicos que no deben colisionar sino multiplicarse para avanzar hacia el horizonte de una Renta Básica Universal" porque las instituciones no pueden "seguir fallando a la gente con los ingresos que no llegan". Una línea similar a la que defiende Carles Esteve, responsable de políticas sociales de Compromís, que recuerda que el conflicto con el Ingreso Mínimo Vital se remonta meses atrás. Para el diputado, se trata de "dos herramientas que juntas podrían funcionar mejor" y las administraciones deben trabajar para que el ingreso llegue a más del 0,7% de la población que actualmente lo percibe. Considera que la pelea por las competencias, en estos momentos, resulta "absurda", dado que afecta a casos muy puntuales.

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17 de septiembre de 2020 - 22:30 h

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