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El Consell Jurídic Consultiu se reivindica al cumplir un cuarto de siglo

La presidenta del Consell Jurídic Consultiu, Margarita Soler, entrega la memoria anual al presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera.

Laura Martínez

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El Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana (CJC) celebra este año el XXV aniversario de su puesta en funcionamiento, efectivo desde 1996. La posibilidad de tener una institución consultiva descentralizada surge de la mano de la creación del modelo autonómico con la Constitución de 1978, que deja abierta la puerta e ello con los Estatutos de Autonomía. En el caso valenciano, el organismo se creó en 1994 y se incorporó a la reforma del Estatuto de Autonomía en 2006, reforzando su papel como máximo órgano consultivo.

La institución estatutaria de la Generalitat Valenciana se concibió como un refuerzo para el Estado de Derecho en forma de garante de la legalidad de las decisiones del Gobierno autonómico. Su función consiste en comprobar si las decisiones, antes de ser tomadas, se ajustan a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y a las leyes vigentes, realizando aportaciones o sugerencias en sus dictámenes, que son preceptivos pero no vinculantes. Así, el Consell adopta las decisiones “conforme” el criterio del organismo u “oída” su evaluación. El antecedente del organismo, de carácter central, es el Consejo de Estado.

Su composición, recogida en la ley de creación, es de seis consejeros, a los que se suman como vocales -con voz pero sin voto- los expresidentes autonómicos que lo soliciten. De los consejeros elegidos por el Gobierno autonómico y las Corts Valencianes (dos por decreto del Consell y cuatro por acuerdo de tres quintas partes del parlamento), se designa a la presidencia. Desde 2017, por mandato del parlamento autonómico, su composición es paritaria y, por primera vez, lo preside una mujer: la doctora en Derecho por la Universitat de València Margarita Soler. Solo el expresidente del PP Francisco Camps, que decidió hace un mes abandonar el organismo para dedicarse profesionalmente a la abogacía en un despacho privado, ha formado parte del organismo como vocal.

Maria del Carmen Pérez Cascales, consejera del organismo, explicó en un artículo que el día a día del organismo se centra en “cuestiones de responsabilidad patrimonial, con su amplia casuística, desde el caso de la persona que tropieza andando o circulando en la via pública con cualquier elemento en mal estado, a posibles actuaciones sanitarias incorrectas -si la reclamación excediera de 30.000 euros-, pasando por las resoluciones indebidas de contratos públicos o actuaciones que afecten a los trabajadores de las Administraciones, las revisiones de oficio o las extraordinarias, las resoluciones de nulidad además del estudio de los anteproyectos de leyes, proyectos de decretos, reglamentos u otras disposiciones”. Además, en los últimos años se ha incrementado el volumen de consultas facultativas, colaborando con otras instituciones públicas en la mejora de las normativas, como en el caso de las Corts Valencianes, que desde la reforma de la ley del CJC de 2018 pueden trasladar sus dudas.

La también consejera Asunción Ventura Franch valoró en otro artículo que la actividad del organismo durante un cuarto de siglo “ha contribuido al avance en el engranaje y consolidación de nuestra comunidad autónoma con el modelo de Estado de derecho y democracia participativa, así como a una mayor garantía de los derechos de la ciudadanía”.

Para acercar su labor a los ciudadanos, el Jurídic ha editado con Tirant Lo Blanch el volumen La función consultiva en la Comunitat Valenciana, un conjunto de estudios sobre aquellas materias atribuidas a la institución. Los estudios han sido realizados por los actuales consejeros, expresidentes y han participado también las letradas y letrados del Consell Jurídic Consultiu, miembros de la Abogacía de la Generalitat, juristas ponentes en el seminario de derecho público que viene organizando la institución y los letrados y letradas mayores de los Consejos Consultivos de otras autonomías. Desde su creación el organismo ha emitido 18.559 dictámenes.

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