La crisis política por la implantación de energía fotovoltaica se cobra cuatro ceses en un mes en Compromís

Isaura Navarro recibe la cartera de Agricultura y Transición Ecológica de manos de la vicepresidenta valenciana, Aitana Mas.

Las diferencias en el Gobierno del Pacto del Botánico y en la coalición Compromís sobre cómo abordar la transición energética continúan generando turbulencias. Las formaciones políticas mantienen divergencias sobre la tramitación de las plantas fotovoltaicas, un asunto que ha centrado la agenda en las últimas semanas, desde que fuera destituida una de las conselleras con competencia en renovables: Mireia Mollà.

El conflicto en el Ejecutivo del Botánico se ha solapado con un conflicto interno en la coalición valencianista, que se visibiliza con los últimos cambios. Este viernes el pleno del Consell cesaba a Pedro Fresco, director general de Transición Energética nombrado por Mollà, para dar “un impulso” a la gestión de este departamento. A Fresco, experto en el mercado energético, el departamento que dirige Isaura Navarro le reprocha lentitud en la tramitación de los expedientes, un argumento que ya resulta común en los últimos meses. Según fuentes de la conselleria, su departamento tiene sin responder 16.000 solicitudes de instalaciones de autoconsumo doméstico, de las 18.000 presentadas este año.

Experto en el sector energético, a donde regresará para incorporarse a su anterior trabajo, ha mantenido constantemente que hace falta acelerar la implantación de plantas solares y eólicas para reducir la dependencia energética extranjera y los costes de adquisición en un mercado volátil. En declaraciones a diversos medios, Fresco ha considerado que es una cuestión ideológica, que responde a un conflicto entre las formaciones que componen Compromís: “No se puede asumir cosas como que en los tejados hay suficiente para la transición energética o que se pueden poner 6.000 megavatios en los tejados”, ha declarado en el informativo de À Punt.

En conversación con elDiario.es, el ya exdirector ha explicado que tenía su carta de dimisión redactada desde hace dos semanas y que no la presentó porque la consellera rechazó reunirse con él. “Mi situación era insostenible, incompatible como profesional. Soy un defensor claro de la aplicación masiva de renovables. Me situaba en una clara incompatibilidad de una línea que ha triunfado en Compromís ante la inacción de Iniciativa”, expone el experto en el sector, que considera que su credibilidad profesional se pondría en cuestión si avalara las políticas de la coalición. Sobre el atasco de expedientes, defiende que lleva pidiendo personal desde enero para encargarse de evaluar la tramitación, un acuerdo que ya se ha resuelto entre Hacienda y Transición Ecológica con la incorporación de cinco funcionarios al equipo. Las subvenciones, previstas desde principios de legislatura, salieron en plena pandemia, lo que ha provocado un aluvión de solicitudes en una administración infradotada de medios.

En apenas un mes se ha cesado a una consellera, han dimitido dos altos cargos de su departamento y la nueva titular ha destituido al director general que defendía las mismas tesis: que solo cubriendo superficie construida no se alcanzan los objetivos en fotovoltaicas. Este viernes, preguntada por este cúmulo de cambios, la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, reiteraba que se trata de dar “un impulso a la gestión” del autoconsumo residencial, según le ha trasladado la consellera Navarro. “El compromiso de este gobierno para la transición energética continua siendo igual de firme, claro y decidido”, asegura Mas, líder de Iniciativa-Compromís, que considera normal que una nueva consellera forme su equipo de trabajo. A Fresco le sustituirá en el cargo Enric Juan, ingeniero y hasta la fecha director general de Infraestructuras de Servicios Sociales, dependiente del departamento de Mas, donde ha impulsado el plan de construcción de centros de servicios sociales.

El informe de Abogacía que cuestiona las trabas administrativas

La destitución del director general se produce un día después de que se hicieran públicos dos informes de Abogacía de la Generalitat sobre la tramitación de los expedientes de plantas solares fotovoltaicas. A petición de la consellera de Política Territorial, la socialista Rebeca Torró, que tiene bajo su mando la dirección general a la que todos acusan de poner reparos a las solicitudes poco justificados, los servicios jurídicos del Consell han emitido un informe que desautoriza su actuación.

La Abogacía de la Generalitat argumenta que la Dirección General de Política Territorial, que ocupa Rosa Pardo, de Compromís, no puede exigir informes de impacto paisajístico que no están previstos en la tramitación y recuerda que son los ayuntamientos quienes deciden si el proyecto es compatible con sus planes urbanísticos. Los servicios jurídicos indican que, si consideran que los estudios son necesarios, modifiquen el decreto para incluirlo. Con este informe, que ha sido de nuevo ratificado por la Abogacía tras una nueva consulta de la directora general, los socialistas dan un golpe sobre la mesa para mover los 90 expedientes que deben resolverse antes de enero, tanto si se autorizan como si se deniegan. Si el atasco se mantiene, los socialistas podrían retirarle estas competencias a la dirección general.

Lejos de los objetivos en renovables

En el horizonte de las administraciones públicas hay varias fechas marcadas en rojo. Los objetivos de la Unión Europea implican que la Comunitat Valenciana debe tener instalados en 2030 -año en que además se cerrará la central nuclear de Cofrentes, que cubre la mitad de la demanda de electricidad- 4.000 megavatios de potencia eólica y 6.000 megavatios de fotovoltaica. Actualmente, según Red Eléctrica, hay 1.343 y 419, respectivamente. A corto plazo, la línea se sitúa en el 25 de enero: es cuando vencen las solicitudes de conexión realizadas antes de diciembre de 2020, que serían 90 expedientes pendientes de tramitación en la Comunitat Valenciana. De ellos, 65 se encuentran a la espera de declaración de impacto ambiental, un trámite que requiere informes de Política Territorial y Transición Energética, e implican una generación de 2.250 megavatios en su conjunto. La Generalitat tiene 280 expedientes de plantas fotovoltaicas a la espera de resolverse, pero son un centenar los que necesitan una respuesta pronto, positiva o negativa.

La política marcada por el Gobierno central, que establece distintas metas para evitar la especulación con los puntos de conexión de la red eléctrica, requiere que estos expedientes se tramiten, tanto si se aprueban como si no. Algunos informes alertan de que la Generalitat tendría responsabilidad patrimonial si los promotores pierden la autorización por el silencio administrativo. La baja ejecución ha generado una fuerte tensión política, avivada por las declaraciones de la consellera cesada, que repitió una idea trasladada por Ximo Puig: hay que dar un impulso a las renovables.

Las competencias en la tramitación de autorizaciones de plantas fotovoltaicas e instalaciones de autoconsumo se dividen en tres conselleries: Economía (Compromís), que las gestiona a través del Ivace y de una dirección general; Transición Ecológica (Compromís) y Política Territorial (PSPV). La primera es el órgano sustantivo, donde entran los expedientes, y tiene la última palabra en su autorización o no; la última solo es competente en los proyectos que afectan al territorio, no al autoconsumo; la de en medio tiene la capacidad de realizar los informes de impacto ambiental y autorizar las instalaciones para el autoconsumo residencial. Por política de mestizaje, las direcciones generales competentes en la autorización son de Compromís, salvo la dirección general de Energía e Industria, que es del PSPV.

El modelo de Compromís y la Agencia de la Energía

El lunes, la portavoz parlamentaria, Papi Robles, y los diputados Vicent Marzà y Carles Esteve presentaban el modelo energético de Compromís y la campaña “empecemos por el tejado”, que aboga por incrementar las instalaciones de autoconsumo en viviendas y empresas, priorizar el suelo no urbanizable degradado e impulsar un ente público que produzca y comercialice la energía. Los valencianistas contraponen un modelo “depredador del territorio” que “recuerda a las prisas por construir fincas” y genera desigualdades con uno descentralizado, con instalaciones domésticas y en el que se prioricen las comunidades energéticas locales. El problema, apuntan los expertos, que comparten el espíritu, es que no es suficiente.

Los valencianistas han presentado enmiendas a los presupuestos para modificar los decretos existentes, establecer una prelación de suelos y que los ayuntamientos tengan más poder de decisión en las instalaciones. Pese a algunas interpretaciones en este sentido, el modelo de los valencianistas no implica que la energía necesaria provenga solo de placas solares en techos, sino maximizar su potencial. La propuesta parte de un informe del Ivace, que algunos expertos han cuestionado y consideran poco científico porque hace un cálculo excesivamente optimista de la capacidad de generación de energía con paneles solares en superficie construida. El informe choca con las previsiones del Ministerio de Transición Ecológica: mientras el texto autonómico calcula un potencial de 14.000 megavatios, el ministerio rebaja las posibilidades reales a poco más de 1.000.

Tras un pulso con el PSPV, reacio a que el ente tuviera todas las competencias, los valencianistas y Unides Podem han conseguido pactar este jueves que la Agencia Valenciana de la Energía se incorpore al acuerdo presupuestario y centralice las competencias en políticas energéticas que actualmente están en la Conselleria de Economía. Este modelo ya funciona en Barcelona y el País Vasco, como organismo que centraliza el impulso público a la transición energética y se contemplaba en el Pacto del Botánico.

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