El Defensor del Pueblo ve “una propuesta positiva” el psiquiátrico penitenciario de Siete Aguas que el Parlamento valenciano rechaza
El concepto de hospital psiquiátrico que España comenzó a abolir con la ley sanitaria de 1986 vuelve a ser rescatado ante la falta de recursos públicos. La construcción de un centro psiquiátrico penitenciario en el municipio valenciano de Siete Aguas espanta a las Corts Valencianes, al Ejecutivo autonómico y a las entidades que trabajan con población privada de libertad y enfermedades mentales, pero no a las instituciones estatales. El Defensor del Pueblo avala la construcción del centro, con capacidad para 500 personas privadas de libertad con trastornos mentales graves y unos 70.000 metros cuadrados de superficie, en un informe en el que alerta de la escasa atención que recibe la población penitenciaria.
El organismo que dirige Ángel Gabilondo considera en su informe anual de 2021 una “propuesta positiva” el proyecto del Ministerio de Interior, elaborado desde la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), aunque advierte de que “la Administración deberá analizar en profundidad las carencias y deficiencias de que adolecen los modelos psiquiátricos de los que ya disponemos, para proponer mejoras que permitan la creación de un proyecto que atienda de forma integral las necesidades de las personas con enfermedad mental y que consiga una mejor asistencia integral”.
El informe considera el proyecto, que ha sido formalmente rechazado en el Parlamento valenciano con una resolución en contra, “está concebido como un lugar que facilitaría la convivencia de personas con enfermedades mentales, al crear una división modular que permitiría su tratamiento diferenciado en función de su perfil. Igualmente, se promovería la proximidad y vinculación de los internos con sus familias, facilitando pabellones destinados a su alojamiento dentro del propio recinto y lugares comunes que permitan recrear la vida en libertad”.
En el mismo documento en el que aplaude la propuesta, el Defensor del Pueblo pone de manifiesto la falta de atención a la población reclusa en general y a la que sufre trastornos mentales o patología dual en particular. En España solo existen dos centros para personas privadas de libertad con trastornos mentales: el centro de Fontcalent (Alicante), con cerca de 300 personas, y Sevilla, con 150 plazas para personas con patologías y condenas diversas. Los centros no son técnicamente una prisión, dado que el Código Penal español establece la inimputabilidad de las personas que “al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión”, pero contempla el internamiento como medida de protección para el propio individuo, sin que tenga, teóricamente, tratamiento de reo. Para las prisiones al uso, la normativa de sanidad penitenciaria establece la asistencia médica y los módulos con un Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM), en las que existe una acuciante falta de personal especializado.
El informe anual reconoce que las enfermedades mentales “dificultan en gran medida el proceso de adaptación a un mundo hostil como es la prisión, así como la evolución a nivel personal y social” de los presos. La principal dificultad, señala, es la ausencia de un diagnóstico para la población penitenciaria común, “dando lugar a que [las personas presas] sean consideradas como simples inadaptados, al ser protagonistas de diversos incidentes regimentales”. La falta de recursos hace que las personas que no pueden ser destinadas a uno de los centros específicos “se vean abocados a ocupar centros no especializados en el tratamiento de sus patologías”, con las consecuencias para cada individuo que conlleva. Así, indica, “esta institución aboga por la creación de alternativas arquitectónicas y regimentales que sirvan para atender adecuadamente las exigencias derivadas del tratamiento individualizado de las personas con enfermedad mental” e insta a la Administración penitenciaria a “buscar alternativas a la aplicación de la potestad sancionadora sobre estas personas, tratando de encontrar medidas que se consideren menos gravosas y que den una verdadera respuesta a su situación”.
Las cárceles valencianas no cuentan con ningún psiquiatra, según el informe del Observatorio de Derechos Humanos, Salud Mental y Prisión, un documento elaborado por juristas, trabajadores sociales y psicólogos que trabajan en el ámbito penitenciario, que denuncia que en el centro de Fontcalent la irrupción de la pandemia dejó a la población reclusa sin asistencia psiquiátrica.
Aumento de suicidios en las cárceles españolas
El informe de actuación de 2021 muestra la preocupación del organismo por “el aumento exponencial de los casos”, que ha pasado de 43 muertes en 2019 a 51 en 2020. “Este notable incremento exige tratar el tema con una especial atención”, indica el texto de Gabilondo. El Defensor del Pueblo subraya que la población penitenciaria concentra muchos de los factores de riesgo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) relaciona directamente con el suicidio: la ruptura de las relaciones personales y el aislamiento social, el desarraigo y la desvinculación familiar y laboral, los problemas jurídico-penales, el nivel socioeconómico medio-bajo o bajo, el padecimiento de enfermedades o trastornos mentales o el abuso de sustancias estupefacientes y psicoactivas. Precisamente, aquello que las organizaciones y los profesionales contrarios al proyecto de Siete Aguas manifiestan que implica el modelo.
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