“Los centros penitenciarios se están convirtiendo en los manicomios del siglo XXI”

La demanda de atención en salud mental en las prisiones valencianas no ha parado de aumentar, pero la población reclusa y los profesionales cada vez cuentan con menos medios. Psicólogos, psiquiatras y personal de ONG que colaboran en el ámbito penitenciario coinciden en que es urgente reforzar los medios; que la falta de atención agrava la vulnerabilidad y perpetúa las posibilidades de reincidencia.

El informe sobre derechos humanos, salud mental y prisión, editado por la Asociación Ámbit, señala que el 40% de las personas presas tienen algún problema relacionado con la salud mental y recalca las graves carencias en la atención a la población reclusa en la Comunitat Valenciana. Un grupo “heterogéneo, con necesidades diferentes, que no se contemplan”. La Asociación ha impulsado unas jornadas sobre los derechos de la población reclusa con problemas de salud mental y adicciones, las llamadas patologías duales, aprovechando el debate sobre la ley autonómica de salud mental que Unides Podem-Esquerra Unida ha impulsado en solitario. La coalición de izquierdas ha presentado una adaptación de la norma estatal que los expertos ven con cierto escepticismo. Según se ha ido deslizando, creen que resulta más efectivo un plan de acción con medidas concretas de implantación inmediata que una norma.

Los expertos coinciden en reclamar a Sanidad que asuma las competencias en salud mental en las prisiones valencianas para frenar la vulnerabilidad extrema de la población reclusa y abogan por medidas que fomenten la autonomía. Al mismo tiempo, reclaman que se tenga en cuenta la heterogeneidad de las personas con problemas de salud mental y recursos que promuevan la socialización. “Nadie tiene puramente algo. Lo que hay son patologías duales, comorbilidad y exclusión social”, apuntaba Pablo Cabeza, psicólogo y representante de Asiem, la Asociación para la Salud Integral de la persona con diagnóstico de Salud Mental. El psicólogo, trabajador en la prisión de Picassent, denuncia que “los centros penitenciarios se están convirtiendo en los manicomios del siglo XXI”.

Fran Zacarés, de la fundación Maides, dedicada a la ayuda a personas con enfermedad mental discapacitante, reclamaba tener en cuenta al entorno familiar en la integración, el tratamiento y el acompañamiento. Respecto a los centros de crisis, ambos abogaron por no rechazar por completo “meter a las personas en el sistema”, apuntando que los casos más graves requieren de estabilización, pero consideran que “no debe ser una puerta cerrada”, sino una herramienta para su mejora e inclusión. “Nuestra labor es ayudar a que las personas tengan el proyecto de vida que puedan tener”, recalcó Cabeza, insistiendo en superar la sobremedicación y trabajar en red.

Las personas en situación de privación de libertad reclaman una atención médica digna en los centros penitenciarios. Gloria López, psicóloga en prisión Villena, compartió el testimonio de una usuaria de Ámbit, actualmente en tercer grado. La joven cumplió condena con 23 años y explica que se encontraba ocupando ilegalmente una vivienda y sobreviviendo con los ingresos del tráfico de drogas cuando cometió el delito. Su abogado de oficio no pudo demostrar su trastorno mental e ingresó en una prisión ordinaria, donde tenía una cita psiquiátrica cada seis meses y se encontraba sin posibilidad de atención en las crisis derivadas de su patología dual. La psicóloga, desde la mesa, reclamaba una acción coordinada entre los recursos de sanidad, vivienda y empleo para que las personas tengan un proyecto de vida y cortar el círculo de la vulnerabilidad.

El estigma sigue siendo una cuestión clave que dificulta el tratamiento y la inserción. El comisionado de Presidencia de la Generalitat para el plan de Salud Mental, Rafael Tabarés, recalcaba que la población reclusa con problemas de salud mental es “la sombra de la sombra” en el ámbito de los derechos. Los prejuicios y la desinformación continúan siendo una losa sobre las personas con problemas, apunta el catedrático, preocupado por la criminalización. En la misma línea, Teresa Orengo, responsable de la UCA del Grao, denunciaba que “un sistema sanitario universal no puede permitir que el miedo a ser etiquetado impida a alguien buscar ayuda”. Las personas judicializadas tendrán participación en la convención ciudadana que redacte el futuro plan valenciano de salud mental, en aras de enterrar falsos mitos.