La exgerente del PP valenciano afirma que la financiación irregular no es delito si es fuera de campaña
“La financiación irregular en si misma no es constitutiva de delito”, porque para que lo sea debe cometerse durante las campañas electorales. Así lo ha manifestado Cristina Ibáñez, exgerente del PP en la Comunitat Valenciana, que en su escrito de defensa en el caso Gürtel (afronta una petición de pena de 7 años y 9 meses) además se ha lavado las manos al asegurar que ella tenia una labor “meramente burocrática y administrativa”, por lo que apuntaba a la responsabilidad de las decisiones al ex presidente del PPCV, Francisco Camps, y a su número 2, Ricardo Costa. También coincidía con éste último al señalar que la administración general del PP valenciano también correspondía a Génova, por tanto a Bárcenas y Páez, que ejercieron el cargo en 2007 y 2008 años en los que se celebraron las campañas investigadas en el caso 'Gürtel'
Según avanza la Cadena Ser Ibáñez únicamente ha reconocido ser responsable de los actos celebrados fuera de campaña, actos a los que Fiscalía atribuye una financiación irregular de 1.426.063,84 euros en negro, mientras que los de campañas electorales propiamente (las autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008) ascenderían a 2.035.920,32 euros, dinero para el que sí cabría el delito electoral o de financiación ilegal. Así, al entender que no sería responsable de ningún delito propiamente dicho, la ex gerente pide su absolución.
Pero Cristina Ibáñez además no niega que haya existido financiación ilegal en el PP, aunque asegura también desconocer si habría una 'caja b'. Tambien se desentiende de esta posible financiación irregular indicando que en la sede del partido “trabajan muchas personas” con “capacidad política y para contratar”, por lo que “si fuese cierta la existencia de esa dualidad contable y esa trama organizada, únicamente lo sabrían los ejecutores directos y beneficiados de ello”. Sobre los correos encontrados en su ordenador que podrían comprometerla ha afirmado que “alguien” habría entrado en él.
Para evitar responsabilidades la exgerente añade que ella sólo se dedicaba a pagar lo que era “supervisado y autorizado” por el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, destacando que su falta de responsabilidad se demostraría en que no aparecía en el organigrama de la campaña electoral de 2007, que fue “confeccionado” por el ex vicepresidente de Francisco Camps, Vicente Rambla. Tanto Costa como Rambla también se encuentran imputados dentro de la investigación que atañe a toda la entonces cúpula del PP, excepto a su máximo dirigente, Francisco Camps.
