El Gobierno da cinco días al Consell de Carlos Mazón para negociar cambios en la ley de concordia o la llevará al Tribunal Constitucional

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática advierte a la Generalitat Valenciana que si no modifica la ley de “concordia” la recurrirá al Tribunal Constitucional. El ministerio que dirige el socialista Ángel Víctor Torres ha remitido un escrito a Carlos Mazón en el que apunta a una vulneración de la Constitución Española a través de la ley que deroga la memoria democrática.

En el escrito, el ministro da cinco días de plazo al Consell para sentarse a negociar y retocar la ley impulsada por Vox. Este es el paso previo para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Según apunta, la ley valenciana, “al igual que la planteada por Aragón, ya suspendida por el Tribunal Constitucional, invade competencias estatales, rompe el consenso internacional y no respeta la Constitución Española”.

Una vez estudiada la ley, mantiene el Ministerio competente en Memoria Democrática, “resultan claras las similitudes con la Ley 1/2024 de Aragón ya impugnada ante el Tribunal Constitucional”. Ello se traduce “en la derogación de un régimen jurídico autonómico en materia de memoria democrática que antes, en ambos casos, se alineaba con la legislación estatal y con los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en materia de memoria democrática. Se sustituye la normativa anterior por normas que recortan la esfera de derechos y protección a las víctimas de vulneraciones graves de los derechos humanos, impidiendo además, la plena efectividad de la normativa estatal en ámbitos de competencia autonómica y local”. A mismas acciones, mismas consecuencias, deja ver el Ejecutivo.

Torres insiste en que la ley, del mismo corte que las impulsadas en la ultraderecha donde gobernaba hasta el verano, el concepto de víctima, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación y a las garantías de no repetición, “quedan comprometidos”. “Se aprecia también confrontación entre la Ley autonómica con determinados principios del derecho internacional público, concretamente los que se refieren al derecho a la verdad, el derecho a la reparación y a las garantías de no repetición, reconocidos a las víctimas de vulneraciones graves de los derechos humanos en el ámbito de Naciones Unidas”, dice el texto, que ya fue cuestionado por relatores de este organismo.

Es la segunda ley de las aprobadas en la legislatura de Mazón que lleva el conflicto hasta el alto tribunal. Este mismo miércoles, los diputados de Compromís reunían el apoyo del 'grupo plurinacional' en el Congreso para llevar al Constitucional la ley de educación que discrimina al valenciano en las aulas.