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Mazón promete construir 2.000 viviendas en un año tras las protestas masivas en València

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, presenta el decreto de vivienda protegida.

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El president de la Generalitat, Carlos Mazón, reacciona a las protestas en vivienda prometiendo la construcción exprés. El dirigente popular ha afirmado este domingo que va a “poner en marcha más de 2.200 viviendas en un año para los ciudadanos de la Comunitat Valenciana que más lo necesitan, profundizando en nuestro compromiso firme de seguir avanzando en la legislatura de la vivienda”.

El jefe del Consell ha explicado que en noviembre “saldrán a licitación los primeros suelos para la construcción de inmuebles en el marco del Plan Vive con los que se van a construir más de 1.000 viviendas”. El Ejecutivo autonómico indicó en una respuesta parlamentaria emitida hace menos de un mes que no disponía de suelo para impulsar estas viviendas, dado que aún estaba estudiando la superficie cedida por los ayuntamientos.

El líder de los populares ha recalcado que su gobierno “ha realizado cambios legislativos, recuperado ayudas para el alquiler o aumentado los fondos. Además, hemos colaborado con la iniciativa privada, ayuntamientos o entidades financieras para sumar esfuerzos”. En esta línea, el jefe del Consell ha aprovechado para cargar contra el Ejecutivo progresista: “Seguiremos trabajando con rigor, seriedad y firmeza frente a la pasividad del Gobierno central o la inoperancia mostrada por el Botànic que creó 0 viviendas públicas en 8 años”.

Los socialistas reclaman a la Generalitat Valenciana que aplique las medidas previstas en la ley estatal de vivienda. El representante del PSPV en esta materia, Benjamín Mompó, considera que la protesta del sábado “demuestra la necesidad de que el Consell deje de cruzarse de brazos ante uno de los mayores problemas que afecta a los valencianos y valencianas” y ha instado al president a que “de una vez por todas aplique la Ley de la Vivienda del Gobierno de España en la Comunitat Valenciana”. “Es un paso fundamental para declarar zonas tensionadas en los municipios afectados por la subida del precio de la vivienda y para poder poner tope al precio del alquiler”, ha reivindicado.

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