Oltra defiende ante Escrivá que los 70.000 beneficiarios de la renta valenciana avalan la cogestión del ingreso mínimo

Los contactos entre el Ministerio de Seguridad Social y la vicepresidencia primera y Conselleria de Igualdad del Gobierno valenciano sobre la gestión de las prestaciones sociales avanzan pero no terminan de aterrizar. El titular del ministerio, José Luis Escrivá, garantizó el pasado agosto que se habilitaría una ventanilla única para agilizar los trámites y evitar duplicidades entre las dos prestaciones complementarias, el ingreso mínimo vital y la renta valenciana de inclusión.

La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, ha defendido este martes que los 70.000 beneficiarios de la renta autonómica son aval suficiente de que la gestión descentralizada funciona. Igualdad ha “probado su eficiencia en la tramitación de la renta valenciana de inclusión, con más de 70000 personas beneficiarias en la Comunitat Valenciana”, lo que “avala” la gestión de la Generalitat, ha asegurado la vicepresidenta en Madrid.

Aunque la sintonía entre ambos ha mejorado respecto a las rencillas iniciales, algunos sectores del ministerio son reticentes a ceder la gestión y los recursos necesarios para garantizar que llegue la prestación a quienes lo necesitan, las familias y personas en vulnerabilidad extrema.

A esta vulnerabilidad apela el equipo de la vicepresidenta, que recuerda las dificultades para acceder a la burocracia y los requisitos que posibilitan la llegada de las ayudas. “Es obligación de los gobiernos la colaboración interadministrativa para facilitar la vida de las personas y, sobre todo, quitarles trámites burocráticos”, ha insistido Oltra.

Para la creación de la puerta de entrada única al sistema, que pretende reducir los trámites, se requiere un acuerdo con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a través del ministerio. El equipo de Oltra traslada su confianza en que pueda hacerse efectiva entre julio y septiembre del próximo año 2022.

La idea es que la conselleria pueda crear unidades de prestaciones a lo largo de todo el territorio de la Comunitat Valenciana, “no solo para absorber la gestión del IMV sino también otras prestaciones como las pensiones no contributivas y otras que tienen carácter estatal. De esta forma, la Generalitat cubriría todo el territorio valenciano, facilitando que la gente no tenga que desplazarse hasta las capitales de provincia para realizar estas gestiones. El conflicto, como en otras ocasiones, radica en a quién corresponde facilitar los medios económicos.