¿Por qué el PP de Mazón no pudo silenciar a las víctimas de la dana y el de Camps enterró siete años el accidente del metro?

El 3 de julio de 2013, la plaza de la Mare de Déu de València se llenó de miles de personas que clamaban por la reapertura de la investigación judicial y política del accidente del metro ocurrido siete años antes. Las revelaciones periodísticas publicadas meses atrás, plasmadas en el histórico programa Salvados, pero también en decenas de informaciones de Levante-EMV, la edición valenciana de El Mundo y el documental 0 responsables, de Barret Films, sacaron a la gente a la calle y propiciaron la reapertura de la causa gracias al impulso de la Fiscalía Anticorrupción. Dos años después, el cambio de gobierno en la Generalitat tras las elecciones de 2015 se tradujo también en una nueva comisión de investigación en Les Corts Valencianes.

Pero hasta llegar a ese respaldo social, mediático y político, la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro 3J recorrió una larga travesía por el desierto del silenciamiento institucional y judicial. No hubo ni una sola dimisión en el Gobierno de Francisco Camps —de ahí el lema «43 muertos, 0 responsables»— ni grandes manifestaciones que llenaran las calles de València exigiendo respuestas. En algunas de las concentraciones que la asociación convocaba cada día 3 de mes en la plaza de la Mare de Déu apenas se reunía una veintena de personas. Y, casi siempre, eran únicamente miembros del colectivo que luchaba para que la muerte y las heridas de sus familiares no cayeran en el olvido.

Precisamente por esa experiencia de olvido institucional y social, cuando ocurrió la dana del 29 de octubre de 2024, en la que fallecieron 230 personas, la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro 3J alertó del peligro que suponía la estrategia seguida por Carlos Mazón y su equipo para embarrar la verdad de lo sucedido y evitar que hubiera responsables. «Falta de previsión, no reconocer los fallos para no asumir su responsabilidad en la muerte de tantas personas, ocultar, manipular, crear relatos falsos... ¡Qué malos recuerdos!... La misma forma de gestionar las tragedias», escribieron en su cuenta de X.

No habían pasado ni quince días de la tragedia cuando, desde ese mismo perfil, recordaron otro oscuro episodio de la gestión del Gobierno de Camps. «Solo falta que contraten a HM Sanchis para que les prepare el guion de la versión que todos deben repetir», denunciaron. En 2006, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) contrató a una consultora para aleccionar a los técnicos que debían comparecer en Les Corts tras el accidente.

El objetivo era que todos defendieran sin fisuras que lo ocurrido en la Línea 1 de Metrovalencia, donde murieron 43 personas, había sido «un accidente inevitable». La consultora HM & Sanchis fue contratada por un importe no inferior a 621.000 euros, con cargo al presupuesto público y sin concurso. La existencia de ese contrato no trascendió hasta siete años después, cuando fue destapada por varios medios de comunicación.

Pero ¿por qué el PP de Mazón no pudo silenciar a las víctimas de la dana y el de Camps sí consiguió enterrar durante siete años el accidente del metro?

Investigación judicial cerrada en siete meses

Un factor fundamental fue el rápido cierre de la instrucción judicial. A diferencia de lo ocurrido en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que tras más de 18 meses de investigación ha imputado a dos altos cargos del Gobierno valenciano y tiene previsto interrogar a centenares de personas para esclarecer 230 presuntos homicidios imprudentes, la jueza que investigó el accidente del metro archivó la causa por primera vez apenas siete meses después. Consideró que la causa principal había sido el exceso de velocidad y, en marzo de 2007, dio por cerrada la investigación sin ningún responsable vivo. No se reabrió hasta 2013.

En cambio, la investigación de la dana ha permitido reconstruir prácticamente al segundo qué hizo y qué dejó de hacer cada conseller y el propio presidente de la Generalitat durante la jornada del 29 de octubre. También ha desmontado buena parte de los bulos y ha descartado responsabilidades atribuidas a organismos estatales independientes. Todo ello, unido a numerosas revelaciones periodísticas, ha evidenciado ante la opinión pública la deficiente gestión del Gobierno de Carlos Mazón y las falsedades que difundió, obligándolo a rectificar en numerosas ocasiones y erosionando gravemente su credibilidad. Paradójicamente, esas mentiras y campañas de desinformación contribuyeron a mantener viva la movilización social en demanda de justicia, verdad y reparación. Hasta el momento se han celebrado ya veinte manifestaciones multitudinarias.

Una televisión pública al servicio de la gente o al servicio del poder

La televisión pública valenciana desempeñó papeles diametralmente opuestos en ambas tragedias. En 2006 fue Canal 9; en 2024, À Punt. Según concluyó un informe de la Unió de Periodistes Valencians, Canal 9 se convirtió en «un altavoz para difundir la versión oficial». No era un detalle menor: alrededor del 20 % de la ciudadanía valenciana se informaba entonces a través de sus espacios informativos. Aunque las televisiones nacionales realizaron una cobertura rigurosa durante los primeros días, el interés fue decayendo con el paso de las semanas. Con la dana ocurrió lo contrario. La atención mediática se mantuvo durante más de un año y medio, hasta que otros grandes acontecimientos —como la guerra entre Irán e Israel o los casos de corrupción que afectaban al Gobierno y al PSOE— la han desplazado de la agenda televisiva.

Tan cuestionada fue la actuación de Canal 9 que los propios trabajadores quisieron reparar el agravio causado a la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro 3J cuando el PP decidió cerrar la cadena en 2013. Beatriz Garrote, presidenta de la asociación, fue entrevistada en el plató apenas unos minutos antes del fundido a negro como gesto simbólico para corregir años de silencio informativo.

En la dana ocurrió justamente lo contrario. À Punt fue una de las principales referencias informativas tanto durante la jornada del 29 de octubre como en los meses posteriores gracias al despliegue de decenas de periodistas, sin censura y con criterios profesionales.

Un ecosistema mediático distinto

La pluralidad del ecosistema mediático también resultó determinante. Con escasas excepciones, los medios señalaron las contradicciones de Carlos Mazón y la negligente gestión de la Generalitat. El caso ocupó durante meses las portadas de los principales periódicos nacionales y abrió informativos y tertulias televisivas de forma continuada. Esa presión informativa contribuyó decisivamente a mantener viva la indignación ciudadana hasta la dimisión del presidente de la Generalitat el 3 de noviembre de 2025, apenas un año después de la tragedia. Francisco Camps, por el contrario, no solo no dimitió tras el accidente del metro, sino que volvió a ganar las elecciones autonómicas de 2007 y 2011, mientras ninguno de los consellers con responsabilidades asumió consecuencias políticas.

Una comisión de investigación de siete días

En 2006 el PP disfrutaba de una mayoría absoluta incontestable y logró limitar el impacto político del accidente. El 21 de julio de ese año cerró, en apenas cinco días, la comisión de investigación constituida en Les Corts Valencianes el 17 de julio. El dictamen, aprobado únicamente con los votos populares tras una treintena de comparecencias y el análisis de medio centenar de documentos, concluyó que la única causa del siniestro había sido el exceso de velocidad y que la línea era segura. No fue hasta el cambio político de 2015 cuando Les Corts impulsaron una nueva comisión que, en 2016, atribuyó a la Generalitat responsabilidades por los recortes en materia de seguridad.

En la dana, aunque la comisión de investigación de Les Corts también se cerró en falso, dejando sin comparecer al 70 % de las personas inicialmente previstas e intentando diluir el protagonismo de las asociaciones de víctimas, tanto el Congreso de los Diputados como el Senado mantuvieron abiertas sus investigaciones. Sus conclusiones probablemente serán antagónicas, pero veinte meses después la investigación política sigue abierta en ambas cámaras.

Tanto la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro 3J, presidida en distintos momentos por Beatriz y Rosa Garrote, como las asociaciones de víctimas de la dana, encabezadas por Rosa Álvarez y Mariló Gradolí, coinciden en un diagnóstico: en 2006 triunfó la estrategia del silencio; en 2024, no. Hubiera o no una sentencia condenatoria, las movilizaciones sociales contribuyeron decisivamente a la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. La sociedad valenciana, veinte años después, ha cambiado profundamente.