El PP pide investigar la fundación embrionaria de Podemos y se topa con que la subvencionaron Camps y Zaplana

Cuando uno lanza un búmeran siempre corre el riesgo de que vuelva con la misma fuerza. Es lo que le ha ocurrido al PP con la investigación de las subvenciones de la Fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales), un proyecto de universitarios que después serían dirigentes de Podemos antes de organizar la formación política y que terminó asesorando a gobiernos latinoamericanos en sus procesos constituyentes. La derecha ha utilizado desde hace años los contratos de gobiernos como el de Hugo Chávez en Venezuela para cargar contra la formación liderada por Pablo Iglesias, acusando al partido de financiación ilegal. Causas que se han ido archivando judicialmente.

La fundación CEPS se nutrió de numerosos miembros de Podemos a nivel nacional, como Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, y en la Comunitat Valenciana, entre ellos su primer secretario general, Antonio Montiel, la diputada Ángela Ballester, el ahora vicepresidente segundo de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau y el director de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, Héctor Illueca. La fundación recibió varias subvenciones del Gobierno valenciano y en 2019 la Conselleria de Transparencia, entonces dirigida por Manuel Alcaraz, de Compromís, le requirió la devolución de 21.000 euros con intereses al considerar incumplida una de las subvenciones. Para entonces, la fundación llevaba cuatro años disuelta y varios más sin actividad. Tras varios requerimientos, una persona sin identificar a ojos de la Generalitat -la Tesorería no ha podido identificarlo- se personó en la ventanilla de la Agencia Tributaria y realizó el pago.

Las dudas sobre el proceso llevaron al Partido Popular a pedir la comparecencia de la actual consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, de Unides Podem-Esquerra Unida, para explicar las subvenciones otorgadas por el Gobierno autonómico a la fundación. Da la casualidad de que Pérez Garijo es dirigente de Esquerra Unida, que concurrió en coalición a las elecciones con Podemos, por lo que además de ser socios de gobierno lo son electoralmente. En su comparecencia de este lunes, la consellera respondió a la pregunta planteada por el PP exponiendo que precisamente habían sido sus gobiernos los que habían 'regado' a la semilla política de Podemos: hasta 250.000 euros en siete proyectos desde 1999 hasta 2010, con los gobiernos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps, siendo Rafael Blasco conseller “¿Les suena el nombre o era ese hombre que pasaba por allí?”, ironizaba la consellera, en referencia al político del PP condenado por fraude en las ayudas de cooperación.

Entre los proyectos financiados por Gobiernos del PP se encontraban libros y conferencias como 'Género y Democracia en América Latina' o estudios para el desarrollo local, formación en procesos electorales en Ecuador, jornadas de derechos humanos en Colombia; proyectos de entre 13.000 y 80.000 euros.

La consellera ha sido interpelada insistentemente por los pagos del gobierno de Venezuela, cuestión que excede sus competencias. “Yo no soy consellera de ningún gobierno de Venezuela. No se ha concedido ninguna subvención a CEPS por el Gobierno del Pacte del Botànic. No sé por qué se las darían ustedes pero ni siquiera las fiscalizaban”, expresaba Pérez Garijo, considerando que los populares adolecen de una “doble personalidad por pedir explicaciones de su mala gestión” ante la “cantidad enorme” de expedientes pendientes de fiscalizar.

El último Ejecutivo popular dejó sin fiscalizar más de 550 expedientes de subvenciones por un importe de 96 millones de euros, según los cálculos de Transparencia, el equivalente a 3 años sin fiscalizar las ayudas. Esa dejadez ha llevado a la imposibilidad de recuperar tres millones de euros en ayudas públicas ahora revisadas y a la solicitud de reintegro de 3,5 millones de euros en proyectos de otras entidades, una práctica “normal” en las subvenciones.