La sentencia del ERE influirá en la liquidación de RTVV
La conclusión de la liquidación de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) “se encontrará más cerca” con la resolución del “trascendente” recurso sobre el ERE de extinción de empleos que se juzgará en la Audiencia Nacional, “cuyo sentido también influirá notablemente” en la liquidación.
Así lo afirman los tres integrantes de la comisión de liquidación de RTVV SAU en el último informe remitido a las Corts Valencianes sobre la situación de este proceso y de los activos de la sociedad pública, al que ha tenido acceso EFE, y que fue tramitado por la Mesa de la Cámara en noviembre.
Los liquidadores afirman que no existe una previsión sobre la duración del procedimiento judicial sobre la demanda que presentó CGT en la que impugnó el acuerdo de extinción de la totalidad de la plantilla, ya que dependerá de “la agilidad que impriman las partes afectadas” y del propio funcionamiento de la Audiencia Nacional.
No obstante, los liquidadores afirman que es “previsible” que puedan transcurrir “algunos meses” hasta que se obtenga una sentencia.
Litigios con los extrabajadores
Por otra parte, respecto a los litigios con los extrabajadores de RTVV, el informe refleja que ya hay 164 expedientes con sentencia de 2014 y 2015, que han supuesto 519.539 euros, y quedan 207 expedientes pendientes de juicio -hasta febrero de 2018 hay fijados juicios laborales-, cuyo importe asciende a 1.839.391 euros.
También continúan su curso y sin acuerdos los procesos judiciales que se siguen contra RTVV SAU, si bien se ha celebrado un juicio y se ha obtenido otra sentencia en primera instancia parcialmente favorable a los intereses de RTVV, ya que se ha rebajado un 31 % la cantidad que reclamaba una productora, y sin imposición de costas.
Los liquidadores -Francisco Gómez, Agustín Arenas e Ignacio Baixauli- exponen además que se están realizando las gestiones necesarias para propiciar el pago anticipado de las deudas aplazadas, con el propósito de ahorrar el gasto en intereses, gracias a la disponibilidad de tesorería de la mercantil.
La tesorería depositada en cuentas de varias entidades bancarias asciende a 2,3 millones de euros en el caso del ente público RTVV, y a 3,3 millones de euros en RTVV SAU.
El informe refleja también que la sociedad “continúa cumpliendo rigurosamente” con sus compromisos de pago, y muy especialmente los de pago aplazado concertados con la Seguridad Social y con el Servicio Público de Empleo Estatal.
El Centro de Producción de Burjassot, sin escriturar
Respecto al edificio del Centro de Producción y Programas de Burjassot, que al llegar los liquidadores en julio de 2015 se encontraron con que estaba sin inscribir en el registro de la propiedad y con desprendimientos en la fachada, señalan que han concluido las obras de conservación de la fachada, tras “numerosas incidencias en la ejecución”.
Además, se ha procedido a realizar la escritura de declaración de obra nueva del edificio y a su presentación en el registro de la propiedad de Burjassot para su “debida inscripción”, aunque están pendientes de subsanar “determinados errores en el antiguo tracto documental” puestos de manifiesto por el registro, para concluir la “plena inscripción”.
Los liquidadores señalan que siguen realizando “las gestiones, consultas y trámites” para llevar a cabo “en el menor tiempo posible” el acuerdo de la Junta General de RTVV SAU del pasado 16 de junio por el que se les instó a efectuar las operaciones mercantiles para adjudicar todos los bienes y derechos que comprenden el inmovilizado material e intangible de la sociedad a la Generalitat.
Respecto al ente público RTVV, que en marzo de 2013 fue sustituido por la sociedad RTVV SAU, recuerdan que ha culminado la cesión por subrogación de todos los préstamos bancarios del ente a la Generalitat, de forma que el proceso de liquidación debería completarse en los próximos meses con la extinción del ente.
Finalmente, y como en los informes anteriores, los liquidadores recuerdan que trabajan con “falta de medios y efectivos humanos”, y que tienen que atender “abundantes requerimientos” de carácter económico, judicial, de acreedores, de empresas auditoras o de la Hacienda pública.
