Tres expresidentes valencianos emplean la oficina y los asesores de la Generalitat pese a tener otro trabajo

Tres expresidentes valencianos, los tres con otros trabajos o responsabilidades institucionales, hacen uso de la oficina autonómica, los asesores y los conductores de la Generalitat Valenciana. Francisco Camps, Alberto Fabra y Ximo Puig mantienen las prerrogativas a las que pueden acogerse por haber sido presidentes autonómicos, reguladas en el estatuto de los expresidentes. Entre los tres, suman ocho trabajadores a cuenta de la Generalitat Valenciana.

El estatuto de expresidentes garantiza que los exmandatarios puedan atender sus necesidades de presencia social “de acuerdo con la dignidad y el decoro de las altas funciones ejercidas”. Para ello pueden disponer de una oficina, dos asesores, un chófer y la Generalitat dispondrá del mantenimiento de estos espacios. Es una forma de que sigan realizando aportaciones al sector público aún finalizado su mandato, como una suerte de consejeros.

La Generalitat no detalla el coste del alquiler de las oficinas, las tres en céntricas calles de València, ni concreta en el organigrama las retribuciones de los asistentes, que tienen categoría de personal eventual, pero el reglamento de personal de Presidencia sí muestra sus funciones. La oficina de apoyo a los expresidentes, que depende del departamento que dirige Carlos Mazón, tiene actualmente en activo a cinco asesores y tres conductores. Francisco Camps cuenta con un chófer y una asesora, Alberto Fabra con dos asesores y un conductor, y Ximo Puig con dos asesores y un chófer.

El primer expresidente en acogerse a las prerrogativas fue José Luis Olivas, aunque lo hizo en un plazo tan corto como su mandato. Entre 2003 y 2004 generó un coste de 51.000 euros por contar con un asesor y chófer, que dejó al ratificarse su condena de un año y medio de prisión por un delito contra la Hacienda Pública.

El segundo, y el más longevo, fue Francisco Camps, que en 2011 dejó la presidencia del Consell al ser imputado en un caso en el que ha quedado absuelto. El exmandatario tiene desde entonces -y ya van trece años- una oficina a su disposición en la que trabaja la misma secretaria que tuvo como responsable autonómico y mantiene también a su conductor habitual, según consta en el organigrama de la Generalitat Valenciana. Camps trabaja como abogado en un despacho y ahora se encuentra realizando actos de promoción de su libro y festejando su absolución con miembros del PP, sin ocultar su intención de volver a la política.

El tercero fue Alberto Fabra, quien se acogió a estas disposiciones en 2015 y aún las mantiene, pese a que en las dos últimas legislaturas ha sido senador y diputado en el Congreso. Fabra también ha mantenido a su personal de confianza, saltando de Presidencia de la Generalitat a la oficina de expresidente.

El último en incorporarse a estas funciones es Ximo Puig, que también cuenta con dos asesores y un conductor, personas de su círculo estrecho que ya le asesoraban como jefe del Consell. El expresidente socialista, que también ha tenido una etapa breve como senador, es actualmente embajador de España ante la OCDE en París, donde reside, con un salario estimado de 150.000 euros por su labor diplomática. Puig quiere hacer de su oficina un espacio para el encuentro político, organizando foros y debates que aborden los retos de la Comunitat Valenciana.

En 2018, cuando el grupo parlamentario Podemos quiso cambiar la ley, denunció que desde 2003 y hasta entonces, el coste de mantener las oficinas de expresidentes ascendió a un millón de euros, de los que 700.000 se habían destinado solo a Francisco Camps -entre 2011 y 2018-. La cifra partía de una respuesta parlamentaria de la Conselleria de Hacienda, que también indicaba que José Luis Olivas, quien se acogió al estatuto entre 2003 y 2004 generó un gasto a la Generalitat de 51.000 euros. En la misma respuesta se indicaba que Alberto Fabra en tres años -entre 2015 y 2018- generó un gasto de 244.000 euros.