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Unides Podem reitera en el Parlamento autonómico su propuesta de crear una empresa pública de energía

Imagen de archivo para ilustrar la pobreza energética.

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El grupo parlamentario de Unides Podem reitera en las Corts Valencianes una de sus propuestas electorales. La coalición ha registrado en el Parlamento autonómico una iniciativa en la que reclama la creación de una empresa pública de energía y un fondo valenciano para la eficiencia energética y de garantía de suministros básicos.

La coalición entiende que el Estado debe ser garante de los derechos básicos y que los suministros de energía y agua lo son, por lo que exige que se mantenga un control sobre los precios y no se excluya a familias vulnerables. La empresa, según se plantea, dependerá de la futura Agencia Valenciana de la Energía y su objetivo es “el impulso de la generación de energías renovables y el suministro a los edificios y equipamientos propios de la Generalitat, otras Administraciones Públicas, así como de empresas y familias en el ámbito de la Comunitat Valenciana”.

Paralelamente, Unides Podem propone en esta iniciativa, que está firmada por la portavoz, Naiara Davó, la portavoz adjunta, Estefanía Blanes y el portavoz de Economía, Ferran Martínez, la creación del fondo valenciano para la eficiencia energética y de garantía de suministros básicos, así como el incremento del seguimiento y control en la aplicación del régimen sancionador a las empresas suministradoras de luz, agua y gas en los supuestos previstos en la ley para “paliar y reducir la pobreza energética”.

Asimismo, incluye peticiones al Gobierno central, como acometer una “profunda reforma” del mercado eléctrico que evite situaciones de precios “extremadamente elevados” y se diseñe una tarifa regulada “real y no desregulada y bajo criterios de mercado como la actual”; la intervención de los precios del mercado interior de la electricidad al menos hasta el final del estado de alarma y la creación de una empresa pública de energía estatal “para competir en el mercado y garantizar una eficaz protección de las familias y empresas frente a los abusos de las eléctricas”.

Ferran Martínez ha señalado que el precio final de la energía en España “siempre ha mantenido niveles altos, pero es especialmente tras las reformas del gobierno del Partido Popular cuando éste se dispara” y ha incidido en que, a esta situación, se unen las fluctuaciones que el sistema de fijación de precios produce, “y que pueden suponer un pico en la factura final de los hogares excesivo, que atenta contra la capacidad de asunción de pago, especialmente en los hogares en mayor situación de vulnerabilidad”.

Este hecho, ha recordado, “se viene sucediendo en nuestro país años tras año en las épocas más duras para millones de familias que ven como el frío invade cada rincón de su hogar mientras la factura de la luz muestra picos inasumibles para sus ingresos y este año se ha incrementado con motivo de las dificultades económicas derivadas de la pandemia y la ola de frío que ha invadido el conjunto del territorio afectando muy fuertemente las poblaciones del interior del País Valencià”.

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