Vox tendrá que decidir sobre los juzgados de violencia de género valencianos pendientes de crear

La creación de juzgados especializados de violencia sobre la mujer en la Comunitat Valenciana queda en manos de Vox. La consellera de Justicia, Elisa Núñez, tiene sobre la mesa la segunda y tercera fase del plan aprobado por su predecesora, la socialista Gabriela Bravo, para ampliar los juzgados especializados a todos los partidos judiciales y mejorar la atención a las víctimas. El plan implica la creación de cinco juzgados para 2023 y de otros tantos para 2024, con el objetivo de que todas las demarcaciones estén cubiertas por los órganos con competencia exclusiva, acorde a lo estipulado en las leyes de igualdad.

El Ejecutivo de PP y Vox aún no ha manifestado qué hará respecto a este proyecto. La titular de Justicia dejó ver su intención de recortar los recursos relativos a las oficinas de atención a las víctimas de violencia de género, pero fue inmediatamente corregida por el presidente Carlos Mazón. Desde entonces, apenas se ha pronunciado sobre el tema y las intervenciones públicas sobre violencia de género han recaído en el propio president o en la consellera de Igualdad, Susana Camarero. Desde el pasado año los líderes populares han venido denunciando un “recorte” en la atención especializada, que los anteriores gestores desmienten. El propio Mazón afirmó el pasado lunes en una entrevista en la Cadena Ser que el Consell de Ximo Puig había cerrado juzgados, una cuestión que la exconsellera socialista niega tajantemente.

De culminarse el plan, que se aprobó con el acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, “el 90% de los partidos judiciales estarían cubiertos”, ha afirmado Bravo en una rueda de prensa junto a la portavoz socialista, Rebeca Torró, donde ha acusado al PP de plegarse a las exigencias de Vox y proteger a sus socios de ultraderecha. “Tenemos un president que se sienta con un condenado por violencia de género -en alusión al diputado de Vox en el Congreso y excandidato a la Generalitat, Carlos Flores-, que en su pacto de la servilleta habla de violencia intrafamiliar y que nombra como vicepresidente -Vicente Barrera, de Vox- a alguien que cree que los juzgados especializados son inútiles”, ha denunciado Torró. Bravo, que fue consellera de Justicia desde 2015 hasta las pasadas elecciones, ha reiterado que “en la Comunitat Valenciana no se ha cerrado ningún juzgado especializado”, y que los órganos están a 20 kilómetros de distancia de los municipios a los que dan cobertura.

El plan se efectuó al calor de la reordenación de recursos planteada por el Ministerio de Justicia. Tras la pandemia, el Ejecutivo central aprobó una ley para reforzar la administración de justicia, que llevaba una ampliación de un centenar de cien unidades judiciales. En este marco entran los juzgados especializados en violencia de género, que dan a las víctimas una atención integral y liberan de carga a los juzgados ordinarios. El decreto aprobado en noviembre de 2022 reorganiza el sistema de atención a las víctimas de violencia de género -al amparo de la ley de 1985, que permite extenderlos a más de un partido judicial- y, a petición de la Generalitat Valenciana, acordado con el Tribunal Superior de Justicia, crea nuevos juzgados en las demarcaciones donde se reagrupan. Así, la distribución de los órganos especializados quedó de la siguiente forma: agrupación de Alicante-San Vicente del Raspeig, agrupación de Benidorm-Vilajoyosa, agrupación de Elche-Novelda, agrupación de València-Quart de Poblet, agrupación de Alzira-Carlet-Xàtiva, agrupación de Paterna-Moncada, agrupación de Sueca-Catarroja y agrupación de Torrent-Picassent, que conlleva la creación de cinco juzgados nuevos para siete partidos judiciales.

El plan de la Generalitat, acordado con el TSJ valenciano, implicaba actuaciones hasta 2024, que desde el cambio de gobierno se encuentran en stand by. La segunda y tercera fase del plan contempla la creación del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Castellón, el número 1 de Sagunto, que asumiría también los asuntos de esta materia de la demarcación de Massamagrell, y la constitución de un juzgado exclusivo en Elda que asumiría las causas de violencia de género de esta demarcación y de la de Villena en 2023, y deja para 2024 la creación de juzgados exclusivos en Vinaròs, Llíria y Requena, así como la del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Alcoi, que asumiría también los asuntos de violencia de género de los juzgados de Ibi, y la constitución de un juzgado exclusivo de Xàtiva a la que se derivarían los casos de los juzgados de Ontiyent. También implica un proyecto piloto para un juzgado especializado en violencia de género y familia en Xàtiva. Su puesta en marcha depende de la conselleria gestionada por la ultraderecha, que deberá decidir si lo incorpora a los presupuestos autonómicos, actualmente en elaboración.

El decreto contó con la oposición del PP, que realizó varias intervenciones criticando el recorte que los socialistas niegan. De hecho, el propio decreto del Ministerio indica que la reorganización no supone una reducción. “La agrupación de partidos judiciales prevista en el presente real decreto no conlleva supresión de ningún Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo en funcionamiento. Se trata de un redimensionamiento de la planta judicial existente y una mejor optimización de los recursos disponibles, con el fin de alcanzar una mayor proximidad en relación con la víctima, que redundará en una atención más especializada, ágil y uniforme”, indica el texto legal, que insiste en que se reduce la carga ordinaria de trabajo.

También contó con la oposición del colegio de abogados y de sindicatos como Comisiones Obreras. “No es que no queramos que existan los juzgados de violencia de género que se han determinado en el Real Decreto, lo que queremos es que los juzgados que ya tenían competencias en esta materia, no las pierdan porque las primeras afectadas van a ser las víctimas. Hay casos como el de Xàtiva en los que la distancia es de más de 160 kilómetros de ida y vuelta, o el de Catarroja con más de 60”, explicó la entidad de colegiados.

El PP insiste en el recorte

Los populares insisten en que la reagrupación de juzgados supone un recorte de recursos. La diputada Verónica Marcos ha recordado que tanto la ley como el Pacto contra la Violencia de Género que firmaron en 2017 establece que cada partido judicial de la Comunitat Valenciana debe estar dotado con un juzgado especializado y exclusivo en violencia de género y critica que “mientras un partido judicial no tenga este juzgado especializado” no se debe “quitar la competencia a los nueve juzgados mixtos que sí la tenían”. Precisamente, la reagrupación implica dotar de un juzgado especializado al partido judicial que antes recurría al mismo.