Las presiones que recibió la jueza del caso Erial por mantener en prisión a Zaplana

El exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana ingresó en prisión el 24 de mayo, acusado de haber cobrado presuntamente 10,5 millones de euros de comisiones ilegales en la etapa en la que presidió el Gobierno autonómico. Siete meses más tarde, aún en prisión preventiva, se ordenó su traslado al Hospital La Fe de Valencia al empeorar su estado de salud.

Eduardo Zaplana estuvo ingresado desde el día 18 de diciembre hasta el 11 de febrero. El estado de salud expresado por su médico tras una prueba rutinaria le permitió abandonar la prisión de Picassent (donde permanecía en la enfermería) y permanecer en la planta de hematología del hospital La Fe de Valencia. La jueza rechazó concederle la libertad por el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al que ha tenido acceso eldiario.es revela el acelerado tren de vida de Zaplana y sus presuntos colaboradores en los periodos investigados a través de seguimientos, micrófonos y grabaciones e incluso su agenda personal. Zaplana combinaba las sesiones médicas para tratar su leucemia con fiestas, asistencia a eventos y paseos en barco. “¿Hacemos una fiestecita luego?” es una pregunta recurrente en las grabaciones de la UCO entre sus aliados y el expresident.

La decisión de la jueza cuando Zaplana fue ingresado en diciembre le valió un sinfín de reproches y críticas a diestro y siniestro por una supuesta falta de humanidad. El jefe de Hematología de La Fe, hospital en el que estaba ingresado, calificó la situación del exministro de “una bomba de relojería con posibilidad de muerte súbita e inesperada”, en la nochebuena de 2018., lo que provocó las reacciones políticas. Semanas antes, la jueza recibió un escrito en el que solicitaba la puesta en libertad aludiendo a su estado de salud, al que respondió: “Hospitales hay en todos los países, incluidos los paraísos fiscales”.

Un diario de tirada nacional tituló “La juez que tuvo cáncer y ve a Zaplana como un enfermo imaginario” y reprochó a la magistrada que insistiera a los médicos para que regresara a prisión. Rafa Hernando, diputado del PP, consideró la decisión un “encarnizamiento judicial impropio de una justicia civilizada”, mientras que el exdiputado y jurista Jaime Ignacio del Burgo (PP) envió un escrito a la jueza en el que advertía que podría estar cometiendo prevaricación, según recogió El Español.

No fueron sólo los conservadores quienes pidieron libertad para Zaplana. Hasta 28 exministros de gobiernos de Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero pidieron a las autoridades judiciales que se tuvieran en cuenta “los principios humanitarios” debido a un “peligro de muerte inmediata”.

Los principales dirigentes de la Comunitat Valenciana también se pronunciaron contra la decisión y pidieron su excarcelación. Ximo Puig, presidente de la Generalitat, reclamó “humanidad”, mientras que la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, preguntada por la situación, respondió en rueda de prensa: “Ninguna persona enferma de gravedad debe estar en una prisión”. Para las personas enfermas “hay otros lugares, pero desde luego no una prisión”, dijo, y abogó por “revisar la situación de humanización del sistema penitenciario, porque Zaplana es una persona conocida pero hay muchas anónimas en situación igual o más grave”.

El dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, respondió a un mensaje del Partido Popular en el que advertía que la vida de Zaplana corría peligro: “Estoy completamente de acuerdo con el PP en esto. Cualquier preso, haya hecho lo que haya hecho, merece que se respete su dignidad si sufre una enfermedad como la de Zaplana. La humanidad engrandece a la democracia también cuando se enfrenta al crimen”.

Durante el citado ingreso, un mando policial se quejó a la magistrada y al hospital porque la familia del político había podido acceder al preso preventivo. De hecho, el mando policial alertó de la presencia de dispositivos electrónicos que habían sido prohibidos al político por su situación penal. Dos meses antes de su detención, el exministro había mantenido conversaciones en el hospital sobre la causa que estalló en mayo de 2018. Pese a su delicado estado de salud y su trasplante de médula, según fuentes jurídicas, Zaplana “estuvo gestionando telefónicamente sus negocios desde el hospital”.