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Quinto aniversario de la Agencia Antifraude: “La corrupción destruye los fundamentos de la economía”

Mesa redonda en el acto de celebración del aniversario de la Agencia Valenciana Antifraude.

Lucas Marco

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La Agencia Valenciana Antifraude (AVA), el organismo que dirige Joan Llinares, cumple cinco años. La AVA ha celebrado, con motivo del aniversario, un seminario que ha contado con la presencia de especialistas en los efectos de la corrupción en la economía y en el sistema democrático.

Francisco Alcalá, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y autor de un estudio de referencia sobre los costes de la corrupción, ha reivindicado la independencia y la efectividad del sistema judicial y de los medios de comunicación para combatir la lacra del fraude público. Alcalá sostiene que la corrupción en España ha supuesto que el Producto Interior Bruto (PIB) dejase de crecer un 16%, entre 150.000 y 200.000 millones de euros. “La corrupción es muy negativa para el funcionamiento de la economía, genera desempleo, poca innovación y un tejido poco productivo”, asegura el investigador del IVIE.

Así, argumenta Alcalá, los costos de la corrupción “van mucho más allá del dinero que se haya podido robar o despilfarrar”. Es un fenómeno más amplio que “destruye los fundamentos del funcionamiento de una economía”, agrega. El economista asegura que en países en los que el sistema judicial cuenta con los recursos necesarios y una independencia “plena y efectiva”, no hay tanta corrupción. También “hace falta que haya fallos en la independencia de los medios para que brote la corrupción”.

Francisco Alcalá ha lamentado el efecto que la corrupción genera en la falta de calidad democrática de un país y en la gobernanza. Por su parte, Francisco Cardona, consultor de la OCDE, ha trazado la historia de la criminalización de la corrupción y el soborno a los funcionarios en las instituciones internacionales. Cardona se ha remontado a la guerra fría para contextualizar una época en la que la corrupción era considerado un “fenómeno doméstico nacional”. Fue a partir de la presidencia de Jimmy Carter cuando los Estados Unidos comienzan a abordar la posibilidad de perseguir a las grandes empresas, especialmente del sector del armamento, que se dedicaban a sobornar a funcionarios de otros países.

“Creó un sistema relativamente complejo de sanciones administrativas y penales para ciudadanos norteamericanos que sobornasen a funcionarios extranjeros”, ha recordado el consultor de la OCDE. Sin embargo, el resultado fue que las empresas norteamericanas “perdían competitividad frente a todos las demás que estaban sobornando”, ha relatado Francisco Cardona, quien ha recordado que era una época en la que “el soborno a los funcionarios extranjeros era deducible de impuestos como gasto de explotación”.

Tras la primera resolución “soft” de la OCDE en 1994, las Naciones Unidas dictaron el primer Convenio internacional contra la corrupción, que propicia la creación de agencias nacionales. “Empieza a cambiar completamente la actitud de los organismos internacionales a poner condicionalidades para los préstamos internacionales que tienen que ver con el combate de la corrupción”, explica Cardona.

La “zona cero” de la corrupción

Fabiola Meco, profesora de Derecho de la Universitat de València y exdiputado de Podem en las Corts Valencianes, fue una de las encargadas de pilotar la propuesta de ley para la aprobación de la AVA, en la primera legislatura del Pacte del Botànic. Meco ha recordado el contexto “brutal” de “corrupción política e institucional” y se ha referido a la frase de la fallecida alcaldesa de Valencia de “poner a Valencia en el mapa”. “Efectivamente, la Comunitat Valenciana era la zona cero, el núcleo irradiador de la corrupción”, ha afirmado Fabiola Meco en términos errejonianos.

“Se estima que unos 4.000 millones de euros fueron sobrecoges sacados de las arcas”, ha apostillado. Tras el movimiento del 15M, hubo una reacción en el plano político y legislativo. Así, la aprobación de la ley de creación de la Agencia Valenciana Antifraude, un proyecto que “se gestó asumiendo los compromisos de las fuerzas botánicas”. El organismo ya lleva un lustro de trayectoria.

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